Hay empleados públicos que sostienen el funcionamiento diario de cada colegio valenciano y, sin embargo, cobran bastante menos que sus compañeros docentes. Son los subalternos, los administrativos, los fisioterapeutas y los trabajadores sociales: el personal de administración y servicios (PAS) que atiende ventanillas, gestiona matrículas, apoya al alumnado con necesidades especiales y mantiene en pie la maquinaria invisible de la educación pública. Ahora, la Conselleria de Educació, Cultura i Universitats propone que sea precisamente este colectivo quien se beneficie de los 4,15 millones de euros reservados para corregir la brecha salarial en los ejercicios 2025 y 2026.
Una partida con nombre propio que hasta ahora llegaba a todos por igual
El detalle no es menor. Durante los años 2022, 2023 y 2024, el dinero destinado a reducir la brecha salarial se distribuyó de forma lineal entre todo el funcionariado docente, sin distinguir quién ganaba más o menos. La propuesta que la Conselleria ha llevado a la mesa sectorial rompe con esa lógica: si el objetivo de esta partida es corregir desigualdades retributivas, ¿no tiene más sentido dirigirla a quienes más la sufren?
"La finalidad de esta partida es corregir desigualdades retributivas, por lo que resulta coherente dirigir los recursos a aquellos colectivos que presentan mayores diferencias salariales respecto al resto de trabajadores del sistema educativo" - Pablo Ortega, director general de Personal Docente de la Conselleria de Educació, Cultura i Universitats
En total, la medida alcanzaría a 2.236 empleados públicos encuadrados en los grupos con menores retribuciones de la Administración educativa valenciana: subalternos, personal administrativo de los grupos C1 y C2, fisioterapeutas y trabajadores sociales.
Una brecha dentro de la brecha: el 73% son mujeres
La propuesta tiene una segunda lectura, quizá la más reveladora. Estos colectivos no solo están entre los peor pagados del sistema: también están compuestos de manera abrumadora por mujeres. Concretamente, el 73% del total son trabajadoras, lo que supone unas 1.635 mujeres. Eso significa que la mayor parte del dinero público destinado a esta actuación recaería directamente sobre ellas.
No es un dato anecdótico. La brecha salarial de género es, en buena medida, consecuencia de la segregación ocupacional: las profesiones feminizadas tienden históricamente a estar peor valoradas y peor remuneradas. Que en el ámbito educativo sean precisamente las categorías más feminizadas las que concentran los salarios más bajos no hace sino confirmar un patrón estructural que se repite en muchos sectores de la economía española.
Más que un aumento de sueldo: un reconocimiento institucional
La Conselleria ha querido enmarcar la medida en un sentido más amplio que el meramente económico. Ortega ha subrayado que las tareas de estos trabajadores —atención al público, gestión administrativa y económica, apoyo al alumnado con necesidades específicas, intervención social y coordinación de servicios— son fundamentales para que un colegio funcione, aunque raramente reciban el reconocimiento que sí obtienen otras figuras del sistema educativo.
La propuesta, tal y como fue presentada en la mesa sectorial, persigue también mejorar la motivación profesional del colectivo, favorecer la estabilidad de las plantillas y, en definitiva, dignificar unos puestos que históricamente han quedado en un segundo plano retributivo dentro de la propia Administración educativa. En un momento en que el debate sobre la igualdad salarial ocupa cada vez más espacio en la agenda pública, destinar fondos específicos a los eslabones más débiles de la cadena no es solo una decisión presupuestaria: es también una declaración de principios sobre qué tipo de sistema educativo se quiere construir.