El pleno municipal de Sagunto aprobó esta semana una moción en apoyo a la huelga general convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre, sumándose así a una movilización que, por primera vez en 14 años, reúne conjuntamente a CCOO y UGT en un paro de 24 horas. La última vez que los dos grandes sindicatos españoles llamaron juntos a una huelga general fue en noviembre de 2012, en plena crisis del rescate financiero. Ahora el contexto es diferente, pero la urgencia, según quienes la convocan, igual de acuciante: la crisis de vivienda y el deterioro del poder adquisitivo centran la protesta.
La moción fue impulsada por la Plataforma per l'Habitatge de Sagunt y presentada en el pleno de forma conjunta por los grupos PSPV-PSOE, IP, Compromís per Sagunt y EU-Unides Podem. Salió adelante con los votos favorables de esas cuatro formaciones y los votos en contra de PP y Vox. Durante la sesión, representantes de los sindicatos convocantes tomaron la palabra para defender el texto, que además fue ampliado mediante una autoenmienda para incorporar a la Confederación Intersindical y a la Confederación General del Trabajo (CGT) en la lista de organizaciones convocantes del paro.
Una convocatoria histórica que va más allá de los sindicatos
La huelga del 11-N no es solo sindical. Está respaldada por el Sindicato de Inquilinas y cuenta con la adhesión de CGT y LAB, entre otras organizaciones territoriales. La moción aprobada en Sagunto lo reconoce expresamente: aunque la convocatoria la encabezan CCOO y UGT, confluye de manera unitaria con la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y los movimientos sociales en defensa de la vivienda. Una alianza inusual entre el sindicalismo clásico y el activismo por el derecho a un techo que refleja hasta qué punto la vivienda ha dejado de ser un problema secundario para convertirse en una emergencia cotidiana.
CCOO y UGT han ligado la movilización a la crisis de vivienda y al deterioro del poder adquisitivo. Entre sus demandas figuran el desbloqueo de la negociación colectiva, incrementos salariales de entre el 4% y el 7%, límites a los alquileres en zonas tensionadas, el aumento del parque público de vivienda y medidas contra los pisos turísticos y de temporada. Un programa reivindicativo que el Ayuntamiento de Sagunto ha hecho propio a través de la moción aprobada en pleno.
Lo que reclama Sagunto: de los desahucios a los fondos buitre
El documento aprobado despliega un abanico de exigencias dirigidas a las tres administraciones. Al propio Ayuntamiento de Sagunto se le insta a ampliar el parque de alquiler asequible, garantizar alternativas habitacionales frente a los desahucios y limitar estrictamente las Viviendas de Uso Turístico (VUT), una de las palancas que más presión ejerce sobre el mercado residencial en municipios medianos y grandes de la Comunitat Valenciana.
A la Generalitat Valenciana, la moción le exige aplicar la legislación vigente desde 2023 para declarar Zona de Mercado Residencial Tensionado a los municipios que lo hayan solicitado —una herramienta que sigue sin activarse en muchos casos— e incrementar la inversión pública en vivienda hasta alcanzar, al menos, el 2% del PIB en la Comunitat. También se reclama acelerar las convocatorias de ayudas para alquiler, compra, rehabilitación y regeneración urbana, y garantizar la calificación permanente de las Viviendas de Protección Pública (VPP) para impedir su descalificación o privatización.
En cuanto al Gobierno de España, la moción exige políticas estructurales que amplíen el parque público y protejan a los inquilinos frente a los desahucios. Se reclama prohibir la compra de vivienda por parte de fondos buitre, regular los alquileres de temporada y por habitaciones, y prorrogar automáticamente los contratos de alquiler. Una batería de medidas que ya circula en el debate político nacional, pero que aún espera concreción legislativa.
Salarios, pensiones y el derecho a hacer huelga
La moción no se limita a la vivienda. También insta al Ministerio de Economía a proteger las rentas de las familias trabajadoras controlando los precios de los bienes básicos y la energía, y emplaza a las organizaciones empresariales a desbloquear de manera inmediata la negociación colectiva. La inflación interanual se situaba en el 4,3% en agosto de 2026, mientras que el incremento salarial promedio de este año ronda el 2,1% , una brecha que, en la práctica, significa que muchos trabajadores ganan menos en términos reales que hace un año.
Los grupos políticos firmantes se comprometen además a defender la viabilidad del sistema público de pensiones y a blindar la financiación de los servicios públicos. Y, en un gesto tan simbólico como concreto, la moción garantiza el pleno ejercicio del derecho constitucional a la huelga entre el personal de la propia Corporación Municipal de Sagunto.
"Como Administración más cercana a la ciudadanía, este Ayuntamiento debe reconocer la legitimidad de todos los actores convocantes y respaldar sus exigencias frente a la especulación y la precariedad." - Plataforma per l'Habitatge de Sagunt, en la moción aprobada en el pleno municipal
El respaldo institucional del Ayuntamiento de Sagunto al 11-N se enmarca en un debate que ya no es solo sindical ni urbanístico: es un debate sobre el modelo de ciudad y de país. Que un pleno municipal vote a favor de limitar los pisos turísticos, prohibir los fondos buitre o exigir el 2% del PIB en vivienda pública no resuelve nada por sí solo, pero sí traza una línea política ante una emergencia que, para muchos vecinos, se mide en euros al mes y en la distancia entre el sueldo y el recibo del alquiler.