Hay familias en el Camp de Túria que llevan décadas sin saber exactamente dónde descansan sus abuelos, sus padres, sus tíos. Solo saben que murieron entre julio y octubre de 1939, a manos del régimen franquista, y que en algún lugar del Cementerio Municipal de Llíria hay una fosa que los contiene. Ahora, por tercera vez, una campaña de excavación tratará de responderles. La Diputación de Valencia, a través de su delegación de Memoria Democrática, ha puesto en marcha la tercera intervención arqueológica y forense en ese cementerio, con una inversión superior a los 80.000 euros destinada a localizar, excavar y estudiar los restos de las personas represaliadas que permanecen en fosas comunes.
El contexto no es menor. Las cifras oficiales registran más de 2.500 fosas comunes en toda España, con un estimado de más de 114.000 desaparecidos que aún no han sido identificados ni devueltos a sus familias. Llíria es uno de esos puntos del mapa donde la historia sigue sin cerrarse, y donde la arqueología y la medicina forense se convierten en las últimas herramientas de justicia disponibles.
Once fosas, doce cuerpos recuperados: la deuda pendiente
Los números en Llíria son elocuentes y duros a la vez. Se tienen localizadas un mínimo de 11 fosas en el cementerio municipal, pero hasta la fecha solo se han recuperado los restos de 12 personas. Entre 111 y 113 personas fueron asesinadas por el régimen franquista en esa localidad entre julio y octubre de 1939, procedentes casi todas de municipios del Camp de Túria. El proyecto busca ahora identificar el lugar exacto donde se encuentran 22 víctimas procedentes del Depósito de Presos de Llíria y de la Presó del Remei, así como más de un centenar de soldados republicanos fallecidos en el Hospital Militar de Llíria. La proporción entre los encontrados y los que faltan lo dice todo: la tarea por delante es enorme.
"Es una deuda moral inaplazable, ya que nuestra prioridad absoluta es dar respuesta a las familias que llevan media vida esperando recuperar a los suyos para darles, por fin, una sepultura digna." - Natàlia Enguix, vicepresidenta y responsable de Memoria de la Diputación de Valencia
Radares bajo tierra y bisturís sobre los huesos
Antes de mover un gramo de tierra, los equipos ya saben, aproximadamente, dónde mirar. Los estudios previos con radares de penetración terrestre han detectado formas bajo el suelo que coinciden con lo que podrían ser restos de fosas comunes, señalando las zonas donde habrían sido enterrados los fallecidos en el antiguo hospital militar. Es ciencia aplicada al servicio de la memoria. A partir de ahí, el trabajo se vuelve meticuloso, casi quirúrgico: la técnica empleada permite retirar la tierra capa a capa, de forma muy cuidadosa, hasta llegar al terreno virgen, para no dejar ni un solo rastro sin revisar.
El equipo que ejecuta la intervención debe estar formado por especialistas en arqueología y en medicina forense, que analizarán los huesos en el mismo lugar donde aparezcan y recogerán las muestras biológicas necesarias siguiendo los protocolos internacionales más estrictos. Ese trabajo sobre el terreno es lo que hace posible, después, las pruebas de ADN que permiten identificar a las víctimas y entregarlas a sus familias. La medicina forense juega un papel fundamental en estas exhumaciones como disciplina encargada de aportar información para conocer la verdad.
Una inversión en dos tiempos
La financiación del proyecto se estructura en dos fases diferenciadas. La primera, centrada en la exhumación y los trabajos de campo, cuenta con 60.000 euros y se prevé que concluya aproximadamente en un mes. La segunda fase, programada para el próximo año, se destinará a las actuaciones de laboratorio y análisis post-excavación, con algo más de 20.000 euros adicionales. El contrato lo ha licitado directamente la Diputación, que recibió una subvención de 50.000 euros del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para financiar la iniciativa. "Es la segunda licitación que hace la Diputación en este tipo de proyectos, que normalmente ponen en marcha los ayuntamientos con las subvenciones que les damos", explicó Enguix.
No es un punto de partida, sino de continuación. Esta tercera campaña recoge el testigo de dos intervenciones anteriores: una primera en 2021, sufragada por el Ayuntamiento de Llíria, y una segunda en 2022, subvencionada por la propia Diputación. Ambas fueron ejecutadas por el equipo arqueológico y antropológico de ArqueoAntro. La novedad de esta ocasión es que la zona de búsqueda se amplía al cementerio civil, lo que abre nuevas posibilidades de hallazgo.
Memoria como política pública, no como excepción
La intervención en Llíria no es un caso aislado dentro de la estrategia de la Diputación de Valencia. La delegación de Memoria Democrática que coordina Natàlia Enguix cuenta con un presupuesto anual de dos millones de euros, que financia tanto las exhumaciones como programas educativos —'Memoria a la Escuela' o 'Memoria en las Bibliotecas'— y proyectos culturales como exposiciones y pódcast. A esto se suma un incremento de 250.000 euros en las ayudas a ayuntamientos y asociaciones, que en 2026 alcanzan el millón de euros.
La apuesta tiene una lógica clara: sin educación, la memoria se convierte en un acto puntual y no en una conciencia colectiva. Enguix ha subrayado que ofrecer estos recursos formativos es lo que garantiza que "la juventud trabaje con las fuentes originales y tenga capacidad crítica para liderar la reflexión sobre nuestro pasado".
"Un país no es plenamente libre si mantiene a sus ciudadanos en cunetas o fosas comunes anónimas." - Natàlia Enguix, vicepresidenta y responsable de Memoria de la Diputación de Valencia
Cuando los arqueólogos terminen su trabajo en Llíria y los forenses completen los análisis, algunos de esos nombres que hoy son solo listas en archivos históricos podrían volver a ser personas con cara, con historia y con familia que los espera. Para esas familias, que llevan décadas aguardando, eso no es arqueología: es el final de una espera que nunca debería haber comenzado.