Esta semana hemos vivido el enésimo episodio del postureo político de Podemos y Compromís y su manida arenga contra las diputaciones. El futuro de esta institución volvía al Debate de Política General en las Corts con la sensación de vivir un eterno Día de la Marmota.
Son varias las ocasiones que desde esta misma tribuna he defendido la necesidad de las diputaciones provinciales y su papel insustituible para mejorar la vida de nuestros vecinos, especialmente aquellos que viven en pequeñas localidades.
No voy, (como hace la izquierda radical y los nacionalistas), a repetir el mantra ideológico. La realidad del día a día nos demuestra la utilidad e idoneidad de las Diputaciones.
El pasado 6 de agosto se declaró en las proximidades del municipio de Llutxent, uno de los peores y graves incendios de la provincia de Valencia y de la Comunidad Valenciana en estos últimos años. En total, las llamas arrasaron más de 3.100 hectáreas, alcanzó a casi medio centenar de viviendas, y tuvieron que ser desalojadas más de 2.500 personas.
Afectó a localidades de diferente tamaño y fisonomía: Llutxent, Gandia, Barx, Pinet, Ador, Quatretonda y Ròtova. Transcurrido más de un mes desde la extinción comprobé in situ con los portavoces y el alcalde de las localidades afectadas por el incendio la falta de acciones concretas del Consell y la Diputación para recuperar las zonas afectadas.
No se ha realizado ninguna actuación urgente a nivel institucional, publicándose el primer decreto del Consell, el pasado 5 de septiembre, sin ninguna aportación económica y abriendo un plazo de 45 días a los afectados para presentar reclamaciones.
¿Saben qué me transmitieron? La necesidad de reunirse con elpresidente de la Diputación y establecer ayudas económicas para que los municipios puedan recuperarse del grave daño material y ecológico sufrido por el incendio con la mayor premura.
Sin embargo, más de un mes después, la Diputación tan sólo ha sido capaz de poner a disposición de los ayuntamientos a los técnicos provinciales para evaluar daños, una demora en la respuesta que preocupa a unos municipios incapaces de dar respuesta por sí mismos.
En 2012, el anterior gobierno popular de la Diputación, dos semanas después de los incendios de Cortes de Pallás y Andilla, se reunió con los alcaldes de los municipios afectados y en el mismo mes se aprobó una encomienda a la antigua Imelsa para valorar los daños que se habían producido y destinar recursos para las reparaciones de caminos e infraestructuras dañadas destinando una partida presupuestaria de 825.000€. Otros 500.000 euros de fondos propios de la Diputación se destinaron a la reparación de pozos de abastecimiento de agua potable y desagües.
Además, se firmaron diferentes convenios con los municipios afectados de 50.000 € a cada uno, para afrontar la reposición de serviciosesenciales como el suministro eléctrico y abordar diferentes reparaciones urgentes a consecuencia de los daños causados por los incendios.
En los momentos complicados para los municipios afectados se requiere celeridad, decisión y una administración próxima. Es hora de pasar a la acción, implantando medidas concretas y hacer realidad el lema de la Diputación “codo a codo con los Ayuntamientos”.