Después de más de treinta años de reivindicaciones, Alzira tendrá por fin su propio Palacio de Justicia en la primera quincena de julio. La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha confirmado la apertura inminente del nuevo edificio judicial tras visitar las obras en su recta final. Una infraestructura que llega con décadas de retraso pero que, según la Generalitat Valenciana, transformará radicalmente la prestación del servicio público de justicia en la capital de la Ribera.
No es una promesa nueva. El Consell lleva comprometido con este proyecto desde 1996, cuando el gobierno valenciano anunció por primera vez su construcción. Desde entonces, abogados, jueces, fiscales y ciudadanos de a pie han convivido con una realidad incómoda: los juzgados de primera instancia e instrucción, así como el resto de los servicios de la Administración de Justicia del partido de Alzira, repartidos entre tres locales diferentes. Un puzzle administrativo que complica cualquier gestión judicial y que, por fin, tiene fecha de caducidad.
Un edificio pensado para durar
El nuevo Palacio de Justicia se levanta en cinco plantas en la Avenida Luis Suñer 35, sobre una parcela de 4.800 metros cuadrados cedida por el ayuntamiento. Con más de 11.000 metros cuadrados de superficie, el edificio concentrará los ocho juzgados actuales del partido judicial y tiene capacidad para crecer hasta 13 unidades judiciales si la demanda lo requiere. En total, dispondrá de 43 salas para distintos usos, 71 despachos y un aparcamiento de 65 plazas, números que contrastan vivamente con la precariedad de las instalaciones actuales.
La inversión total ha ascendido a más de 23 millones de euros. Una cifra que ha ido creciendo respecto a los presupuestos iniciales del proyecto —estimados en 15,6 millones en 2020 y revisados al alza hasta los 19,2 millones en el inicio de obras en enero de 2023— y que refleja tanto las actualizaciones del proyecto como el impacto de la inflación en el sector de la construcción.
"Con esta nueva infraestructura, a la que hemos destinado más de 23 millones de euros, terminaremos con la dispersión de sedes, unificando el emplazamiento y mejorando así el servicio a la ciudadanía" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
141.000 vecinos y 200 profesionales, beneficiarios directos
El impacto de este edificio se medirá en el día a día de miles de personas. El partido judicial de Alzira comprende 23 municipios y una población de alrededor de 138.000 habitantes —cifra que la consellería eleva a más de 141.000 en la actualidad— que necesitaban unas instalaciones dignas para acceder a la justicia. Pero el beneficio no es solo para los ciudadanos que acuden puntualmente a resolver un trámite: los 200 profesionales que trabajan diariamente en los juzgados y las más de 700 personas que frecuentan el edificio verán mejoradas sus condiciones de manera sustancial.
El nuevo complejo también albergará la Fiscalía, la Oficina de Asistencia a las Víctimas, el Instituto de Medicina Legal, la Unidad de Valoración Forense con cámara Gesell y la Unidad de Valoración Integral Forense. Todo bajo un mismo techo, algo que hoy parece lógico pero que durante décadas fue una quimera.
La recta final, a paso cuidadoso
La consellera ha subrayado que el equipo técnico de la Conselleria de Justicia está centrado ahora en la fase de equipamiento y traslado, que se ejecutará de forma "muy cuidadosa y perfectamente calendarizada para garantizar la correcta prestación del servicio" durante todo el proceso. Un traslado de esta envergadura —ocho juzgados, decenas de despachos, archivos y equipamiento técnico— no admite improvisaciones, especialmente cuando cualquier interrupción puede afectar a procedimientos judiciales en curso.
Lo que arranca en julio en Alzira es más que la inauguración de un edificio. Es el cierre de un capítulo largo y frustrante para una comarca que lleva décadas reclamando que la justicia también merece infraestructuras a la altura. Si la primera quincena de julio se cumple, la capital de la Ribera dejará atrás la justicia repartida por tres direcciones distintas y estrenará, con más de treinta años de retraso, un espacio pensado para los próximos cincuenta.