Treinta años después del fin de la guerra, miles de indígenas guatemaltecos siguen sin saber dónde están los cuerpos de sus familiares. Esa es la realidad que encontró este lunes Natàlia Enguix, vicepresidenta primera y responsable de Cooperación Internacional de la Diputación de Valencia, cuando se reunió con víctimas del conflicto armado interno en la iglesia católica de San Benito Petén, en Guatemala. Un templo convertido, al menos por unas horas, en lugar de memoria y reclamo.
Enguix inició así una gira por el país centroamericano para conocer sobre el terreno los proyectos de cooperación al desarrollo que financia la institución provincial valenciana: iniciativas que abarcan desde la soberanía alimentaria y la igualdad de género hasta la recuperación de la memoria histórica de comunidades que todavía esperan reparación.
Una guerra, 36 años y 200.000 víctimas
Para entender el alcance de lo que se vive en esas comunidades, conviene recordar la magnitud de la tragedia. El conflicto armado interno guatemalteco finalizó el 29 de diciembre de 1996 con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, poniendo fin a una lucha de 36 años. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, nombrada por las Naciones Unidas, estimó que el saldo final fue de doscientos mil muertos, cuarenta y cinco mil desaparecidos y cerca de cien mil desplazados. La población indígena, que constituye más de la mitad de los guatemaltecos, fue la más afectada por la represión. Décadas después, el Estado guatemalteco no ha reparado ese daño de forma equivalente a lo sufrido.
En ese contexto opera el proyecto de la ONG valenciana Periferies del Món, que la Diputación de Valencia financia con 45.000 euros. Su objetivo es acompañar a comunidades indígenas en el acceso a la verdad y la justicia por la violencia ejercida, especialmente contra las mujeres, durante el conflicto. La iniciativa alcanza a 75 comunidades y a cerca de 40.000 personas distribuidas en 21 comunidades de seis departamentos del país.
Mujeres mayas Kaqchikel ante los tribunales
El proyecto ha sido especialmente relevante para que víctimas de pueblos indígenas de origen maya Kaqchikel, en su mayoría mujeres, puedan gestionar ante los tribunales guatemaltecos su demanda de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos sufridas durante la guerra. Con esos fondos se han identificado testigos clave, se han desarrollado acciones de empoderamiento jurídico y psicosocial, y se ha construido una red comunitaria de apoyo integrada por personas y familias de las localidades donde viven los y las testigos. El equipo jurídico ha generado además una estrategia de litigio para coordinar las acciones procesales con el Ministerio Público.
Decenas de comunidades y miles de afectados esperan aún que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se pronuncie sobre las denuncias que les presentaron. En la reunión con Enguix tomó la palabra José Alberto Salvatierra, representante del Comité de Víctimas de Las Cruces-Petén, quien describió sin rodeos lo ocurrido:
"Desapariciones y asesinatos durante la guerra, con personas que años después seguimos sin saber dónde están" - José Alberto Salvatierra, representante del Comité de Víctimas de Las Cruces-Petén
Salvatierra también explicó que la Comisión Interamericana "les ha dado palabras de aliento" y les asegura que sus peticiones han sido tomadas en cuenta. Son palabras que sostienen la esperanza, aunque la espera ya se mide en décadas. En la misma reunión, varias mujeres aportaron sus testimonios directos sobre las violaciones registradas en tiempos de guerra.
El compromiso de la Diputación de Valencia
Ante los testimonios escuchados, Enguix no dudó en transmitir el respaldo de la institución valenciana a quienes llevan años reclamando justicia:
"Todos y todas tenemos derecho a reclamar que se repare el daño sufrido durante un conflicto armado y desde la Diputación os animamos a continuar con esa lucha, que es la lucha en defensa de los derechos humanos" - Natàlia Enguix, vicepresidenta primera y responsable de Cooperación Internacional de la Diputación de Valencia
La vicepresidenta también reconoció el largo recorrido de estas comunidades: llegar a organismos internacionales como la Comisión Interamericana no es un logro menor, especialmente para población indígena y rural que habita en zonas remotas del país y que, a pesar de los daños sufridos, sigue sin recibir medidas de compensación equivalentes a lo que vivió. "Debemos confiar en que poco a poco se van a tener en cuenta los casos denunciados y esperemos que se produzca esa reparación a una reivindicación tan justa", añadió Enguix.
Una agenda que no termina en San Benito
La visita a las víctimas del conflicto armado fue solo el primer capítulo de una agenda más extensa. Para el día siguiente, la agenda de Enguix incluía dos nuevas reuniones: una con el equipo del Centro de Análisis Forense de Guatemala, en el marco de las iniciativas de reparación y memoria subvencionadas por la Diputación, y otra con el colectivo MadreSelva, que trabaja para que las comunidades mayas de la Zona Reina fortalezcan sus capacidades para la gestión colectiva del territorio y los bienes naturales.
El recorrido continuaría el miércoles con la visita a la sede de CENTRACAP, organización que desarrolla el proyecto '¡Alzando la voz!', centrado en la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras de casa en el departamento de Chimaltenango, concretamente en el municipio de Patzún. Este proyecto cuenta con una subvención de 48.000 euros por parte de la Diputación. En total, la institución provincial valenciana suma más de 93.000 euros comprometidos en proyectos que, en un país todavía marcado por las cicatrices de su guerra civil, intentan convertir la memoria en justicia y la justicia en futuro.