Treinta y nueve familias valencianas tienen ahora la certeza de que contarán con un techo. El Ayuntamiento de València ha adjudicado las 39 viviendas de protección pública de nueva construcción ubicadas en el número 19 de la avenida de José Roca Coll, en el distrito de Patraix, a otras tantas personas inscritas en el registro municipal de demandantes de alquiler asequible. Todas ellas tienen 45 años o menos, llevan años arraigadas en la ciudad y, en la gran mayoría de los casos, cargan con situaciones de vulnerabilidad que hacen del mercado libre algo prácticamente inaccesible para ellas.
El dato más revelador del proceso de selección lo resume una sola cifra: el 85% de las familias beneficiarias acredita al menos un criterio de prioridad social, como ser familia numerosa o monoparental, tener algún miembro con discapacidad o en situación de dependencia, o haber sufrido violencia de género o doméstica. No son casos excepcionales: son el perfil mayoritario de quienes esperan una oportunidad en el parque público municipal.
Un edificio, 39 historias y un baremo que pone orden
El inmueble adjudicado cuenta con ocho plantas, 39 viviendas, 30 plazas de garaje y 21 trasteros, con una superficie total construida de 6.115,11 metros cuadrados. Las viviendas se han distribuido mediante un sistema de puntos que valora, sobre todo, el arraigo en la ciudad: la máxima puntuación corresponde a quienes acreditan siete o más años de empadronamiento ininterrumpido en València. Más del 90% de los adjudicatarios cumple ese requisito, lo que convierte este proceso en algo parecido a un reconocimiento institucional del vínculo real con la ciudad, con independencia del lugar de origen.
Los hogares seleccionados presentan una media de 5,26 miembros. El 95% acredita personas a su cargo, siete de cada diez (72%) son familias numerosas y cerca de una de cada cinco (18%) tiene algún miembro con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Son cifras que dibujan un perfil alejado del imaginario del "demandante de vivienda pública" como individuo aislado: aquí la norma es la familia amplia, con cargas y con necesidades concretas.
"Estas 39 viviendas públicas son para familias que de verdad las necesitan, que llevan años viviendo en València y están inscritas en el registro municipal de demandantes de vivienda porque tienen dificultades de acceso al mercado libre. Ese es el sentido social de esta operación" - Juan Giner, concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias del Ayuntamiento de València
Tres tramos de renta para no dejar fuera a las clases medias
Uno de los aspectos más llamativos del modelo es su enfoque de renta. Las 39 viviendas se han dividido en tres grupos iguales de 13 unidades, cada uno destinado a un tramo de ingresos diferente basado en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en cómputo anual se sitúa en 8.400 euros:
- Tramo 0: hogares con ingresos de entre 0,5 y menos de 2 veces el IPREM (entre 4.200 y menos de 16.800 euros anuales).
- Tramo 1: ingresos de entre 2 y 3,5 veces el IPREM (entre más de 16.800 y 29.400 euros anuales).
- Tramo 2: ingresos de entre 3,5 y 4,5 veces el IPREM (entre 29.400 y 37.800 euros anuales).
La distribución igualitaria entre tramos responde a una realidad bien conocida en las grandes ciudades españolas: la crisis del acceso a la vivienda no afecta solo a quienes tienen ingresos muy bajos. Una familia con rentas medias de, pongamos, 28.000 euros anuales también puede encontrarse sin opciones reales en un mercado de alquiler disparado. Los tramos de renta más baja concentran los hogares de mayor tamaño y el mayor número de factores de vulnerabilidad, pero el diseño del sistema reconoce que el problema es estructural y transversal.
La permuta: suelo público convertido en llaves
Estas viviendas no han llegado al parque municipal por la vía tradicional de la construcción directa. El Ayuntamiento las ha obtenido mediante una permuta de solares aprobada por la Junta de Gobierno Local en octubre de 2025: el consistorio entregó cuatro parcelas municipales a una promotora privada a cambio del edificio ya terminado en Patraix. Las parcelas ofrecidas en la operación fueron valoradas en 7.980.007,88 euros y se destinarán íntegramente a la construcción de viviendas de protección pública.
La lógica de la fórmula es directa: en lugar de esperar años a que se construyan viviendas sobre solares municipales paralizados, se moviliza la bolsa de suelo municipal existente destinada a uso residencial que llevaba años inactiva, incorporando la colaboración privada a las iniciativas públicas en materia de vivienda protegida. El resultado es inmediato: un edificio terminado, adjudicable sin demoras. Y la contrapartida a medio plazo también es significativa: en los cuatro solares entregados, la promotora deberá construir en torno a 206 nuevas viviendas de protección pública.
En el conjunto del Plan + Vivienda, la permuta ya ha permitido incorporar directamente 125 viviendas al parque público municipal y activar la construcción de otras 606 en colaboración público-privada. El objetivo declarado de la legislatura es alcanzar las 954 viviendas de protección pública para los vecinos de la ciudad. Las 39 de Patraix son, en ese contexto, una pieza más de un puzzle que València lleva mucho tiempo intentando completar, en una ciudad donde encontrar un alquiler asequible se ha convertido, para demasiadas familias, en una carrera de obstáculos sin línea de meta visible.