La jueza del Juzgado de Instrucción número 21 de València ha rechazado dar más plazo a los abogados del caso del accidente de metro para presentar sus escritos de acusación, por lo que tendrán los diez días que establece la ley para decir los delitos que imputan a los ocho encausados y qué pena solicitan para ellos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en su cuenta de Twitter.
La magistrada dictó el pasado 31 de octubre un auto en el que daba por concluida la investigación sobre el accidente de la Línea 1 de Metrovalencia que el 3 de julio de 2006 causó la muerte a 43 personas y provocó heridas a otras 47 y en el que procesaba a la que fuera gerente de Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, y a otros siete directivos de la empresa en ese momento.
La jueza adoptó esta decisión "vinculada" por la orden de la Audiencia Provincial de reabrir la causa, que la propia magistrada había archivado en varias ocasiones, al considerar el tribunal que había indicios de delito y de seguir adelante con la investigación con la toma de declaración como investigados de los exdirectivos. La Sección Segunda entendía que esos responsables de FGV, en su ámbito de poder de decisión, debían conocer el trazado de la Línea 1 y los riesgos inherentes a la conducción.
Así, la instructora decidió dictar auto de incoación de procedimiento abreviado "vinculada" a la decisión de la Audiencia y subrayaba que "irremediablemente" no podía atender las peticiones de sobreseimiento que habían solicitado los exdirectivos. A su juicio, el accidente ocurrió como consecuencia de un exceso de velocidad y que todos los parámetros de seguridad eran los correctos y no se infringió normativa laboral alguna.
Los procesados, además de Marisa Gracia son Manuel Sansano, director de Operaciones; Juan José Gimeno, responsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación; Luis Miguel Domingo Alepuz, jefe de Talleres de València Sud; Sebastián Argente, jefe de la Línea 1; Vicente Contreras, director adjunto de la Explotación; Francisco García, director técnico y miembro del Comité de Seguridad y Francisco Orts, responsable de estudios y proyectos, en esa fecha.
En esa resolución de punto final a la instrucción, la magistrada daba traslado del plazo de diez días a fiscal y acusaciones personadas para solicitar el sobreseimiento o apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, plazo que mantiene al rechazar aumentarlo.