Casi dos años después de que la dana del 29 de octubre de 2024 arrasara decenas de municipios de la provincia de Valencia en lo que se considera una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente de España, la Diputació de València da un paso en firme hacia la rendición de cuentas: ha puesto en marcha un portal de transparencia específico donde cualquier ciudadano puede consultar, con detalle y sin intermediarios, qué se ha hecho, cuánto se ha gastado y cómo se ha gestionado la reconstrucción desde la institución provincial.
Un portal para responder a la pregunta que todos se hacen
¿A dónde fue exactamente el dinero público destinado a reconstruir la provincia? Esa es, en el fondo, la pregunta que este nuevo portal intenta responder. La iniciativa, impulsada por el servicio de Transparencia con la colaboración del área de Administración Electrónica, reúne en un único espacio toda la información relativa a las actuaciones llevadas a cabo por la Diputació desde la noche del 29-O. Una fecha que marcó un antes y un después en la vida de cientos de miles de valencianos.
El contexto no es menor. La Diputació ha acometido una inversión cercana a los 200 millones de euros para recuperar servicios básicos e infraestructuras dañadas. La corporación ha gastado ya los 54 millones transferidos por el Gobierno central para ayudar en la recuperación de las zonas afectadas, en el marco de los 150 millones que la Diputació de València destinó en un primer momento a la dana con el remanente de 2024 y el Presupuesto de 2025. Unas cifras que, hasta ahora, no tenían un espacio propio y accesible donde los vecinos pudieran verificarlas.
"Considerábamos un derecho de cualquier ciudadano de la provincia saber lo que hemos hecho exactamente desde la Diputación para levantar un territorio devastado por la tragedia de la dana, dónde se han invertido los recursos provinciales exactamente." - Vicent Mompó, presidente de la Diputació de València
Cinco apartados para una gestión de emergencia al descubierto
El Portal de Transparencia Dana se estructura en cinco secciones diferenciadas. La primera recoge información institucional, organizativa y de personal, permitiendo identificar qué órganos y servicios de la corporación adoptaron acuerdos o ejecutaron actuaciones relacionadas con la catástrofe. La segunda sección es de carácter jurídico e incluye tanto los decretos de presidencia como los acuerdos de junta de gobierno local relativos a medidas económicas, presupuestarias y de paralización de plazos en la tramitación administrativa de los expedientes municipales. También puede consultarse el protocolo de emergencias climáticas de la institución.
El tercer apartado es, quizás, el más revelador para el ciudadano de a pie: recoge todos los contratos celebrados con motivo de las actuaciones derivadas de la dana, desglosados por áreas, desde agua y residuos hasta carreteras, pasando por asistencia técnica, cooperación municipal, informática, medio ambiente, parque móvil, patrimonio y proyectos técnicos. Una radiografía económica de la emergencia que, por primera vez, se ofrece de forma ordenada y accesible al público general.
Los otros dos apartados completan el cuadro: uno recopila todas las noticias elaboradas por la institución en relación con la reconstrucción, y otro explica el procedimiento para solicitar información adicional, incluyendo resoluciones sobre derechos de acceso a la documentación relacionada con la dana.
Transparencia en tiempos de reconstrucción
La dana que arrasó la provincia de Valencia sigue condicionando el día a día de los municipios afectados, que continúan inmersos en la ejecución de obras, la redacción de proyectos y la tramitación de ayudas. En ese escenario de gestión prolongada, la sobrecarga técnica derivada de la gestión de fondos para la reconstrucción ha sido uno de los aspectos más mencionados por los propios alcaldes. No sorprende, entonces, que la demanda de claridad y acceso a la información haya crecido entre la ciudadanía.
La apuesta por la transparencia llega además en un momento en que la coordinación interinstitucional sigue siendo un reto. La comisión mixta para la reconstrucción cuenta con representación de las cuatro administraciones implicadas: el Gobierno central, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y los ayuntamientos afectados. En ese entramado complejo de responsabilidades compartidas, saber exactamente qué ha hecho cada institución no es solo una cuestión de buena gobernanza: es una necesidad práctica para evitar duplicidades y detectar vacíos.
El nuevo portal, disponible en la página web de la Diputació de València, supone un ejercicio de apertura institucional poco habitual en la gestión de emergencias en España, donde la información sobre contratos y recursos suele quedar dispersa en distintos registros o publicada con considerable retraso. Que una institución provincial reúna en un solo espacio toda su actuación ante una catástrofe de esta magnitud, desde los acuerdos jurídicos hasta los contratos por servicio, es una señal de que la reconstrucción no solo se mide en kilómetros de carretera reparados o en puentes reabertos al tráfico, sino también en la capacidad de rendir cuentas ante quienes más lo necesitan: los vecinos que lo perdieron todo aquella noche de octubre.