La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado la inminente contratación de auxiliares administrativos y trabajadores sociales para fortalecer los servicios de Registro y Padrón, así como los Servicios Sociales Municipales. Esta medida ha sido adoptada para gestionar la demanda ordinaria de los ciudadanos y, de manera crucial, para hacer frente al "colapso que está generando el decreto de regularización del Gobierno en los servicios municipales de los ayuntamientos de toda España", según ha subrayado Catalá.
La primera edila ha enfatizado el compromiso del consistorio valenciano con la ciudadanía. "Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a reforzar los servicios implicados: vamos a proceder a la contratación a través de la bolsa de auxiliares administrativos y trabajadores sociales específicamente para este proceso porque la ciudadanía no debe verse perjudicada por la falta de planificación que está provocando un Real Decreto que se ha hecho a espaldas de los ayuntamientos", ha asegurado la alcaldesa. Esta decisión se ha tomado tras una reunión con las jefaturas y el personal de los Servicios Sociales y de Registro y Padrón del Ayuntamiento, en la que también han participado la concejala de Recursos Humanos, Julia Climent; la de Servicios Sociales, Marta Torrado; y el de Transparencia y Defensa de la Ciudadanía, Juan Carlos Caballero.
Reclamación de financiación al Gobierno central
El Ayuntamiento de València ha estimado que el coste de este refuerzo de personal ascenderá a un millón de euros. La alcaldesa ha sido contundente al señalar que este importe "lo vamos a volcar en el Gobierno de España". Ha manifestado la intención de la corporación local de reclamar estos fondos al Ejecutivo central. "Vamos a estudiar todas las vías para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez este importe", ha afirmado Catalá, argumentando que "si hay un principio de lealtad financiera para las autonomías, también ha de haberlo para los ayuntamientos".
La alcaldesa ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central asuma la responsabilidad económica derivada de sus normativas. "Si por una norma suya, sobrecargan el trabajo de los ayuntamientos, deben dotarlos de los recursos necesarios", ha continuado. Ha expresado su preocupación por la capacidad de los servicios municipales para atender simultáneamente la gestión diaria y la avalancha de nuevas solicitudes. "Si no, ¿cómo atendemos el día a día habitual de los valencianos que hacen un trámite de padrón normal y al mismo tiempo esta avalancha de solicitudes? ¿Cómo lo hacemos?", ha cuestionado.
Críticas a la gestión y falta de comunicación
La alcaldesa ha criticado duramente la forma en que se ha gestionado el proceso de regularización, lamentando la falta de implicación de las entidades locales. Ha declarado que el decreto "se ha hecho a espaldas de los ayuntamientos cuando somos nosotros los que estamos sufriendo las consecuencias de la falta de planificación y de información del Gobierno de España". Para Catalá, "es inadmisible que el Ejecutivo haya hecho este proceso sin contar con los ayuntamientos, que somos los que recibimos las colas y las personas con muchas dudas, con dificultades incluso de poder expresarse".
Un ejemplo de esta falta de coordinación, según la alcaldesa, ha sido la comunicación tardía por parte del Gobierno. Ha denunciado que el pasado viernes, "pasadas las cinco de la tarde, la Secretaría de Estado de Inmigraciones envió una carta solicitando ayuda in extremis a los ayuntamientos, una vez ya iniciado el proceso". Catalá ha lamentado que no se haya planificado y dialogado previamente, y ha recordado que en la reciente reunión de la Comisión Nacional de Administración Local, presidida por el ministro de Cooperación Territorial, "en ningún momento nos hablaron de esta circunstancia". Ha concluido que "los ayuntamientos estamos trabajando a ciegas", sin información clara, lo que "está perjudicando nuestro funcionamiento ordinario. Cualquier persona que viene a hacer un trámite ordinario está sufriendo colas y demoras".
Incertidumbre sobre la acreditación de vulnerabilidad
La alcaldesa también ha señalado la confusión generada en torno a los requisitos del proceso, haciendo referencia al informe emitido por el Consejo de Estado sobre el Real Decreto. Este informe "advertía de que faltaba un marco claro de actuación a la situación de vulnerabilidad, y que ello tendría consecuencias tanto para las entidades, que no podrían llevar a cabo su cometido a tiempo, como para los potenciales beneficiarios que quedarían expuestos a un régimen inseguro e indefinido", ha asegurado. Catalá ha añadido que "en esa hora estamos", con "mucha inseguridad, mucha falta de información". Ha puesto como ejemplo que "ayer escuchábamos a entidades colaboradoras decir que no sabían si el certificado podía ser firmado de forma manual o debía ser digital". Además, ha criticado que "el Gobierno ha volcado en los ayuntamientos unas funciones que son dudosas respecto a la competencia, y está generando mucha confusión".
Ante esta situación, la alcaldesa ha anunciado que se dirigirá por carta al Gobierno para solicitar aclaraciones sobre varios puntos clave:
- Si es necesaria o no la acreditación de vulnerabilidad.
- Si los ayuntamientos han de realizar dicha acreditación.
- En caso afirmativo, cuál es el marco de criterios para valorar y determinar la vulnerabilidad.
Catalá ha cuestionado la lógica de exigir un certificado de vulnerabilidad si, como ha afirmado la ministra, "cualquier persona irregular es vulnerable". Ha explicado que la emisión de un certificado de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales públicos "requiere un conocimiento contrastado de cada situación que queda fuera del ámbito competencial de las funciones profesionales de intervención social". Esta complejidad se agrava "si la persona extranjera no ha sido previamente usuaria de los servicios públicos, como es el caso de muchas de estas personas". La alcaldesa ha expresado su esperanza de que estas dudas "se aclaren cuanto antes, por el bien de todos", y ha reiterado la disposición del ayuntamiento a colaborar una vez resueltas las incógnitas.
Centralización del servicio en la Casa Consistorial
Finalmente, la alcaldesa ha destacado la decisión del gobierno municipal de "no establecer un lugar alejado, con colas y con personal fuera de la administración local o de la Casa Consistorial para hacer este procedimiento". Ha explicado que "no hemos derivado este problema a un lugar específico; lo hemos centralizado en la oficina de padrón de la Casa Consistorial, que es donde están los técnicos, los servicios, los secretarios y todo el personal de la casa". Catalá ha argumentado que, aunque "a lo mejor lo fácil hubiera sido ubicar una oficina en Feria València, pero esa no es la vocación de este ayuntamiento". La vocación del consistorio, ha concluido, es que estas personas "tienen derecho a ser atendidas con todos los técnicos de la casa, con la consultoría jurídica de los servicios sociales y también de los secretarios municipales e intentar ayudarles al máximo posible".