Doce jornadas de huelga indefinida, más de 78.000 docentes convocados al paro y más de 800.000 alumnos afectados. Con ese peso sobre la mesa, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades celebró este martes una nueva ronda de negociaciones con los sindicatos del sector, en la que presentó una ambiciosa propuesta de simplificación burocrática y fijó el miércoles como fecha límite para alcanzar un acuerdo global que devuelva la normalidad a las aulas valencianas.
Un decreto para acabar con el papeleo en los centros educativos
La carga administrativa ha sido durante años una de las quejas más recurrentes del profesorado: informes, formularios, registros manuales y una maraña de órdenes que consumen horas que, en teoría, deberían dedicarse a enseñar. Ante eso, la Conselleria que encabeza Carmen Ortí puso encima de la mesa la aprobación de un Decreto de simplificación administrativa educativa en un plazo de seis meses desde la firma del acuerdo.
La norma contempla tres ejes principales: la implantación del Expediente Digital del Docente (EDEN), la supresión de determinados apartados del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los centros educativos (ROF) y, quizá lo más llamativo, la prohibición expresa de aumentar la carga burocrática en cualquier nueva normativa educativa autonómica. Una especie de candado legal contra el papeleo futuro.
Junto a estas medidas estructurales, la propuesta incluye cambios de aplicación inmediata: la asignación automática de recursos para la mejora académica sin que los centros tengan que solicitarlos, la expedición de documentos de evaluación mediante sello electrónico y la eliminación de la corrección manual de la Evaluación Diagnóstica por parte del profesorado. Pequeños gestos, pero que en el día a día de un docente pueden suponer horas de trabajo recuperadas.
La propuesta también recoge la revisión de las órdenes 20/2019 y 10/2023, orientada a simplificar los procedimientos de inclusión del alumnado de cara al curso 2027-2028, y la transferencia de la competencia sobre el personal no docente a la propia Conselleria de Educación.
"Hemos planteado un acuerdo de reducción de la carga burocrática extraordinariamente bueno. Nunca jamás se ha redactado un documento de esta calidad: simplificación, auditoría y unificación de órdenes para simplificar documentación. Un documento que nos situaría a la vanguardia de todo el Estado" - Daniel McEvoy, secretario autonómico de Educación de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades
Las ratios, el nudo gordiano de la negociación
Si la burocracia es un frente en el que las partes parecen haberse acercado, las ratios siguen siendo el punto más espinoso del conflicto. Los sindicatos reclaman, entre otras cosas, la reducción de ratios y mejoras organizativas. La Conselleria, por su parte, ofreció este martes una reducción progresiva del número de alumnos por aula en todos los niveles educativos, aunque sin llegar a las cifras que exige el profesorado.
La propuesta de la Conselleria mantiene topes de 22 alumnos por aula en Educación Infantil, 25 para Primaria, entre 27 y 30 en la ESO y hasta 34 para segundo de Bachillerato. Cifras que, según los sindicatos mayoritarios, siguen estando por encima de sus demandas. El secretario autonómico emplazó a los sindicatos a presentar el miércoles un nuevo documento calendarizado sobre esta cuestión. La reunión del miércoles, convocada a las 9:30 horas, también abordará la situación de las infraestructuras educativas.
La fractura sindical complica el camino hacia el acuerdo
El panorama sindical no es homogéneo. CSIF y ANPE han aceptado la propuesta económica del Gobierno valenciano, mientras que STEPV, CCOO y UGT la rechazan. Esto significa que la Conselleria cuenta con el respaldo del 30% de la representación del profesorado, frente al 70% que aún se opone. Una aritmética incómoda que complica cualquier anuncio de acuerdo definitivo.
La huelga indefinida cumplía este martes su duodécima jornada , con 78.000 docentes convocados al paro y más de 800.000 alumnos afectados en la enseñanza pública no universitaria. Más de 260 integrantes de equipos directivos de centros educativos del País Valencià han firmado ya su dimisión en apoyo a la huelga.
Condena a los actos vandálicos contra las sedes sindicales
La madrugada del martes dejó un episodio que enturbia aún más el ambiente del conflicto: las sedes de ANPE y CSIF, dos de las organizaciones sindicales presentes en la mesa de negociación, sufrieron actos vandálicos. Una paradoja difícil de ignorar: las mismas organizaciones que habían aceptado la propuesta de la Conselleria vieron sus oficinas atacadas por quienes, presumiblemente, no comparten esa decisión.
La Conselleria se apresuró a condenar lo ocurrido. El secretario autonómico, Daniel McEvoy, fue claro en su rechazo: "No pensamos que esta sea una forma adecuada de actuar. Bien es cierto que esto es una ínfima minoría de violentos que echan por tierra el trabajo de todos los que nos dedicamos con amor a esta profesión" - Daniel McEvoy, secretario autonómico de Educación de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades
El conflicto educativo, que comenzó como una negociación laboral sobre salarios, ratios y condiciones de trabajo, se ha convertido ya en una crisis política para el Gobierno valenciano. Con el miércoles como horizonte y la presión de la calle en aumento, la pregunta que flota sobre las aulas valencianas sigue siendo la misma: ¿cuántos días más de huelga harán falta para que todas las partes encuentren un terreno común?