El Pleno del Congreso ha avalado este jueves el decreto ley que incluye con el plan de ahorro energético con las primeras medidas dirigidas a rebajar el consumo de gas para cumplir el compromiso voluntario adquirido con la Unión Europea ante un posible corte de suministro por parte de Rusia.
El decreto ha sido convalidado con una holgada mayoría, con 187 votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe y el PRC. Por el contrario, el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP y Foro Asturias han votado en contra, mientras que el BNG se ha abstenido.
Este decreto se tramitará como proyecto de ley, por lo que los grupos podrán presentar enmiendas durante el próximo mes para intentar introducir modificaciones, por lo que la norma podría estar aprobada en octubre.
Plan de ahorro energético
El plan de ahorro energético limita la temperatura de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados respectivamente en inmuebles de las administraciones públicas, establecimientos comerciales como grandes almacenes o centros comerciales, espacios culturales o infraestructuras de transporte como estaciones o aeropuertos. Sin embargo, la norma deja fuera hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o cocinas de restaurantes.
Asimismo, se obliga a apagar las luces de escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las 22 horas y se obliga a que antes del 30 de septiembre tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente.
La norma también contempla las medidas de fomento del transporte público ferroviario, como la bonificación del 100% en los viajes de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia, ayudas al sector del transporte o el complemento de 100 euros en las becas al estudio.
Ayudas a los comercios
Con EH-Bildu, el Gobierno ha pactado el compromiso de revisar al alza, reformular y acelerar los objetivos contenidos en la Ley de Cambio Climático, con las correspondientes inversiones, y empezar a planificar con las comunidades estrategias a medio y largo plazo para transformar modelos de producción y consumo más eficientes y con mayor peso de las energías renovables.
Por su parte, el PDeCAT ha asegurado que el Ejecutivo ha comprometido una línea de ayudas por 100 millones de euros a las comunidades autónomas para que, si así lo desean estas, puedan financiar actuaciones en los locales comerciales a las que obliga el decreto ley, como la instalación de accesos automatizados.
Una medida reivindicada por ERC, que reclama al Gobierno financiación adicional a las comunidades para sufragar estas actuaciones, así como las actuaciones de inspección correspondientes, pero también una moratoria hasta el 30 de noviembre en las obligaciones que deben hacer frente pymes y autónomos.