La concejalía de Vivienda anunció hace unas semanas que estaba estudiando "suavizar" el veto de dos años para la instalación de bloques exclusivos de pisos turísticos en la ciudad de València. De los 37 barrios en los inicialmente que se barajaba implantar la restricción, la cifra se ha reducido en su última propuesta hasta los 11. No obstante, la responsable del área de Urbanismo, Sandra Gómez, señala que habrá una reunión entre las dos concejalías para abordar esta cuestión “con una visión más global”.
Las reclamaciones de la portavoz socialista surgen tras la moratoria planteada por la Concejalía de Vivienda para evitar que se construyan apartamentos turísticos, hoteles y hostales en cuatro distritos de la ciudad --l'Eixample, Extramurs, Saïdia y Grau--. Según apunta Gómez, hay que tener en cuenta "otros usos" que también llevan a "la expulsión de vecinos" y se muestra "muy preocupada" por las prácticas de "algunos fondos de inversión", que "pueden llevar a la expulsión de vecinos" también en determinadas zonas. En este punto, se refiere a casos como el de la Fuensanta, donde hubo una "compra de viviendas de rentas antiguas que acabaron convirtiéndose en oficinas o edificios residenciales".
La proliferación de pisos turísticos en grandes ciudades ha derivado en multitud de consecuencias que han sufrido los vecinos de esas zonas. Y ya han ocurrido casos en València. Han habido familias que a causa del proceso de 'turistificación' de los barrios del centro histórico, los alquileres vacacionales y la especulación inmobiliaria han visto perder su casa con plena impotencia.
En referencia a este problema en particular, la concejala de Desarrollo Urbano, explica que "nos hemos encontrado a lo largo de estos meses con otras experiencias que no tienen absolutamente nada que ver con el uso turístico, pero que son usos que están produciendo el mismo efecto de expulsión de vecinos de barrios trabajadores". Con esta afirmación, pone en duda la necesidad de estas moratorias a los pisos turísticos, ya que “desde Urbanismo determinamos que cualquier limitación o prohibición de desarrollar un uso que es legal tiene que estar muy justificado porque en otras ciudades del entorno ha sido tumbado por los tribunales”, comenta Gómez.
Así, la vicealcaldesa aboga por actuar “de forma integral y conjunta”, ya que asegura que estas situaciones le "preocupan de la misma manera". Para poder poner fin a este problema de la “expulsión de familias” que no solo tiene que ver con los pisos turísticos, tal y como señala Gómez. Sin embargo, para poder regular esta situación, es necesario actuar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, el documento que determina los usos por zonas.
La idea inicial de Vivienda pasaba en un principio por aprobar una moratoria de dos años en la que no se concederían nuevas licencias para cambiar edificios enteros de uso residencial a uso turístico. Así, lo que se pretendía con este veto era dar al consistorio un margen temporal lo suficientemente amplio como para consolidar definitivamente la restricción a través de la modificación del PGOU. No obstante, el departamento de Lozano se encontró con algunas trabas jurídicas y legales para poner en marcha esta moratoria.
“Se encontraron una serie de dificultades jurídicas que conocíamos porque venimos trabajando en el tema de los apartamentos turísticos, y pusimos de manifiesto que había que fundamentar bien cualquier limitación porque nos podíamos encontrar con que la medida no fuera efectiva”, razona Sandra Gómez. Por tanto, las Concejalías de Vivienda y Urbanismo tendrán una reunión próximamente para dar una solución a esta cuestión. A día de hoy, hay un total 4.710 pisos turísticos contabilizados en la ciudad, una cifra muy baja en comparación a los datos previos a la pandemia y que ha hecho perder en algunos barrios hasta el 20% del total.