Pagar el alquiler no debería ser una quimera. Sin embargo, para miles de familias en situación de vulnerabilidad que habitan en viviendas del parque público valenciano, ese esfuerzo mensual puede convertirse en una carga insostenible. Para evitarlo, la Generalitat Valenciana ha destinado casi dos millones de euros en bonificaciones de alquiler a 1.955 familias durante el último año, una cifra que refleja tanto la dimensión del problema habitacional como el alcance de una política pública que, en algunos casos, puede llegar a cubrir hasta el 90% de la renta mensual.
Casi dos millones de euros, familia a familia
La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), dependiente de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, ha aplicado desde julio de 2025 un total de 1.993.891 euros en bonificaciones sobre el alquiler de inmuebles de titularidad pública. No se trata de una ayuda genérica: el sistema calcula la rebaja de forma individualizada, teniendo en cuenta el importe del contrato, los ingresos de la unidad familiar y el número de personas que la componen. Cuantos más factores de vulnerabilidad concurren, mayor puede ser la reducción.
El reparto por provincias revela la distribución territorial del esfuerzo. Valencia concentra la mayor parte, con 991.931 euros destinados a 990 familias. Le sigue Alicante, con 618.294 euros repartidos entre 637 hogares, y Castellón, donde 328 familias han recibido un total de 383.665 euros en bonificaciones. Una geografía de la precariedad que, en conjunto, suma casi dos mil hogares valencianos con una renta aliviada gracias a la intervención pública.
"La bonificación puede alcanzar hasta el 90% del alquiler, lo que demuestra el compromiso del Consell con las personas con menos recursos, facilitándoles el acceso a una vivienda digna y evitando el posible riesgo de exclusión social." - Estefanía Martínez, directora general de la EVHA
Un sistema que ya lleva años rodado
La política de bonificaciones de la EVHA no es nueva. En 2022, la entidad destinó 2.766.773 euros en aplicar reducciones de alquiler a 2.551 familias vulnerables residentes en viviendas del parque público de la Generalitat. La comparativa de cifras a lo largo de los años permite entender que este mecanismo funciona como un colchón estructural frente a la exclusión residencial, no como una medida de emergencia puntual. Año tras año, miles de hogares valencianos dependen de este sistema para no perder el acceso a un techo.
La EVHA establece la renta en función del importe del arrendamiento, los ingresos y el número de miembros que integran la unidad de convivencia. Es decir, no existe una tarifa única: el resultado varía según las circunstancias concretas de cada familia. En los casos más extremos, la ayuda puede alcanzar hasta el 90% del precio del alquiler.
Además del régimen general, existe una vía complementaria pensada para hogares con cargas familiares específicas. Las familias numerosas o monoparentales pueden acceder a rebajas adicionales sobre su renta en función de sus ingresos, con reducciones que oscilan entre el 15% y el 40%. Una franja que, sumada al sistema general, puede representar la diferencia entre mantener la vivienda o perderla.
Llegar a quien más lo necesita: campañas y mediación social
Que exista una ayuda no garantiza que llegue a quienes la necesitan. Es uno de los grandes retos de cualquier política social: la brecha entre el derecho reconocido y el derecho efectivamente ejercido. Por eso, la EVHA despliega campañas divulgativas a través de su Servicio de Mediación Social, financiado por el Fondo Social Europeo, dirigidas específicamente a los residentes del parque público. El objetivo es que ninguna familia desconozca las herramientas disponibles para aliviar su situación.
El proceso combina lo colectivo con lo individual. Primero se organizan reuniones informativas en las que se explican las medidas de flexibilización impulsadas por el Consell. Después llegan los encuentros personalizados, donde técnicos especializados evalúan la situación económica de cada unidad familiar para ajustar la renta a sus circunstancias reales. Se diseñan planes de pago adaptados y se tramitan bonificaciones en la renta del alquiler según la situación económica de cada familia, y el apoyo no se limita a lo económico, sino que también incluye mediación vecinal.
En este engranaje, los servicios sociales municipales juegan un papel imprescindible. Son ellos quienes acreditan, mediante el correspondiente informe social, las circunstancias que justifican el otorgamiento de cada bonificación. Sin esa colaboración entre administraciones, el sistema no funcionaría. La vivienda digna, en definitiva, sigue siendo una tarea que requiere de muchas manos: la autonómica que abre la puerta, y la local que certifica quién la necesita de verdad.