Hay instituciones que trabajan en la sombra pero cuya ausencia se notaría de inmediato. El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana es una de ellas. El órgano consultivo supremo de la Generalitat cumple tres décadas vigilando que las leyes, los reglamentos y los actos administrativos de la administración valenciana no se aparten del ordenamiento jurídico. Un aniversario que el president Juanfran Pérez Llorca quiso celebrar con reconocimiento explícito y palabras de fondo.
Treinta años al servicio del Estado de Derecho
El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana fue creado por la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, en un momento en que la autonomía valenciana consolidaba sus propias estructuras de gobierno. Desde entonces, el Consejo Jurídico Consultivo es el supremo órgano consultivo de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana. No es un tribunal. No dicta sentencias. Pero su criterio importa, y mucho: su función es velar por el cumplimiento de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico.
La institución opera con una lógica sutil pero poderosa. Como norma general, los dictámenes del Consell Jurídic Consultiu no son vinculantes para la autoridad consultante, quien puede seguir el criterio marcado por el Consejo o separarse de su parecer. Sin embargo, hay excepciones que muestran el peso real de sus resoluciones: en los expedientes sobre revisión de oficio de acto nulo y las modificaciones de planeamiento urbanístico que afecten a zonas verdes y espacios libres, el dictamen del CJC tiene carácter obstativo, lo que significa que sin su visto bueno no hay resolución posible. Una capacidad de bloqueo discreta pero determinante para proteger los intereses de la ciudadanía.
Pérez Llorca recibe la insignia de la institución
El acto conmemorativo del XXX aniversario reunió a representantes institucionales y sirvió de escenario para que el president de la Generalitat recibiera la insignia del Consell Jurídic Consultiu, un gesto simbólico que subraya el vínculo entre el ejecutivo autonómico y este órgano de control. Pérez Llorca no escatimó en reconocimientos.
"El Consell Jurídic Consultiu forma parte de la arquitectura esencial del autogobierno de todos los valencianos" - Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana
El jefe del Consell destacó la contribución del organismo al fortalecimiento del autogobierno valenciano, la calidad normativa y la seguridad jurídica. Tres conceptos que, en el día a día, se traducen en algo muy concreto: que cualquier norma que afecte a los ciudadanos valencianos —desde un reglamento de tráfico local hasta una ley autonómica— haya pasado antes por un filtro de legalidad independiente.
Independencia e independencia: las dos claves del organismo
Pérez Llorca también reivindicó la lealtad institucional, la independencia y el rigor jurídico del órgano consultivo. No es un detalle menor. La independencia del Consell Jurídic Consultiu está garantizada por diseño: fue dotado de autonomía orgánica y funcional a fin de garantizar su objetividad e independencia. Sus miembros, seis consejeros electivos, son designados de forma mixta: tres son designados por Decreto del Consell de la Generalitat y los tres restantes por Les Corts, mediante un acuerdo adoptado por mayoría de 3/5 de sus miembros. Una arquitectura de contrapesos que impide que ningún partido o gobierno lo controle en solitario.
Con el tiempo, sus competencias también se han ampliado. En la modificación de la ley del Consell Jurídic en 2018, el legislador autonómico incluyó la posibilidad de que Les Corts pudieran someter a consulta del mismo las proposiciones de ley, extendiendo así su función asesora más allá del ejecutivo. Y en 2006, en la reforma del Estatuto de Autonomía se incorporó al mismo como una institución de carácter consultivo de la Generalitat, elevando su rango y blindando su existencia como pilar del autogobierno valenciano.
Tres décadas después de su fundación, el Consell Jurídic Consultiu celebra su aniversario en plena vigencia. En un contexto político en que la autonomía valenciana sigue construyendo su identidad institucional, contar con un árbitro jurídico de reconocido prestigio no es un lujo administrativo, sino una garantía real para quienes viven y trabajan en la Comunitat Valenciana.