La Generalitat creará un grupo de trabajo con las siete empresas que gestionan las ITV en la Comunitat Valenciana para lograr un proceso de reversión a gestión pública "amable" a partir de 2023, cuando expira la actual concesión de 25 años. "No lo vamos a hacer de manera unilateral", ha garantizado el conseller de Economía, Rafa Climent, y ha confiado en que el nuevo servicio será "ejemplar".
Así lo ha acordado con la Asociación de Entidades Concesionarias para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) en una reunión celebrada un día después de las criticas de esta entidad al Consell por basar la reversión en un estudio lleno de "errores". Aecova también amenazó con interponer reclamaciones judiciales por los 133 millones de euros más intereses que asegura que les adeudan por las tarifas anuladas.
Climent, en rueda de prensa, ha asegurado que la reunión ha sido "afable" a pesar de estas acusaciones y ha explicado que las ITV han planteado alargar el contrato por el impacto de las restricciones sanitarias en el sector, una petición que ha garantizado que se atenderá en función de los informes técnicos y jurídicos que la justifiquen. "Hay predisposición a colaborar", ha subrayado,
El próximo 16 de mayo se convocará a los sindicatos de las ITV a un encuentro para empezar a trabajar en la subrogación de todos los trabajadores actuales con el "máximo diálogo", tras lo que en los siguientes meses trabajará la nueva comisión de trabajo de manera "ágil y rápida".
Sobre la equiparación de salarios, el titular de Economía ha abogado por la negociación colectiva, sin que "pierda nadie", en función de cada categoría y dentro de un proceso progresivo de "cuatro u ocho años". "No será de hoy para mañana", ha ilustrado.
POSIBLE BAJADA DE TARIFAS
El objetivo general, ha explicado, es mejorar el servicio que prestan las estaciones al considerar que es básico para la ciudadanía como la sanidad: "Tenemos que ser muy rigurosos porque salvamos vidas". Además, ha confiado en que la reversión permita dar un servicio más eficiente a la ciudadanía y sea más rentable, "incluso" bajando las tarifas o mejorando las estaciones.
Con todo, Climent ha remarcado que las empresas se "equivocaron" al comparecer un día antes de la reunión porque eran conscientes de la reversión, que estaba plasmada en el pacto de gobierno de 2019, y fueron notificadas hace meses de que la concesión finalizaba el 31 de diciembre de este año.
"No hemos descubierto nada: los concesionarios eran conocedores desde hace 24 años", ha abundado, y ha defendido que la memoria económica que rechazaron las ITV está basada en los datos presentados por ellas al registro mercantil y que no existe la "falsedad documental" que alegan.
TRES SENTENCIAS GANADAS
Preguntado por las denuncias anunciadas por Aecova, el conseller ha señalado que están en su derecho --"estamos en un estado de derecho"-- y que los trabajadores pueden estar tranquilos, pero ha destacado que la Generalitat lleva tres sentencias ganadas a su favor.
Uno de estos autos, fechado el pasado 19 de abril, establece que la no prórroga de la concesión era "previsible" y no es "nada extraño", con lo que las empresas deben estar preparadas para ello.