Hay edificios que pertenecen a todos pero que nadie parece recordar. Locales cerrados, terrenos sin uso, construcciones adquiridas por expropiación que llevan años aguardando un destino. El Ayuntamiento de València ha dado un paso para poner orden en ese patrimonio invisible: la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el acuerdo marco para la ejecución de obras en inmuebles municipales no adscritos a ninguna delegación u organismo municipal, con una dotación de 1.260.000 euros y una vigencia de tres años.
Un contrato para lo imprevisible
La empresa adjudicataria es Canalizaciones y Derribos Safor SL, conocida comercialmente como CADERSA, una compañía con sede en el municipio de Gandia, en la provincia de Valencia. Fundada en 1995 como constructora especializada en proyectos de canalizaciones y derribos, acumula numerosas obras de referencia para la administración local, provincial y autonómica. No es, por tanto, una empresa recién llegada al sector público.
La figura contractual elegida —el acuerdo marco— no es la habitual licitación por obra concreta. Su lógica es distinta: en lugar de licitar cada intervención por separado, el ayuntamiento fija de antemano las condiciones generales, especialmente los precios, y luego va encargando trabajos a medida que surgen las necesidades. Esto resulta especialmente útil cuando las obras son consecuencia de acontecimientos imprevistos, como puede ser un temporal de viento, un intento de ocupación ilegal o el simple paso del tiempo sobre materiales que nadie ha mantenido.
El patrimonio que nadie ve
El Ayuntamiento de València posee edificios, locales, terrenos y otros inmuebles de naturaleza patrimonial que no están adscritos a ninguna concejalía ni a ningún organismo dependiente del consistorio, salvo a la propia Delegación de Patrimonio. Algunos de ellos se encuentran fuera de ordenación urbanística, adquiridos mediante expropiación o actuaciones urbanísticas, y están pendientes de demolición. Otros simplemente llevan años sin uso, deteriorándose en silencio.
Las causas del deterioro son variadas: eventos meteorológicos —especialmente relevantes en una ciudad con el historial de fenómenos climáticos de València—, intentos de usurpación o la degradación natural de los materiales. El resultado es siempre el mismo: inmuebles que, sin intervención, acaban convirtiéndose en focos de riesgo o en espacios abandonados que afean el entorno y generan problemas de seguridad.
Tres años de margen para actuar
El proceso que ha culminado esta semana se inició formalmente el pasado 13 de marzo, cuando la Junta de Gobierno Local acordó abrir la licitación pública. Tres meses después, la adjudicación está firmada y CADERSA dispondrá de hasta 1.260.000 euros para atender los encargos municipales a lo largo de los próximos tres años. El contrato abarca un espectro amplio de actuaciones: desde grandes reparaciones hasta trabajos de conservación y mantenimiento ordinario, pasando por demoliciones de edificaciones que ya no tienen cabida en los planes urbanísticos vigentes.
La decisión no es un gesto cosmético. Detrás de cada partida presupuestaria destinada a mantener un edificio en desuso hay una pregunta que el ayuntamiento responde con esta adjudicación: ¿qué se hace con lo que se posee pero no se usa? Por ahora, la respuesta es conservarlo, consolidarlo o, cuando no hay más remedio, derribarlo. Una gestión discreta, alejada del foco mediático, pero que protege el patrimonio colectivo de una ciudad de más de 800.000 habitantes y evita que el abandono se convierta en un problema mayor con el paso del tiempo.