Cuatro años, cuatro rebajas fiscales consecutivas. El Ayuntamiento de València ha dado este viernes un paso más en su política tributaria al aprobar en la Junta de Gobierno Local las Ordenanzas Fiscales para 2027, que se someterán a votación en el pleno ordinario del próximo 29 de septiembre. El balance acumulado no es menor: las medidas de alivio fiscal aprobadas desde 2024 han generado un ahorro total superior a los 210 millones de euros para vecinos y comerciantes de la ciudad.
La mayor rebaja fiscal de la historia del consistorio, renovada un año más
La concejala de Hacienda y Presupuestos, y primera teniente de alcaldía, María José Ferrer San Segundo, fue la encargada de presentar las nuevas ordenanzas y de poner en valor el recorrido del mandato. La bajada de impuestos y tasas "beneficia al 99% de los vecinos de Valencia" , un porcentaje que el equipo de gobierno repite como leitmotiv desde que la alcaldesa María José Catalá arrancó esta política en el primer año de legislatura, sin esperar al tramo final.
"Para este último ejercicio de mandato, consolidamos, por cuarto año consecutivo, la mayor rebaja fiscal para la ciudad" - María José Ferrer San Segundo, concejala de Hacienda y Presupuestos del Ayuntamiento de València
El paquete fiscal que se mantiene para 2027 resulta ya conocido para muchos valencianos, pero no por ello deja de tener impacto directo en la economía doméstica. La Junta de Gobierno Local ha consolidado la rebaja del 20% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y bonificaciones del 95% en la plusvalía por herencia. A ello se suma la bonificación del 60% o el 90% en el IBI para familias numerosas, la rebaja del 50% en la tasa de alcantarillado y la bonificación del 95% en transmisiones inter vivos de inmuebles entre familiares directos vinculados a actividades económicas. En conjunto, estas medidas suponen un ahorro mínimo de 52,4 millones de euros al año para los contribuyentes.
Conviene recordar que el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica se bajó un 8,5% a partir de 2024, dejando sin efecto las subidas aprobadas en 2019 y aplicadas en 2020. Para muchas familias, el recibo del coche fue el primer síntoma tangible de que algo había cambiado en la tesorería municipal.
Nuevas medidas para el sector de la discapacidad
Las ordenanzas de 2027 no son una mera renovación del statu quo. Introducen novedades con un perfil social claro, centradas en las entidades que trabajan con personas con discapacidad. La primera medida establece que las organizaciones del tercer sector de la discapacidad que gestionen centros sociales o sociosanitarios quedarán exentas de la tasa de vados por los vehículos destinados a la asistencia y transporte de sus usuarios. La exención se extiende también a la tasa de reserva de espacio público cuando estos centros trasladen a personas con discapacidad a cualquier tipo de actividad. En la práctica, significa que una furgoneta adaptada que recoge a un usuario en su domicilio ya no generará un coste fiscal para la entidad que presta ese servicio.
La segunda novedad es una bonificación del 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las obras realizadas en Centros Especiales de Empleo. Para acceder a este beneficio, el inmueble deberá mantenerse como Centro Especial de Empleo durante un mínimo de cuatro años, y al menos el 70% de la plantilla deberá estar formada por personas con discapacidad —un requisito ya exigido por ley para obtener esa calificación—.
"Se trata de una medida que persigue aliviar fiscalmente a los centros especiales de empleo, que desarrollan una gran labor promoviendo la inserción laboral y el desarrollo de las personas con discapacidad" - María José Ferrer San Segundo, concejala de Hacienda y Presupuestos del Ayuntamiento de València
La tasa de basuras: más protección para los hogares vulnerables
Otro de los capítulos con cambios relevantes es el de la tasa municipal de recogida de residuos, una figura relativamente reciente en la fiscalidad local española, implantada de manera obligatoria por la ley estatal de residuos. En este punto, el Ayuntamiento ha decidido ampliar de forma significativa las bonificaciones previstas para los colectivos más expuestos. Las familias con ingresos que no superen el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) pasarán de tener una bonificación del 30% al 95% en esta tasa. Un salto que, en términos prácticos, equivale prácticamente a la exención total del tributo.
Las familias numerosas también verán mejorada su situación: la reducción en la tasa de basuras pasa del 30% al 50%, y se aplicará de oficio —sin necesidad de solicitarla— a quienes ya tengan reconocida esta condición en el IBI. Un gesto de simplicidad administrativa que evita trámites adicionales a quienes ya están identificados en el sistema.
Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una moción para que los servicios municipales diseñen un sistema de incentivos destinado a premiar el uso correcto y habitual del contenedor marrón de materia orgánica. En un contexto en que la separación de residuos sigue siendo una asignatura pendiente en muchos municipios españoles, la medida pretende que el comportamiento sostenible tenga recompensa fiscal, y no solo sanciones por su ausencia.
El conjunto de las ordenanzas para 2027 dibuja un cierre de mandato en el que el gobierno de la alcaldesa Catalá apuesta por dejar consolidado un marco tributario local con vocación de permanencia. La pregunta que quedará en el ambiente, una vez superado el pleno del 29 de septiembre, es si este modelo de alivio fiscal generalizado habrá calado lo suficiente como para convertirse en el suelo desde el que parta, inevitablemente, cualquier política municipal futura.