Solo un punto separa a la Comunitat Valenciana de la nota perfecta en transparencia pública. Con 98 puntos sobre 100, la administración valenciana ocupa la segunda posición del ranking nacional de transparencia autonómica, a tan solo un escalón de Cataluña —que lidera con 99— y a años luz de la media española, fijada en 74,3. Esa distancia no es un detalle menor: en un país donde la brecha entre la comunidad más y menos transparente llega a los 60 puntos, colocarse en el extremo superior del marcador dice mucho sobre el modelo de gestión pública que ha construido la Generalitat.
Un estudio académico avala el resultado
La evaluación no procede de una auditoría interna ni de un organismo vinculado al Gobierno valenciano. Los datos provienen del estudio 'Evaluación de los portales de transparencia en las comunidades autónomas españolas', publicado en el número 134 de la Revista Vasca de Administración Pública (RVAP), elaborado por el investigador de la Universidad del País Vasco Lander Jauregi-Maza. La propia RVAP cuenta con el certificado de Revista Excelente otorgado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que garantiza su calidad editorial y científica. El origen externo e independiente de la investigación añade credibilidad a unas cifras que, de otro modo, podrían leerse como mero ejercicio de autopromoción institucional.
Con una calificación de 98 puntos sobre 100, la Comunitat Valenciana se sitúa solo un punto por detrás de Cataluña y supera ampliamente la media nacional fijada en 74,3. El informe destaca, a su vez, que la Comunitat Valenciana forma parte del reducido grupo de tres regiones que logran superar la barrera de los 90 puntos, junto a Cataluña y Castilla y León, esta última con una puntuación de 93. El resto del mapa autonómico queda muy rezagado respecto a este trio privilegiado.
La clave: datos abiertos y portales que funcionan
¿Qué hace diferente al modelo valenciano? El análisis técnico apunta a algo aparentemente sencillo, pero que pocas administraciones logran de forma efectiva: que la información no solo esté publicada, sino que sea útil y reutilizable. La integración funcional entre el portal 'GVA Oberta' y la plataforma de datos abiertos 'Dades Obertes' permite que empresas, investigadores y ciudadanía en general puedan acceder a la información en formatos abiertos y con licencias claras, no como un archivo PDF enterrado en un submenú, sino como datos estructurados y procesables.
A eso se suma un diseño pensado para el usuario real, no para el funcionario que lo gestiona. El estudio reconoce que el modelo de portales de la Generalitat está muy bien estructurado, con menús intuitivos y buscadores internos de alta eficacia que permiten a la ciudadanía encontrar lo que busca sin necesidad de conocer el organigrama de la administración. En términos cotidianos: si alguien quiere saber en qué se gasta el dinero público, puede encontrarlo.
Presupuestos, contratos y rendición de cuentas
La transparencia económica es, históricamente, uno de los puntos más sensibles para la ciudadanía. En este ámbito, el informe reconoce en la Generalitat un alto nivel de desagregación y actualización en la publicación de información económica, presupuestaria y contractual. No basta con publicar el presupuesto del año en curso: la administración valenciana ofrece series históricas que permiten analizar la evolución de las cuentas públicas a lo largo del tiempo, lo que convierte los datos en una herramienta real de control democrático.
Más allá del cumplimiento legal —algo que, por cierto, no todas las comunidades garantizan—, el portal incorpora secciones específicas para la participación ciudadana y publica de forma transparente los informes de evaluación y seguimiento de los planes estratégicos. Los visores y buscadores desarrollados en 'GVA Oberta' refuerzan esa rendición de cuentas y facilitan que cualquier persona, sin formación técnica específica, pueda interpretar la información disponible.
Un mapa de la transparencia con grandes desigualdades
El informe concluye que estos resultados sitúan a la Comunitat Valenciana como un referente de buenas prácticas en transparencia. La Generalitat se consolida así en el nivel más alto de acceso a la información pública, en un contexto en el que la brecha territorial en España puede alcanzar hasta 60 puntos. Una diferencia de esa magnitud no es solo una cuestión técnica: implica que el derecho a saber cómo se gestionan los recursos públicos no se ejerce igual en todos los territorios del país.
El dato invita a una reflexión más amplia. La transparencia no es un fin en sí mismo, sino la condición mínima para que la ciudadanía pueda exigir responsabilidades a sus gobiernos. Que una administración puntúe 98 sobre 100 en este índice no garantiza una gestión impecable, pero sí que el ciudadano tiene las herramientas para juzgarla. Y eso, en el contexto actual de desconfianza institucional generalizada, tiene un valor que va mucho más allá de cualquier ranking.