El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler y el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, han mantenido este miércoles una reunión de trabajo para proceder a la constitución de la comisión de seguimiento del convenio marco de colaboración entre la Generalitat y la FVMP sobre el embargo de los ingresos de derecho público que se produzcan fuera del ámbito de competencia de cada uno de los municipios de la Comunitat Valenciana.
El pasado mes de junio, el Pleno del Consell autorizó la suscripción de convenio de colaboración entre dichas instituciones, por el que se establecía un plazo máximo de tres meses para la formación de la comisión de seguimiento que debe asegurar una correcta ejecución del mismo, así como dictar las instrucciones necesarias para mejorar su funcionamiento y la coordinación con las entidades locales.
"Con la constitución de esta comisión damos un paso al frente para hacer realidad dicha colaboración", ha apuntado al respecto el conseller de Hacienda, Vicent Soler.
Por parte de la Generalitat, también han participado en la reunión el secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero, y la directora general de la Agència Tributària Valenciana (AVT), Sonia Díaz. Por parte de la FVMP han estado presentes en la reunión el presidente de la entidad, Rubén Alfaro y el secretario general, Vicent Gil.
Tal y como ha señalado la directora de la Agencia Tributaria, Sonia Diaz, "este acuerdo establece un marco de colaboración para que la administración de la Generalitat pueda ejecutar los embargos por deudas correspondientes a ingresos de derecho público que tengan pendientes los municipios que libremente decidan sumarse al convenio y que pertenezcan a ciudadanos de fuera de sus respectivos ámbitos de competencia territorial, lo que hasta el momento les impedía reclamar su cobro".
Es decir, facilitará el cobro de tributos locales, multas o sanciones municipales impagadas o cualquier otra deuda municipal que tenga pendientes todos los ciudadanos y ciudadanas en el ámbito de la Comunitat Valenciana, dado que hasta ahora las entidades locales no podían reclamarlas si pertenecían a residentes de fuera de su respectiva localidad.
La comisión de seguimiento contará así con una composición paritaria de 8 personas y se divide en 4 representantes de la AVT y 4 representantes de las entidades locales.
Por un lado, tenemos a los miembros designados por el Consejo Rector de la AVT, que son Sonia Díaz, Inmaculada Domínguez, David Duato y Francisco Javier Casas. Por otra parte, a los designados por la FVMP, que son Vicent Gil, Lourdes Pozo, Julia Colomer y Pablo Ruíz.
Entre las funciones de este organismo está supervisar la ejecución del convenio, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actividades convenidas. También informar a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar durante la ejecución del convenio y proponer las correspondientes actualizaciones o modificaciones en las anualidades derivadas del retraso.
Para el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, "la recaudación por parte de la ATV de deudas que los municipios tengan pendiente permitirá que todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su lugar de residencia, cumplan con sus responsabilidades fiscales y con las normas municipales y, además, que el dinero revierta en mejoras para cada municipio".
Así, ha señalado que "la colaboración en esta dirección garantiza la igualdad de la ciudadanía y reforzar la seguridad jurídica, porque la justicia fiscal implica que todas las personas, residan donde residan, sean tratadas por igual", ha subrayado el titular de Hacienda antes de reiterar que "esta medida contribuye además a la construcción de una administración pública moderna que preste servicios a la ciudadanía con eficiencia, equidad y transparencia".
En ese sentido, desde la Generalitat se aboga, tal y como ha apuntado, por la "igualdad de trato y justicia contributiva que permita asegurar la mejora continua en la prestación del servicio público en un contexto de equilibrio presupuestario para incentivar y fomentar la capacidad productiva y desarrollo económico de nuestra Comunitat".
El conseller Soler defiende que el "municipalismo que defiende la Generalitat es muy importante y con este convenio ganamos todos y todas". "Gana la Generalitat al contar con un instrumento eficaz, ganan los municipios porque harán caja con dinero que antes perdían y gana la ciudadanía porque hay igualdad de condiciones", ha matizado.
Convenio marco entre Generalitat y FVMP
Las entidades locales podrán adherirse voluntariamente y a título individual a este convenio marco de colaboración con la ATV y, como titular de la competencia recaudadora, decidir libremente qué deudas remite a la ATV para su gestión recaudatoria. A efectos del presente convenio se entiende como entidad local tanto los municipios como los consorcios, las provincias, las mancomunidades, así como las áreas metropolitanas legalmente inscritas.
En concreto, la Agencia Tributaria será la encargada de autorizar las diligencias de embargo a realizar fuera del ámbito de actuación territorial de la respectiva entidad local; ordenar el levantamiento de embargos y resolver los recursos de reposición interpuestos contra los actos de gestión recaudatoria.
Medidas de mejora en la gestión recaudatoria en vía ejecutiva
Además, a través de este convenio las partes se comprometen a impulsar el uso común de plataformas de teleadministración, con la debida compatibilidad técnica y funcional entre las plataformas y sistemas, así como a la cesión, transferencia o compartición de los sistemas, aplicaciones o software utilizados para mejorar la eficacia y rapidez del proceso, evitar duplicidades y aumentar la garantía jurídica.
Igualmente, se busca impulsar el uso de la firma electrónica y de los servicios asociados a la misma como el pago de los tributos a través del certificado digital para facilitar a los ciudadanos y ciudadanas el pago y gestión de estos, al tiempo que se reduce el uso de papel con una mayor garantía jurídica y mayor sostenibilidad.