Apenas dos semanas después de que Pedro Sánchez formara su Gobierno, la lista de exigencias que tiene sobre la mesa no es corta. Si el campo valenciano ya ha dejado claras cuáles son sus prioridades en los próximos meses, también los Ayuntamientos quieren que el Ejecutivo atienda sus preocupaciones, especialmente en materia de financiación.
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia y presidente del PSPV en la ciudad, Ramón Vilar, continúa exigiendo al Gobierno que libere las cuentas de los consistorios del Plan de Ajuste impulsado por Cristóbal Montoro, pues considera que éste "no tiene ningún sentido" porque los Ayuntamientos cumplen "sobradamente con los criterios de estabilidad presupuestaria, periodo medio de pago a proveedores y reducción de deuda", como es el caso del Ayuntamiento de Valencia, que acabó 2017 con un superávit de 62,2 millones de euros y un periodo medio de pago a proveedores de 0,84 días. El último dato público, el del mes de marzo, eleva hasta los 13,64 días el periodo medio de pago.
El socialista considera que esta medida debe ser de las más inmediatas, y en ese mismo sentido hay otras reivindicaciones. Una de ellas es poder dedicar los superávits municipales a cualquier tipo de inversión aprobada por el Pleno -no únicamente a la reducción de la deuda y a inversiones financieras de carácter sostenible- e independientemente de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Es necesario recalcar que en 2017, el superávit de los Ayuntamientos españoles alcanzó una cifra superior a los 5.000 millones de euros, según datos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Para 2018, la cuestión está solventada gracias al preacuerdo que alcanzaron a finales de febrero la FEMP y el Ministerio de Hacienda, aún dirigido por Cristóbal Montoro. Éste se hizo efectivo mediante un Decreto Ley del 23 de marzo y, aunque ampliaba las clases de inversión a las que se podía dedicar este remanente de tesorería, como protección civil, educación o instalaciones deportivas, el edil cree que "no lo suficiente". Por ello, para 2019 espera que la aplicación de los superávits se pueda dar "a lo largo del propio mes de enero" y que se incluyan todo tipo de inversiones.
Ramón Vilar
La "inaplazable" reforma de la financiación local
El diseño de un nuevo modelo de financiación local es algo "inaplazable", en palabras del concejal. Aunque para ello se creó la Comisión Mixta de Expertos acordada entre la Federación y el departamento dirigido por Montoro, el socialista denuncia que no se ha puesto a funcionar a pleno rendimiento, por lo que insta al nuevo Ejecutivo a que agilice los trabajos en dicha Comisión para que "pueda tener las conclusiones lo antes posible y antes de finalizar 2018".Otro consenso al que llegó la Federación con el Ministerio, según recuerda Vilar, es la eliminación de la Tasa de Reposición del funcionariado en los consistorios que cumplan la Regla de gasto, con la intención de devolver las plantillas a niveles anteriores al 2007, especialmente en puestos adscritos a la Policía Local, Bomberos, Protección Civil.
La "flexibilización total" de la Regla de gasto y el Impuesto sobre Plusvalías, puntos clave
Y por otra parte, es urgente para el edil la "flexibilización total" de la Regla de gasto y del Techo de gasto. La FEMP pide que se calcule en relación al presupuesto local aprobado durante el ejercicio anterior y no sobre el finalmente ejecutado, algo que, tal y como ha recordado en numerosas ocasiones su presidente, Abel Caballero, limita a las corporaciones locales a la hora de confeccionar las cuentas anuales.
En esta reforma de la financiación local, Vilar sigue la línea de la FEMP al considerar que es necesario que regule el Impuesto sobre Plusvalías, que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Y es que, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos artículos referentes a este gravamen, actualmente recogido en el texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
Conjuntamente, a raíz de esa sentencia, la exigencia del socialista valenciano al Gobierno es que reintegre a los consistorios el dinero que han tenido que devolver a los ciudadanos como consecuencia de esa ley "que luego resultó no ser constitucional". "La responsabilidad no era de quien cobraba, sino del legislador que tenía mal hecha la ley", argumenta el concejal de Hacienda.
Un punto "de extraordinaria importancia" es la reforma de la Ley de Mecenazgo estatal, que desde los socialistas valencianos piden que esté en marcha antes de finalizar 2018. La meta es alcanzar la libre competencia que, según el edil socialista, se está vulnerando por aquellos que intentan esconderse tras la norma para "eximirse del pago por alegar alguna creencia religiosa".
Transporte: gratuidad de la AP-7 y el transporte metropolitano
Asunto de actualidad es la liberación de la autopista AP-7, sobre la que el nuevo ministro José Luis Ábalos ya ha anunciado que no renovará la concesión. En el tramo valenciano, explotado por la empresa Abertis, la concesión finaliza en diciembre de 2019. La promesa, por tanto, cumple con las expectativas de los socialistas valencianos.No así con el transporte metropolitano, donde la sintonía es mucho menor. El anterior Gobierno no incluyó ninguna subvención en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para el transporte público metropolitano, pero sí lo hizo después cuando, presiones mediante de Ciudadanos y posteriormente del PP valenciano, acabó recogiendo 10 millones de euros para este año.
El socialista valenciano reitera la petición de los 38 millones que se hacía desde el principio y critica la "absoluta insensibilidad" del anterior Ejecutivo. Sin embargo, después de que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente, el PSPV retiró su firma de la enmienda que pedía exactamente esta financiación para la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), tal y como avanzó Valencia Plaza.