Casi dos años después de que la dana arrasara amplias zonas de la Comunitat Valenciana, centenares de propietarios de vehículos siguen sin saber dónde están sus coches. No los han encontrado. Ni ellos, ni nadie. Y el reloj corre en su contra: el 29 de octubre de 2026 vence el plazo para solicitar indemnizaciones al Consorcio de Compensación de Seguros, el organismo público que desde el primer momento asumió la gestión de las reclamaciones derivadas de la catástrofe. Sin el vehículo localizado, no hay reclamación posible. Sin reclamación, no hay indemnización. Un callejón sin salida para quienes ya lo perdieron todo.
Una carta para frenar el reloj
El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha remitido una carta al presidente del Consorcio de Compensación de Seguros, José Antonio Fernández de Pinto, solicitando que se amplíe más allá del 29 de octubre de 2026, o directamente se suspenda, el plazo para reclamar indemnizaciones por los vehículos desaparecidos durante la dana. La petición no es menor: afecta a un colectivo que, por razones completamente ajenas a su voluntad, no ha podido completar los trámites que la ley exige.
"Estamos dando voz a un colectivo muy perjudicado por la riada, primero porque perdieron su vehículo, y segundo, porque al no haberse localizado estos utilitarios no han podido beneficiarse de ninguna ayuda en este sentido" - Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana
En su misiva, Mérida pide además que el Consorcio traslade al Gobierno central la urgencia de evitar que prescriba el plazo y que se estudie la creación de un régimen transitorio específico para estos afectados, dentro del marco jurídico vigente. La petición tiene nombre y apellido legal: la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, cuya aplicación estricta podría dejar sin compensación a quienes más la necesitan.
Coches bajo el lodo, burocracia sobre las víctimas
¿Por qué no se han recuperado esos vehículos después de casi dos años? La respuesta no es sencilla ni uniforme. Mérida lo resume con claridad: en la gran mayoría de los casos, la imposibilidad de encontrar el coche no responde a ninguna falta de diligencia de su propietario, sino a una maraña de circunstancias que escapan a cualquier control individual. Procesos de retirada, traslado, peritación o reparación que se han prolongado de forma inesperada. Vehículos que fueron achatarrrados antes de poder ser identificados. Automóviles sepultados bajo toneladas de lodo que nunca volvieron a ver la luz. Cada caso es distinto, pero todos comparten una misma injusticia.
"Algunos de los vehículos se achatarraron, otros quedaron sepultados bajo toneladas de lodo y nunca fueron encontrados. La casuística es muy variada, pero en la mayoría de los casos son causas ajenas a sus propietarios" - Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana
La dimensión del esfuerzo indemnizador del Consorcio da contexto a la magnitud de la tragedia. A principios de junio de 2026, el organismo había recibido más de 251.800 solicitudes de indemnización por la dana de 2024, habiendo abonado ya más de 4.484 millones de euros en compensaciones. Solo en vehículos automóviles, el Consorcio realizó más de 132.000 pagos, por un importe que supera los 1.200 millones de euros. Ante esos números, los centenares de casos pendientes pueden parecer una cifra residual. Pero para cada uno de esos propietarios, el impacto es total.
La responsabilidad de no dejar a nadie atrás
La iniciativa de Mérida apunta a una tensión que los grandes desastres naturales ponen siempre sobre la mesa: la rigidez de los marcos legales frente a la casuística imprevisible de una catástrofe. La aplicación estricta del plazo previsto en la Ley 50/1980 podría ocasionar que personas afectadas directamente por la dana vieran comprometida su posibilidad de reclamar una indemnización por un bien asegurado, no por falta de voluntad o de diligencia, sino por no haber podido recuperar todavía su vehículo.
El comisionado ha pedido expresamente que el Gobierno central estudie medidas que, sin vulnerar el ordenamiento jurídico, permitan atender estas situaciones excepcionales y, si fuera necesario, crear un régimen especial para los afectados. No se trata de un privilegio, sino de una corrección ante una anomalía: que el sistema diseñado para proteger a las víctimas acabe penalizándolas por circunstancias que nunca estuvieron en su mano.
"Nuestro objetivo con esta iniciativa es tratar de garantizar que ninguna persona afectada por la catástrofe de hace dos años quede desprotegida por circunstancias ajenas a su voluntad" - Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana
El 29 de octubre de 2026 marcará el segundo aniversario de la dana que devastó buena parte de la Comunitat Valenciana. Que esa misma fecha sea también el límite para que estas personas puedan reclamar lo que les corresponde convierte la decisión del Consorcio de Compensación de Seguros —y del Gobierno central— en algo más que una cuestión administrativa. Es, en el fondo, una prueba de si las instituciones son capaces de estar a la altura cuando la ley y la realidad no encajan.