El acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación para su ciudadanía. Ya sea en régimen de propiedad o de alquiler, las condiciones actuales del mercado dificultan seriamente que las familias puedan aspirar a un hogar digno sin realizar grandes sacrificios económicos. La situación no solo afecta a los colectivos más vulnerables, como los jóvenes o las familias con ingresos bajos, sino que se ha generalizado como un problema estructural de difícil solución a corto plazo.
Según un informe del portal inmobiliario pisos.com, los valencianos necesitan ahorrar durante una media de 10,78 años el 20 % de su salario bruto anual para poder hacer frente al pago de la entrada y los gastos iniciales de la compra de una vivienda. Esta cifra, que ya es elevada, se sitúa solo ligeramente por debajo de la media nacional, que asciende a 12,06 años.
El cálculo parte del supuesto de que una persona puede destinar el 20 % de su salario mensual a este objetivo, lo que equivale a unos 460 euros al mes, teniendo en cuenta que el salario medio en la Comunitat Valenciana ronda los 24.619 euros brutos anuales. No obstante, este esfuerzo de ahorro no contempla otros gastos como el coste de vida o la inflación, lo que lo convierte en un objetivo casi inalcanzable para muchos hogares.
En términos absolutos, el precio medio de una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en la Comunitat Valenciana se sitúa en 176.893 euros. Para acceder a una hipoteca, se requiere disponer del 20 % de entrada (unos 35.379 euros) más un 10 % adicional para cubrir los gastos de compra, como notaría, impuestos y gestiones administrativas, lo que eleva la inversión inicial a aproximadamente 53.068 euros.
“El acceso a la financiación hipotecaria se ha vuelto muy exigente. Las condiciones de entrada excluyen automáticamente a una gran parte de la población”, alerta Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.
La Comunitat Valenciana no es la región más afectada, pero tampoco está entre las más asequibles. En Baleares, por ejemplo, el precio medio de una vivienda de 90 m² supera los 450.000 euros, lo que obliga a ahorrar durante 25 años. En Madrid se requieren 18 años; en Canarias y País Vasco 14 años; y en Cataluña 13. Por el contrario, comunidades como Extremadura o Castilla-La Mancha presentan precios más accesibles, con periodos de ahorro de unos 5 años.
El alquiler tampoco da tregua: superar los 1.000 euros es la nueva normalidad
Para quienes no pueden optar a la compra, el alquiler tampoco ofrece soluciones viables. De hecho, los precios del alquiler no dejan de subir. Según los datos de Fotocasa correspondientes al mes de abril de 2025, el precio medio del alquiler en la Comunitat Valenciana se sitúa en 13,40 euros por metro cuadrado, lo que supone que un piso estándar de 80 m² cuesta ya más de 1.000 euros mensuales.
Este encarecimiento representa un incremento interanual del 10,3 %, una tendencia que se ha mantenido estable en los últimos años y que afecta a todas las provincias: Castellón (+12,7 %), Valencia (+9,7 %) y Alicante (+8,2 %). Las ciudades más afectadas por esta escalada son Orihuela, con un alza del 23,2 %, y Sagunt con un 20,5 %.
Valencia capital encabeza el ranking de precios con 15,82 euros/m², seguida de localidades como Benidorm, Finestrat y Alboraya, que superan incluso los 17 euros/m², situándose a niveles comparables con ciudades como Madrid o Barcelona.
A nivel nacional, solo cuatro comunidades superan los 15 euros/m²: Madrid (21,10), Cataluña (19,01), Baleares (17,99) y País Vasco (16,63). La Comunitat Valenciana se sitúa en sexta posición, solo por detrás de Canarias.
El acceso a una vivienda, principal preocupación de los valencianos
Esta realidad ha calado profundamente en la percepción de la ciudadanía. El 67 % de los valencianos ve con inquietud su capacidad de acceder a una vivienda en el futuro, según el II Barómetro de la Vivienda elaborado por el Grupo Mutua Propietarios. Un 41 % se declara bastante preocupado y un 26 %, muy preocupado. Entre los más alarmados están los jóvenes de 18 a 24 años, con un 77 %, y las familias numerosas, con un 75 %.
A esta preocupación se suma una profunda desconfianza en las políticas públicas. Solo un 13 % considera que las medidas actuales para mejorar el acceso a la vivienda son eficaces. En cambio, un 33 % cree que no tienen ningún efecto y un 32 % las califica de contraproducentes. El 66 % de los encuestados cree que los precios seguirán subiendo a lo largo de 2025; un 41 % estima que lo harán entre un 5 % y un 10 %, y un 25 %, por encima del 10 %.
Para hacer frente a esta situación, muchos ciudadanos se ven obligados a realizar ajustes importantes en su vida diaria. Un 31 % prevé reducir su vida social y su gasto en ocio, un 29 % anticipa una disminución de su capacidad de ahorro, y un 28 % considera un cambio de residencia como una posible solución.
Entre las causas más señaladas por los valencianos como responsables del aumento de los precios, destacan la especulación inmobiliaria y la inversión con fines lucrativos (42 %), así como la escasez de oferta de viviendas (34 %) y la falta de políticas efectivas de control de precios (27 %).
En el caso concreto del alquiler, muchos apuntan a la dificultad de acceder a una vivienda en propiedad (35 %) como un detonante del aumento de la demanda, lo que a su vez eleva los precios. También preocupan el auge de los alquileres turísticos (30 %) y la falta de protección jurídica para propietarios e inquilinos (18 %).
“La limitada oferta de inmuebles y la falta de confianza en el mercado están dificultando que los propietarios saquen sus viviendas al alquiler convencional”, explica Laura López Demarbre, subdirectora general de Estrategia de Grupo Mutua Propietarios.
La situación del mercado de la vivienda en la Comunitat Valenciana refleja un problema estructural que combina factores económicos, sociales y políticos. Con precios de compra y alquiler que superan la capacidad de ahorro de la mayoría, una creciente desconfianza en las políticas públicas y consecuencias directas sobre la calidad de vida, el acceso a la vivienda se ha consolidado como uno de los desafíos más urgentes en la agenda social valenciana.
Mientras no se implementen medidas estructurales que equilibren la oferta y la demanda, el horizonte para miles de valencianos seguirá marcado por la incertidumbre, el esfuerzo económico desproporcionado y la renuncia a una vivienda digna como derecho básico.