La Generalitat Valenciana gestiona, en la actualidad, un total de 14.500 viviendas del parque público de la Comunitat Valenciana, de las que, aproximadamente, el 13% está ocupadas de manera ilegal. Una ocupación que, en palabras del president Juanfran Pérez Llorca, “vulneran los derechos de los demandantes, impiden rehabilitar los inmuebles y generan graves riesgos de seguridad para toda la comunidad vecinal debido a los enganches ilegales a la red eléctrica”.
Ante este panorama, la Generalitat ha puesto en marcha un nuevo servicio de intervención para la recuperación de viviendas públicas ocupadas ilegalmente, que funcionará en todo el territorio valenciano. El Consell lo acaba de licitar con el objetivo de “responder a la creciente necesidad de dar una respuesta rápida, coordinada y segura antes estas ocupaciones que afectan al parque público de viviendas”.
En este sentido, Pérez Llorca ha señalado que “somos conscientes de que arrastramos un grave problema de ocupación irregular desde hace muchos años sin que se tomaran cartas en el asunto, por lo que es momento de actuar y poner los medios necesarios para acabar con una situación que impide acceder a un hogar a muchas familias vulnerables que sí respetan la legalidad y aguardan en las listas de demanda".
¿En qué consistirá el plan de desocupación de la Generalitat?
Entre las funciones que asumirá el nuevo servicio destaca la prestación de atención urgente durante las 24 horas del día para responder de forma inmediata a los avisos por ocupaciones o intrusiones en viviendas. Este dispositivo permanecerá operativo los 365 días del año y deberá garantizar un tiempo máximo de intervención de una hora.
La empresa que resulte adjudicataria también prestará apoyo a la EVHA en los procedimientos administrativos dirigidos a recuperar inmuebles, además de actuar como enlace con las fuerzas y cuerpos de seguridad y con las empresas responsables de la vigilancia.
Entre sus cometidos figurará igualmente la coordinación técnica de las actuaciones, supervisando la instalación de medidas de protección como puertas antiocupación, sistemas de alarma y otros elementos de seguridad. Asimismo, tendrá que documentar cada intervención y elaborar los correspondientes informes de seguimiento.
Para desarrollar estas tareas, el contrato exige la disponibilidad de un equipo multidisciplinar integrado por un coordinador con perfil jurídico y, como mínimo, tres inspectores técnicos, además de los recursos materiales necesarios, entre ellos vehículos, equipos informáticos y dispositivos móviles.
La ejecución del servicio se desarrollará conforme a un plan de trabajo con indicadores específicos que permitirán realizar un seguimiento continuo de la actividad y evaluar los resultados con criterios de transparencia.
El contrato tendrá una vigencia inicial de tres años, con la posibilidad de prorrogarse por dos periodos adicionales de un año cada uno. Su ámbito de actuación abarca toda la Comunitat Valenciana y cuenta con un valor estimado de 796.831 euros, sin incluir el IVA. El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 30 de julio y toda la documentación puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Estado.
Con esta iniciativa, ha explicado el president de la Generalitatm “aseguramos la atención a personas en situación de vulnerabilidad y la convivencia en las comunidades afectadas por la ocupación irregular”.
Una estrategia integral contra la ocupación
La puesta en marcha de este contrato se enmarca en la estrategia global impulsada por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad para combatir la ocupación ilegal de viviendas del parque público.
Dentro de este plan, a comienzos de 2026 se adjudicó un contrato destinado a la instalación, mantenimiento y sustitución de 300 sistemas de alarma y seguridad individuales en inmuebles de titularidad pública. La actuación cuenta con un presupuesto de 4.743.200 euros y una duración prevista de cuatro años.
A estas medidas se suman las intervenciones realizadas desde julio de 2023 para proteger las viviendas frente a intentos de ocupación. En este periodo se han llevado a cabo 1.231 actuaciones, entre ellas aperturas de inmuebles, tapiados, sustitución de puertas y la colocación de 608 puertas antivandálicas.
De forma paralela, la Generalitat también ha reforzado la vigilancia privada en diferentes grupos de viviendas públicas con el objetivo de impedir el uso irregular de los garajes y reducir el riesgo de ocupación de inmuebles deshabitados.
Valencia lanza también su Oficina Antiocupación
Hace más de un año, el Ayuntamiento de Valencia aprobaba la creación de la Oficina Antiocupación, una entidad que presta apoyo a la ciudadanía afectada por usurpación y allanamiento de vivienda.
Lo que pretende el Ayuntamiento con esta oficina es ponerse al servicio de la ciudadanía que sufre un caso de ocupación ilegal en una vivienda de su propiedad, bien, porque han entrado su vivienda dando una patada a la puerta, o bien porque teniendo una vivienda en alquiler, se ha dejado de pagar la renta, y el propietario quiere recuperar su vivienda.