Coordinadora Valenciana de ONGD espera una justicia "ejemplar" con Blasco en uno de los casos "más inmorales" sufridos

"Ens preocupa que s'haja sembrat aqueix dubte en les organitzacions quan el problema ha estat dins de l'Administració", assenyalen

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La Coordinadora Valenciana de ONGD espera que la justicia sea "ejemplar" y "no dé en ningún momento una posibilidad de entender que hay impunidad" en el juicio que arranca el próximo lunes en el que se sentará en el banquillo de los acusados el exconseller de Solidaridad, el 'popular' Rafael Blasco, y otras 23 personas más acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo, uno de los casos "más inmorales que hemos sufrido".

Además, desde esta organización ven "inviable" que se produzca un pacto de conformidad --del que se ha llegado a hablar-- entre todas las acusaciones (las populares, la Generalitat y Fiscalía) y los procesados que evitara la celebración del proceso y consideran que solo aceptarían "valorar una rebaja de las penas" si "hubiera un pago efectivo y una reparación del daño".

Así lo han manifestado este miércoles en un encuentro informativo el vocal de la Junta Directiva de la Coordinadora y portavoz de la entidad para el caso Cooperación, Carles Xavier López, y el abogado de la organización y acusación popular en el juicio, Raúl Vidal.

En la vista que arranca el lunes se juzgan delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental en dos piezas del conocido como 'caso Cooperación' --2 y 3--, aunque la Coordinadora pide que se le denomine 'caso Blasco'.

El juicio oral se abre contra Blasco --actualmente condenado por un fraude de ayudas al Tercer Mundo en la primera de las piezas del caso--; su excúpula en la Conselleria (la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el ex director general, José María Felip y el ex jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares) y los empresarios Augusto César (igualmente condenado en el primer juicio) y Arturo Tauroni, además de trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

En el encuentro con periodistas, Carles Xavier López ha explicado que "el daño más importante" que se ha causado en este caso "ha sido la falta de moralidad, lo repugnante que significa robar y desviar dinero destinado a la lucha contra la pobreza y la desigualdad en los países más empobrecidos del mundo" y "que esa red de desvío haya sido a empresas y a personas de una trama que se constituyó desde dentro de la Generalitat, con el mando de Blasco y con el apoyo imprescindible de Tauroni como coordinador de toda la trama de empresas y pseudoentidades sociales".

El portavoz de la Coordinadora para este caso ha expuesto que les preocupa "que la ciudadanía se confunda y piense que lo que se está juzgando en el caso Blasco es el funcionamiento de las organizaciones de cooperación internacional". Así, ha defendido que las organizaciones valencianas llevan "30 años haciendo cooperación internacional, acción humanitaria, educación para el desarrollo y la ciudadanía global, promoviendo el comercio justo y el consumo responsable" y son "organizaciones transparentes y honestas", que "cumplen todos los requisitos en las subvenciones públicas" y dan cuentas "de todos los proyectos que se realizan".

"Nos preocupa que se haya sembrado esa duda en las organizaciones cuando realmente el problema ha estado dentro de la propia Administración, en ese momento con Francisco Camps como presidente y con el apoyo que le daba a Blasco, y esa infraestructura empresarial", ha sostenido.

"VALOR SIMBÓLICO" DEL JUICIO

Ha señalado también que este caso es "uno de los más inmorales que hemos sufrido". "La corrupción es dura porque es aprovecharse del dinero de todos para usos personales, pero en este caso aprovechar el dinero que iba destinado a la solidaridad internacional, para la lucha contra la pobreza y la desigualdad, para la defensa de los derechos humanos, que esto se haya desviado a los bolsillos de empresas y personas para lucro personal o empresarial nos parece repugnante", ha desarrollado.

De este modo, ha destacado que "es un caso de alto valor simbólico" y ha afirmado que "la justicia tiene que ser ejemplar, efectiva y que no dé en ningún momento una posibilidad de entender que hay impunidad".

POSIBLES PACTOS

Preguntado por la posibilidad de que se den posibles pactos de conformidad entre las acusaciones y los acusados, López ha apuntado que la Coordinadora lo "valorará" cuando haya una propuesta de pacto en firme pero ha precisado que creen "que no se dan en este momento las condiciones". "No podríamos estar trabajando en un hipotético acuerdo que no deje la fuerza de la justicia ejemplarizante en este caso tan moral", ha agregado.

Al respecto, el letrado Raúl Vidal ha indicado que "para que no se celebrara el juicio debería haber un acuerdo de todas las acusaciones respecto a todos los acusados", algo que considera "inviable". Asimismo, ha asegurado que la acusación popular contemplaría una rebaja de penas "si hubiera un pago efectivo y hubiera una reparación del daño".

En este sentido, ha explicado que la Coordinadora pide cuatro millones de euros en concepto de responsabilidad civil, además de otras cuantías en concepto de multas y daños morales. Vidal ha cifrado el dinero presuntamente malversado en estas dos piezas del caso en "una cantidad de entre cuatro o cinco millones", aunque ha explicado que esta cifra "es aquello que se ha podido justificar que se desvió directamente a empresas que no realizaron trabajos". "La realidad es que probablemente se haya malversado más dinero", ha añadido.

CONCENTRACIÓN Y CROWFUNDING

La Coordinadora Valenciana de ONGD ha convocado una concentración ante la Ciudad de la Justicia de València previa al arranque del juicio para "explicitar que es necesario que la justicia sea implacable por la dignidad como pueblo". Asimismo, la organización lanzará también el lunes una campaña de micromecenazgo para continuar financiando su presencia como acusación en este caso, cuyos gastos ya superan los 45.000 euros desde el año 2014.
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