La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) considera que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma la anulación de varios artículos del decreto del uso del valenciano en la administración autonómica es "contraria a la normalización" de este lengua.
Asimismo, el ente normativo del valenciano cree que el fallo "hace evidente una vez más que hay una necesidad urgente de establecer el requisito lingüístico de acceso en la función pública para poder garantizar el derecho de todos los valencianos a ser atendidos y recibir los escritos administrativos en su lengua preferente".
La AVL ha hecho público un comunicado tras tener conocimiento del contenido de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en la que anula varios preceptos del Decreto 61/2017, de 12 de mayo, del Consell, por el cual se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat.
La Acadèmia "no comparte" la argumentación utilizada por el tribunal referida a la falta de validez jurídica del concepto "ámbito lingüístico".
Este concepto, razona la institución, "está plenamente asumido por nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 4 de la Ley 7/1998, de Creación de la AVL, en el Dictamen sobre los principios y criterios para la defensa y la denominación de la entidad del valenciano, aprobado por la institución en 2005, y por las definiciones de valenciano y catalán que figuran en el Diccionari normatiu valencià".
"Hay que recordar --prosiguen-- que el Estatuto de Autonomía, que forma parte del bloque de constitucionalidad, determina que la AVL es la institución de la Generalitat Valenciana que tiene la competencia para establecer cuál es la naturaleza y la entidad del valenciano".
"Por otro lado, el hecho de impedir la comunicación en la lengua compartida entre administraciones públicas de diferentes comunidades autónomas vulnera la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, firmada y ratificada por España", aseguran.
"NO PROTEGE LA IGUALDAD DE LOS CIUDADANOS"
Además, la AVL afirma que la sentencia "no protege la igualdad de los ciudadanos en cuanto a sus derechos lingüísticos, puesto que impide la adopción de las medidas más básicas de fomento del uso del valenciano, las cuales son una obligación para todas las administraciones e instituciones públicas".La finalidad del Decreto del Consell era "lograr una presencia equitativa de las dos lenguas oficiales en el ámbito de la administración valenciana", defienden.
Finalmente, la Acadèmia Valenciana de la Llengua expresa su apoyo al Ejecutivo autonómico "en todas aquellas acciones que pueda emprender para la defensa del uso y la normalización del valenciano en la Administración Pública".