El director general de Transparencia de la Generalitat Valenciana, Jorge Bellver, ha puesto su cargo a disposición del president Juanfran Pérez Llorca tras confirmar la Audiencia Provincial de Valencia su condición de investigado en el 'caso Azud', una macrocausa que lleva más de una década destapando el presunto pago de comisiones a cargos públicos a cambio de favores urbanísticos en el Ayuntamiento de València. La renuncia del máximo responsable de la transparencia del Ejecutivo valenciano no deja de tener una ironía difícil de ignorar.
Una imputación que viene de lejos
La sección tercera de la Audiencia confirmó la situación procesal de investigado de Bellver, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de València, en el caso Azud, que investiga el supuesto pago de comisiones a cargos públicos para favorecer la adjudicación de contratos entre los años 1999 y 2013. No es una sorpresa caída del cielo: Bellver está imputado desde octubre de 2019 en esta macrocausa por impulsar un contrato menor como concejal del Ayuntamiento de València que está siendo objeto de investigación.
La defensa de Bellver intentó hasta el final evitar esta situación. Esgrimió en su recurso la condición de aforado que ostentaba en 2019, cuando la jueza dictó el primer auto que le salpicaba. Sin embargo, la Audiencia de Valencia puso "de relieve" que la causa estaba bajo secreto de sumario y "se desconocía la condición de aforado" de Bellver. En pocas palabras: el argumento no prosperó.
Los magistrados consideraron motivada su investigación por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho a funcionario público. Y, en cuanto a la prescripción de los hechos que también alegó la defensa, la Audiencia ratificó la imputación sin apreciar prescripción de los presuntos delitos ni nulidad.
Regalos de lujo y reuniones en locales de ocio
El nombre de Jorge Bellver aparece en el sumario del caso como receptor de regalos por parte de una organización supuestamente corrupta y dedicada al amaño de operaciones urbanísticas. Concretamente, habría recibido varios relojes de entre 2.000 y 3.000 euros, champán o maletas de lujo, según consta en el sumario de la causa. Hace unos meses se hizo público un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntaba a reuniones de Bellver con el empresario Jaime Febrer, principal investigado en el caso Azud, en locales de ocio o sedes de empresa para abordar el PAI del Grao o el circuito de F1.
La investigación de Bellver se produjo por la denominada 'Operación colegios', una de las ramificaciones más importantes de la causa de Azud, centrada en comisiones a cambio de favores urbanísticos en el seno del Ayuntamiento de Valencia durante los gobiernos de Rita Barberá. En toda esta operación, la investigación apuntó desde sus inicios a la participación de Bellver, que en esa época era concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia.
Carta al 'president' y suspensión en el PP
Ante la confirmación judicial, Bellver optó por adelantarse. Remitió una carta al president Pérez Llorca en la que agradeció la confianza depositada en él y puso su cargo a disposición del jefe del Ejecutivo valenciano. Pérez Llorca aceptó la renuncia, agradeció los servicios prestados y subrayó la presunción de inocencia de quien hasta ese momento era su director general de Transparencia.
Pero Bellver no se quedó ahí. También envió una misiva al Partido Popular de la Comunitat Valenciana solicitando su suspensión temporal como militante hasta que los hechos investigados queden esclarecidos. Un gesto que, en el lenguaje no escrito de la política, equivale a dar un paso al lado antes de que alguien te lo pida.
El PP, por su parte, ha abierto un expediente informativo al director general, y el Comité de Derechos y Garantías ha acordado activarlo "en cumplimiento de los estatutos del partido".
La paradoja del director de Transparencia
Resulta llamativo que sea precisamente el máximo responsable de la política de transparencia del Gobierno valenciano quien se vea envuelto en una causa que investiga décadas de supuesta opacidad y clientelismo en la administración local. Bellver fue citado por el juzgado de instrucción y se acogió a su derecho a no declarar. Ahora, con la imputación confirmada por la Audiencia y el cargo entregado, la pelota queda en el tejado de la justicia. La presunción de inocencia, que tanto Pérez Llorca como el propio Bellver han invocado, es un derecho fundamental e irrenunciable, pero la política, como suele ocurrir, no siempre puede esperar a que los tribunales digan la última palabra.