Hay años que marcan un antes y un después. El curso universitario 2026-2027 podría ser uno de ellos para la Comunitat Valenciana. La Generalitat destinará más de 1.097 millones de euros de transferencia ordinaria a sus cinco universidades públicas, una cifra que no solo supera cualquier registro anterior, sino que representa un incremento del 33% respecto a 2023. Para que la magnitud del dato tenga sentido: hace apenas tres años, esa cantidad era inferior en más de 260 millones de euros. Ahora, por primera vez en la historia de la comunidad, la financiación ordinaria universitaria supera la barrera de los 1.000 millones.
La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, lo anunció durante el acto de apertura del curso 2026-2027 en la Universidad de Alicante, donde aprovechó el escenario académico para reivindicar el esfuerzo presupuestario recogido en las cuentas de la Generalitat para este año. A la transferencia ordinaria se suman cerca de 40 millones de euros adicionales para compensar la congelación de los precios públicos de matrícula, vigente desde el curso 2023-2024. En total, el presupuesto global destinado al sistema universitario valenciano alcanza los 1.234 millones de euros, un 12% más que el ejercicio anterior.
Un pacto que tardó 16 años en llegar
Detrás de esas cifras hay algo más que una decisión presupuestaria: un cambio de modelo. El Plan Plurianual de Financiación 2026-2029 fue firmado por unanimidad con los cinco rectores de las universidades públicas valencianas en octubre de 2025, el primero de este tipo desde 2010. Es decir, durante 16 años, los campus valencianos funcionaron sin la certeza de saber con qué fondos contarían en el ejercicio siguiente. Durante los últimos diez años, las universidades públicas valencianas habían venido demandando a la Generalitat un sistema de financiación plurianual que les permitiera establecer su escenario presupuestario para los próximos años. Planificar contratos, lanzar proyectos de investigación o comprometer inversiones en infraestructuras resulta extraordinariamente difícil sin ese horizonte. El acuerdo, suscrito por unanimidad con la Universitat de València, la Universitat Politècnica, la Universidad de Alicante, la Universitat Jaume I y la Universidad Miguel Hernández, lo cambia.
"Queremos que sea el talento, y no la renta, quien determine el acceso a la universidad" - Carmen Ortí, consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana
67% más en becas: estudiar sin que el bolsillo decida
Si hay un dato que conecta directamente con la vida de decenas de miles de familias valencianas, es el de las becas. Los presupuestos de 2026 contemplan más de 52 millones de euros en ayudas universitarias, un 67% más que en 2023, mientras que cerca de 40 millones adicionales compensan la reducción de los precios públicos universitarios, una medida que afecta directamente al coste de la matrícula que paga cada familia. Son números que, traducidos al día a día, significan que más estudiantes podrán acceder o mantenerse en la universidad sin que la economía familiar sea el factor determinante.
Entre las medidas concretas destacan varias iniciativas que amplían o consolidan programas ya existentes. Las becas Manuela Solís pasarán de beneficiar a 4.000 a 6.000 estudiantes al año. Se recuperan los premios a la excelencia académica. Y se consolidan las becas GV-Talent, que cada año reconocen a más de 1.500 alumnos con los mejores expedientes. La novedad más llamativa de este curso son las Ayudas Impulso Universitario, dotadas con 20 millones de euros, que permitirán la gratuidad de la primera matrícula a quienes superen íntegramente el primer curso de grado. El reintegro será automático para quien cumpla los requisitos, sin trámites adicionales.
Más profesores y más investigación
La inversión no se detiene en las aulas. A través del programa María Goyri, cofinanciado con el Ministerio, se han incorporado 707 profesores ayudantes doctores a las universidades públicas valencianas, de los cuales 185 trabajan en la Universidad de Alicante. No son plazas temporales: la Generalitat ha asumido la estabilización de la totalidad de esas posiciones antes de 2030, con una dotación de más de 30 millones de euros. Es una señal importante para los investigadores jóvenes, que históricamente han sufrido la precariedad de los contratos encadenados.
En investigación, se destinan 113 millones de euros, un 16% más que en 2025, con inversiones centradas en captación de talento, transferencia tecnológica y sectores estratégicos. El programa ValER, dotado con 17 millones de euros hasta 2029, apunta directamente a la atracción de investigadores de prestigio internacional. Su primera convocatoria ya ha permitido incorporar investigadores reconocidos al sistema valenciano de ciencia, y tres de los cinco seleccionados desarrollarán su actividad en la Universitat de València o en el Instituto de Física Corpuscular. También la Universidad de Alicante acumula resultados: 330 ayudas de I+D+i concedidas en 2025, por un valor superior a ocho millones de euros.
Una red para conectar universidad y empleo
Más allá de las cifras del presupuesto, la consellera avanzó un proyecto que podría redefinir la relación entre la academia y el mercado laboral: la futura Red de Educación Superior de la Comunitat Valenciana para el Empleo. Por primera vez, coordinará universidades, enseñanzas artísticas superiores y organismos de empleo con un objetivo concreto: orientar a cerca de 200.000 estudiantes y mejorar la inserción laboral de los titulados. Es una apuesta que responde a una de las críticas más recurrentes al sistema universitario español: la desconexión entre lo que se estudia y lo que demanda el mercado.
En ese contexto de cifras récord y proyectos ambiciosos, Ortí cerró su intervención con un mensaje que va más allá de los presupuestos: "El progreso no se construye en soledad. Detrás de cada avance hay muchas horas de trabajo y muchas personas que son imprescindibles para que el servicio público de la educación superior siga mejorando la vida de las personas". Una frase que, en el fondo, resume bien lo que está en juego: no se trata solo de millones de euros, sino de si la universidad pública valenciana puede convertirse en un ascensor social real para la próxima generación.