La habilitación ministerial para que la propia Autoridad Portuaria de València (APV) pueda decidir si es necesaria o no una nueva evaluación ambiental para la ampliación norte del Puerto de València ha caído como un jarro de agua fría entre las distintas plataformas vecinales que luchan para frenar esta expansión del puerto. Así, desde la Comissió Ciutat-Port ya avisan que “esta habilitación podría ser declarada nula de pleno derecho por la Audiencia Nacional”, debido al recurso interpuesto por esta plataforma.
Una postura que también comparten desde la Asociación Vecinal de Natzaret porque, como bien señala su presidente Julio Moltó, “en Natzaret y La Punta ya estamos muy escarmentados de las ampliaciones insostenibles del puerto. Primero, nos quitaron la playa, la huerta y el río. Tienen una deuda y no han reparado los daños, pero es que, ahora, pretenden ponernos los macrocuceros supercontaminantes junto a nuestros barrios, duplicar el puerto y abrir la ZAL”.
Unas actuaciones, ha añadido Moltó, “que no solo multiplicarán la contaminación atmosférica, sino que se incrementará el tráfico de mercancías peligrosas. Tenemos derecho a respirar aire limpio y, sobre todo, tenemos que salvar nuestras playas del sur y la Albufera”.
En este sentido, el alcalde de València, Joan Ribó, ha vuelto a reiterar su rechazo a la ampliación norte del puerto sin una nueva DIA (Declaración de Impacto Ambiental): “Había tiempo de hacer una DIA, pero no se ha querido. La ampliación del puerto exige una DIA que, evidentemente, deben hacer las autoridades medioambientales y no Puertos del Estado; no puede ser que la misma organización que hace la obra, se dé el permiso, porque no tiene sentido”.
Así, ha recalcado la importancia de la DIA para “analizar los efectos de esta ampliación tanto para las playas del sur y la necesidad de superficie para los contenedores del Puerto, como para solucionar aspectos relativos a la movilidad en la propia ciudad”.
“Hemos iniciado conversaciones con ayuntamientos cercanos para acomodar los contenedores”
El pasado viernes, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, confirmaba que el Organismo Público Puertos del Estado, organismo matriz de la Autoridad Portuaria de València, daba luz verde a la ampliación del puerto a través de un informe en el que se dejaba en manos de ésta certificar si el proyecto requiere o no someterse a un nuevo procedimiento ambiental.
De este modo, el documento concluye que las obras proyectadas sí cumplen las funciones de mejora de la competitividad del Puerto de València y aumentaran el tráfico de contenedores, y detalla que las obras que se han planificado garantizan la estabilidad hidráulica, así como la geotécnica y también la de carácter estructural.
Martínez celebraba esta noticia y avanzaba que “ya se han iniciado contactos con ayuntamientos cercanos para encontrar parcelas donde poder acomodar parte de los contenedores mientras están en tránsito en el puerto”. Concretamente, ha habido conversaciones con Aldaia, Riba-roja y Silla, y se plantea utilizar parte de la ZAL de València.
Respecto a los plazos, la APV ha confirmado que, en las próximas semanas, remitirá el plan a Puertos del Estado incorporando las recomendaciones y precisiones que plantea el informe y se espera que esté cerrado en un mes. A partir de ahí, el siguiente paso es la aprobación en el Consejo de Administración, el informe de Costas y la remisión del proyecto al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y que pueda empezar la licitación. La idea es que la ampliación pueda estar operativa poco después de 2026.
En este punto, desde la Comissió Port-Ciutat recuerdan que este proceso puede llevar varios meses, tiempo en el que “podría producirse una decisión suspensiva por parte de la Audiencia Nacional”. Asimismo, acusa a la APV de “omitir información esencial en la documentación que facilitó a Puertos del Estado para recabar su informe, como es el caso del traslado del muelle de cruceros de su actual emplazamiento – incluido en el proyecto inicial que fue objeto de DIA en 2007 – y que ahora se pretende trasladar a terrenos de los astilleros de la antigua Unión Naval de Levante (UNL), mediante un proyecto separado y sin nueva DIA a través de un acuerdo con la empresa sucesora de la antigua UNL, que está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas”.
Más reacciones
Mientras el president de la Generalitat, Ximo Puig, abogaba por encontrar un “equilibrio entre el crecimiento económico y la sostenibilidad”; sus socios de Gobierno (Compromís y Unides Podem) han mostrado abiertamente su rechazo. De hecho, Papi Robles, síndica de Compromís en Les Corts, ha anunciado que se sumarán “a los recursos judiciales de las plataformas ciudadanas y colectivos vecinales si estas obras de ampliación, contrarias a la legislación ambiental vigente, son finalmente iniciadas”.
Además, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha anunciado que pedirá la comparecencia de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para que explique “por qué deja en manos de un órgano dependiente del Estado la decisión final sobre esta infraestructura”.
Por su parte, los partidos de la oposición han celebrado la noticia y desde Ciudadanos y PP aseguran que será vital para “atraer y consolidar inversiones estratégicas en la Comunitat Valenciana”.