El juzgado de Instrucción número 3 de Castellón ha acordado citar en calidad de investigados a los miembros del Consejo de Administración de Aerocas (aeropuerto de Castellón) que asistieron a las reuniones y ratificaron los contratos de patrocinio de la sociedad al piloto Álex Debón en las actas celebradas en marzo de 2009 y 2010. Entre los citados se encuentran los exvicepresidentes del Consell con el PP Gerardo Camps y Vicente Rambla y el que era entonces secretario autonómico de Hacienda y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, Eusebio Monzó.
Según consta en una providencia de fecha 10 de enero, a la que ha tenido acceso Europa Press, la instructora ha citado para el 22 de febrero a las 11.00 horas la declaración de Gerardo Camps, que en la actualidad es diputado en el Congreso y, por tanto, aforado.
En su caso, se le hace saber que, dada esta condición, esa declaración se efectuará de acuerdo con el artículo 118.bis de la Lecrim, "si voluntariamente se presta a ello". En este artículo se concreta la forma de proceder cuando se impute un acto punible a un diputado o senador, y la manera en la que pueden ejercer su derecho de defensa.
Para el mismo día, a las 12.00, la instructora ha citado al diputado de la Diputación de Castellón y exvicepresidente de esta corporación, Francisco Martínez. El 25 de febrero será el turno del exconseller de Hacienda José Manuel Vela, a las 11.00, y una hora después de José Luis Villanueva García.
Ya en el mes de marzo la magistrada ha citado para el día 14 a las 11.00 horas a Vicente Aparici y a las 12.00 a Eusebio Monzó, que se da la circunstancia de que, hasta la fecha, era el único de los diez ediles 'populares' en el consistorio que no estaba siendo investigado judicialmente, mientras que el resto figura como imputado por el caso Taula.
Un día después deberán comparecer en el juzgado el que fuera número dos de la Conselleria de Infraestructuras con Mario Flores, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, a las 10.00, y a las 11.00 Javier Eleno carretero.
La jueza ha dejado para el último día, el 22, las declaraciones de la que fuera ex alto cargo de la Generalitat con el PP Cristina Serrano, a las 10.00; a Ricardo Bayona, a las 11.00 y cerrará la ronda Vicente Rambla a las 12.00 horas.
ABRIL DE 2016
Esta investigación parte de las diligencias abiertas en abril de 2016 por la Fiscalía de Castellón para investigar los patrocinios de la promotora del aeropuerto de Castellón (Aerocas), cuando estaba presidida por el exdirigente del PP y expresidente de la Diputación Carlos Fabra, como consecuencia de la denuncia de un organismo oficial y tras una sentencia judicial que condenaba al expresidente de la Diputación y del PP provincial Carlos Fabra a devolver al piloto Álex Debón 368.000 euros de un préstamo.Esta cantidad, según denunció en su día Compromís, coincidía con un 10 por ciento del total que Aerocas había abonado al piloto para que promocionase el recinto cuando este aún no estaba en funcionamiento, y que fue de 3,67 millones para las temporadas 2009, 2010 y 2011. La infraestructura se inauguró oficialmente en marzo de 2011 aunque no entró en funcionamiento con el primer avión en pruebas hasta febrero de 2013.
En octubre de 2016 la Fiscalía remitió al juzgado número 3 de Castellón las diligencias de investigación llevadas a cabo por los contratos de patrocinio al considerar que podía haber indicios de responsabilidad. Las diligencias de investigación requirieron una prórroga de seis meses debido a su complejidad.
En noviembre de ese año, la jueza citó a declarar a Carlos Fabra y Debón para enero de 2017. En esa comparecencia, ambos, investigados por cohecho, se acogieron a su derecho a no declarar. El juzgado dio traslado a la Abogacía del Estado, personada en representación de Aerocas, de la documentación necesaria para que se pronunciara sobre la oportunidad de declarar compleja la causa, lo que permitía alargar la investigación.
Sin embargo, Fabra, según informaciones publicadas con posterioridad, atribuyó a Gerardo Camps la implicación directa en los hechos, por lo que la instructora llegó a elevar la causa al Supremo por la condición de aforado del diputado.
El alto tribunal descartó esa investigación al parlamentario aunque pidió al juzgado de instrucción que lo citara para tomarle declaración y, si observaba indicios de delito, le remitiera de nuevo la causa para valorarlo.