El Consell autoriza la tramitación de urgencia del decreto que regula la calidad en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales en la Comunitat Valenciana

Se trata de uno de los decretos que desarrolla la ley de Servicios Sociales Inclusivos

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Aitana Mas, Vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas
Aitana Mas, Vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas

El Pleno del Consell ha autorizado la tramitación por vía de urgencia del decreto que regula la calidad en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales en la Comunitat Valenciana. 

Se trata de uno de los decretos que desarrolla  la ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana y que reconoce unos criterios y umbrales mínimos de calidad para los servicios, centros y programas orientados a su mejora continua. El decreto establece, además, los criterios para su evaluación. 

Cabe recordar que la Ley supone un nuevo modelo de organización y gestión que parte de considerar como derecho subjetivo unas prestaciones de calidad al servicio de la ciudadanía. 

En este sentido, y puesto que la mejora de la calidad es un objetivo y un principio prioritario de los servicios sociales valencianos, el proyecto de decreto pretende desarrollar el ejercicio de la competencia de la Generalitat referida al control de la calidad y los requisitos exigidos en materia de certificaciones de la calidad en la red de centros y servicios. 

Esto supone la configuración necesaria y actualizada y una garantía tanto para los centros y servicios propios como para los contratos de gestión externa de centros y programas cuando el titular sea la Generalitat. 

Junto a los demás decretos desarrollados por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en el marco de la ley de Servicios Sociales Inclusivos, el objetivo con esta regulación es generar un sistema coherente, organizado y planificado que se guíe por los criterios de calidad, eficiencia y accesibilidad, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y garantizar la protección de derechos de las personas.

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