El agua que desaparece por el desagüe de cualquier hogar valenciano no se evapora en el olvido. Pasa por una red de colectores, llega a instalaciones de depuración y, tras un proceso de tratamiento, regresa al ciclo natural del agua. Mantener ese sistema en funcionamiento tiene un coste enorme, y este viernes la Junta de Gobierno Local de València ha dado un paso concreto para garantizarlo: ha aprobado una ampliación presupuestaria de 363.513,98 euros adicionales para 2026, gracias a la financiación de la Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR), el organismo autonómico encargado de velar por la depuración de aguas en la Comunitat Valenciana.
Tres millones al año, hasta 2028
No se trata solo de un ajuste puntual. La Junta de Gobierno ha aceptado una aportación plurianual que cubrirá los ejercicios 2026, 2027 y 2028, con una cantidad fija de 3.008.774,56 euros por año. Una cifra que se abonará en doce mensualidades iguales, con liquidación final al cierre de cada ejercicio. Es decir, un modelo de financiación estable y previsible que permite a la ciudad planificar el mantenimiento de sus infraestructuras hídricas sin depender de decisiones año a año.
El reparto de esa financiación anual es claro. La mayor parte, 2.424.051,94 euros, se destina a la explotación y el mantenimiento de las propias instalaciones. Dentro de esa partida, casi 295.000 euros tienen un destino muy específico: la limpieza de colectores, esos grandes conductos subterráneos que transportan las aguas residuales y que, si no se limpian con regularidad, pueden colapsar o provocar problemas sanitarios graves. Los 584.722,62 euros restantes van íntegramente a cubrir los costes de energía eléctrica, un gasto que no suele aparecer en los titulares pero que resulta imprescindible para que las depuradoras funcionen las 24 horas del día.
El canon que pagan los ciudadanos, devuelto en infraestructura
El Canon de Saneamiento es un tributo de la Generalitat vigente desde 1993, concebido como un impuesto ecológico cuya recaudación se afecta a la financiación de los gastos de gestión y explotación de las instalaciones de evacuación, tratamiento y depuración de aguas residuales de titularidad pública. Dicho de otro modo: cada vez que un ciudadano paga su factura del agua, una parte de ese importe regresa, en forma de financiación, a las redes que hacen posible que el agua residual no acabe contaminando ríos, acuíferos o el propio litoral mediterráneo.
La EPSAR, creada por la Ley 2/1992 del Gobierno Valenciano, es una entidad de derecho público encargada de la ejecución de obras de saneamiento y depuración, la gestión del canon de saneamiento y la colaboración con las entidades locales en materia de aguas residuales. En la práctica, actúa como correa de transmisión entre lo que aportan los contribuyentes y lo que necesitan los ayuntamientos para mantener en pie unas infraestructuras que, como cualquier red enterrada, tiende a volverse invisible hasta que falla.
Un acuerdo que actualiza el gasto plurianual
Más allá del dinero extra que llega en 2026, el acuerdo aprobado este viernes tiene otra dimensión relevante: actualiza el proyecto de gasto plurianual vinculado al servicio de saneamiento, financiado íntegramente con recursos de la EPSAR, sin que el Ayuntamiento de València tenga que asumir la carga con fondos propios. Es un modelo de colaboración institucional que, sobre el papel, alinea los intereses de la Generalitat y el municipio en torno a uno de los servicios más esenciales —y menos glamurosos— de la vida urbana.
Pocas infraestructuras resultan tan silenciosas como las redes de saneamiento: no generan inauguraciones con foto, no aparecen en campañas electorales y raramente se mencionan en conversación. Sin embargo, su deterioro tiene consecuencias directas e inmediatas para la salud pública y el medio ambiente. Que Valencia cuente con más de tres millones de euros anuales garantizados para mantenerlas en funcionamiento no es un titular deslumbrante, pero sí una de esas noticias que, bajo la superficie, sostienen la ciudad.