Una cumbre en Bruselas, una declaración conjunta y un mensaje claro dirigido a las grandes instituciones europeas: los gobiernos intermedios —diputaciones, provincias y entidades equivalentes de toda Europa— no quieren seguir siendo los últimos en enterarse de cómo se gasta el dinero de la UE en sus territorios. Este miércoles, la Diputació de València lideró en la capital europea una movilización política sin precedentes que reunió a una veintena de administraciones de España, Italia, Francia, Alemania y Polonia, con un objetivo común: exigir un asiento en la mesa donde se diseña la futura Política de Cohesión.
La cumbre que convirtió a Valencia en voz de los territorios europeos
La Cumbre Europea de Autoridades Locales Intermedias para la Cohesión celebró su sesión en Bruselas con la Diputació de València al frente, en su condición de presidenta de Partenalia, la red europea que representa los intereses de los gobiernos intermedios ante la UE. El encargado de abrir el acto fue Juan Ramón Adsuara, diputado de Fondos Europeos y actual presidente de esa red, quien marcó desde el principio el tono reivindicativo del encuentro.
"Las instituciones europeas deben reconocer la capacidad transformadora de los municipios, de las provincias y de las redes locales que trabajan cada día sobre el terreno. Queremos una Europa más humana, y para eso necesitamos que la voz de los territorios sea escuchada" - Juan Ramón Adsuara, diputado de Fondos Europeos y presidente de Partenalia
Al acto asistieron también la vicepresidenta segunda de la Diputación, Reme Mazzolari; el secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil; y la secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea, Ruth Merino, junto a europarlamentarios y representantes de diputaciones y regiones de toda Europa. La presencia institucional no fue un adorno: era parte del mensaje.
El fondo del problema: decidir desde lejos lo que se aplica cerca
La queja de fondo no es nueva, pero gana urgencia ahora que la Comisión Europea ya ha presentado su propuesta para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, el presupuesto a largo plazo de la UE que podría alcanzar casi los dos billones de euros. La nueva arquitectura presupuestaria propuesta reduce el protagonismo de las regiones en favor de los Estados miembros , lo que ha encendido las alarmas entre quienes gestionan día a día las inversiones sobre el terreno.
La propuesta reformula el sistema de gobernanza de la política de cohesión establecido en 1988, redefiniendo las funciones de los gobiernos nacionales y de la Comisión en la elaboración de los planes de asociación y vinculando más estrechamente las inversiones del presupuesto europeo con las reformas de los Estados miembros. Para las diputaciones y gobiernos intermedios, esto equivale a ser apartados de las decisiones estratégicas para aparecer solo cuando hay que ejecutar lo que otros ya acordaron.
La concentración de decisiones en los Estados miembros podría suponer una recentralización significativa y una pérdida de legitimidad territorial, debilitando la gobernanza multinivel que ha caracterizado históricamente al presupuesto europeo. Es precisamente contra ese riesgo contra el que se levantó la cumbre del miércoles.
Una declaración con destinatarios concretos y peticiones precisas
El texto aprobado en Bruselas va dirigido a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, al Consejo y a los Estados miembros. Su contenido no se limita a reclamar visibilidad: exige participación real. Los firmantes piden el pleno reconocimiento político e institucional de los gobiernos intermedios como actores clave de la futura Política de Cohesión, no solo en la fase de ejecución de proyectos, sino también en su diseño, gobernanza y orientación estratégica desde el primer momento.
La declaración reclama, además, que estas administraciones puedan participar en la elaboración del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2032 y en la confección de los planes y prioridades nacionales y regionales, de modo que las decisiones europeas reflejen mejor las necesidades reales de cada territorio. Y va más allá: solicita que las autoridades locales intermedias puedan asumir la gestión directa de una parte definida de los fondos de cohesión, como vía para acelerar su implementación y aumentar la visibilidad de la acción europea a nivel local.
"El futuro de Europa no empieza en la distancia, sino que empieza en cada pueblo y en cada vecino al que somos capaces de mejorarle la vida" - Juan Ramón Adsuara, diputado de Fondos Europeos y presidente de Partenalia
Una movilización política, no un seminario técnico
Los organizadores fueron explícitos en la naturaleza del evento: esto no era un intercambio de buenas prácticas entre funcionarios, sino una movilización política de líderes territoriales dispuestos a presionar en el momento en que las negociaciones presupuestarias europeas están más abiertas. El gobierno de España ya reclama un papel más activo de las regiones y entidades locales en el diseño y ejecución de los planes del MFP, porque muchas políticas se aplican regionalmente. La cumbre del miércoles amplía esa demanda hacia los escalones aún más próximos al ciudadano.
No es un debate menor. Algunas regiones temen que la nueva propuesta pueda diluir la política de cohesión, fundamental para reducir las disparidades económicas en Europa. Y el tiempo apremia: el nuevo marco financiero plurianual deberá ser negociado con los gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo, con vistas a su aprobación definitiva antes de finales de 2027. Cada mes que pasa sin que los gobiernos intermedios estén en la sala es un mes en que otros deciden por ellos.
La declaración de Bruselas no tiene fuerza jurídica vinculante, pero su valor político es innegable: una coalición de gobiernos locales de los cinco países más poblados de la UE reclamando, con nombre y apellidos institucionales, que Europa les escuche antes de repartir el dinero. La pregunta que queda en el aire es si las grandes instituciones europeas estarán dispuestas a escuchar a quienes, al fin y al cabo, son los que convierten las políticas de Bruselas en obras, servicios y oportunidades reales para la gente.