El Ayuntamiento de València ha dado un paso significativo en la renovación de sus recursos humanos. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la oferta pública de empleo para 2026, que pone sobre la mesa 376 nuevas plazas, de las cuales 256 se convocarán por turno libre —el máximo que permite la normativa estatal— y el resto, principalmente a través de promoción interna. Una convocatoria que no es solo una cuestión de números: detrás de cada plaza hay un servicio público que necesita más manos y, en muchos casos, manos más jóvenes.
Policías, bomberos y trabajadores sociales, en el centro de la oferta
La distribución de las plazas refleja claramente las prioridades del consistorio valenciano. Los servicios que garantizan la seguridad y la atención ciudadana concentran el grueso de la oferta: 100 nuevas plazas de agente de la Policía Local y 30 de Bomberos, además de 15 destinadas a reforzar los servicios sociales municipales. En una ciudad que ha vivido episodios de gran exigencia para sus cuerpos de emergencias, la apuesta por ampliar estas plantillas responde a una necesidad que los propios datos de la administración venían reclamando desde hace tiempo.
Cabe recordar que las 256 plazas ofertadas por turno libre no son una cifra arbitraria. Representan el techo máximo que el Ayuntamiento puede convocar en aplicación de la tasa de reposición de efectivos fijada en los Presupuestos Generales del Estado, un mecanismo que regula cuántas plazas puede sacar a concurso una administración en función de las bajas producidas en su plantilla.
Una plantilla envejecida: el 64% supera los 50 años
Más allá de cubrir vacantes, la oferta tiene una dimensión demográfica que resulta llamativa. La edad media de los empleados municipales de València es de 52 años, y el 64,21% de la plantilla supera ya la cincuentena. Dicho de otra manera: la mayoría de quienes sostienen los servicios públicos de la ciudad están a una o dos décadas de la jubilación. De hecho, las proyecciones del propio ayuntamiento estiman que en los próximos diez años se jubilarán 1.081 personas, el equivalente al 20% de toda la plantilla. Rejuvenecer la organización no es, por tanto, un objetivo cosmético, sino una necesidad estructural.
La temporalidad, otro frente abierto
A la ecuación del envejecimiento se suma otro problema crónico que afecta al conjunto de las administraciones públicas españolas: la temporalidad. Mientras que en el sector privado la tasa de temporalidad ha caído al 12,1% tras la reforma laboral de 2022, en el sector público actualmente el 32,8% de los tres millones de trabajadores cuenta con un contrato eventual. En el caso de los entes locales, el problema es aún más agudo: la temporalidad se concentra especialmente en las comunidades autónomas (40%) y en los entes locales (35,8%).
El Ayuntamiento de València no es ajeno a esta realidad. Su índice de temporalidad se sitúa actualmente en torno al 24% de la plantilla, una cifra que la propia institución reconoce como insostenible. El objetivo declarado es reducirla hasta el 8%, el umbral que el Estado español se comprometió a no superar en el conjunto de las administraciones públicas. Alcanzar ese porcentaje no será inmediato —la legislación lo fija como techo máximo, no como punto de partida—, pero la oferta de 2026 es un paso concreto en esa dirección.
La convocatoria abierta y los procesos de promoción interna que arrancan con esta oferta configuran, en definitiva, una apuesta doble: estabilizar al personal temporal ya existente y abrir la puerta a nuevos perfiles que aporten frescura y continuidad a unos servicios públicos que, en menos de una década, tendrán que hacer frente a una jubilación masiva sin precedentes en la historia reciente del consistorio valenciano.