La vicealcaldesa y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, anunciaba, ayer, que la próxima semana el consejo de Administración de la empresa municipal AUMSA aprobará la adjudicación de la redacción del Plan Especial de Benimaclet desde una perspectiva “general y transversal que responde a las necesidades, retos y oportunidades del barrio en su conjunto”. Un plan, añadía Gómez, que abordará aspectos tan importantes como “la protección del patrimonio y del centro histórico y que realizará una propuesta de dotaciones públicas y vivienda necesarias para el barrio”.
Una cuestión – la de la edificabilidad – que ha vuelto a “enfrentar” a los socios de gobierno y a vecinos. Y es que mientras Sandra Gómez (PSPV-PSOE) ha asegurado que se fijarán los parámetros recogidos en el Plan de Ordenación Urbana; el vicealcalde y miembro de Compromís, Sergi Campillo, ha defendido que no apoyarán “ningún proyecto que mantenga la edificabilidad”.
Un punto de vista que, al parecer, coincide con la Asociación Vecinal de Benimaclet que, en un comunicado, han expresado su malestar por no valorar “las diferentes alternativas al PAI que le hemos trasladado”. En este punto, han señalado no solo que “no se está contando con la participación vecinal”, sino que, además, “se ha hecho caso omiso de nuestra propuesta alternativa ‘Benimaclet, porta a l’horta’ donde, entre otras cuestiones, se proponía soterrar desde el Camino de las Fuentes hasta el Camino de Farinós”.
Después de que el Ayuntamiento de València decidiera, a principios de 2021, inadmitir el PAI de Benimaclet de Metrovacesa, con el objetivo de proponer alternativas como la reducción de alturas en las nuevas edificaciones o aumentar el terciario, se acordó que sería AUMSA la encargada de redactar este plan especial de Benimaclet.
El proyecto será adjudicado al equipo profesional Ezquiaga Arquitectura, Societat i Territori, SL, liderado por el arquitecto José María Ezquiaga con una superficie total del ámbito de 1.217.827 metros cuadrados, definido el espacio por las avenidas Primado Reig, Alfahuir y Cataluña, así como por la Ronda Norte.
El Plan, que se regirá por los mismos parámetros del Plan General de Ordenación Urbana de València, revisará la ordenación del barrio en su conjunto, planteando el modelo de ciudad de 15 minutos y teniendo en cuenta un sistema equilibrado de equipamientos públicos. Además, en cuanto a la movilidad, se plantea “una ciudad a escala de peatón mediante la jerarquización del tráfico rodado, la reserva de aparcamiento, y la conectividad del barrio con la red de carril bici y transporte público de toda la ciudad”.
Asimismo, el plan deberá potenciar los valores de identidad social, cultural y patrimonial de Benimaclet, y obviamente, integrar la perspectiva de género y sostenibilidad en todas las vertientes.
Finalmente, en cuanto a la edificabilidad, Gómez ha querido resaltar que “lo importante no es el número de viviendas resultantes, sino los parámetros de edificabilidad, ya que se puede dedicar más parte a hacer terciario”. En este sentido, ha especificado que “el PAI de Benimaclet tiene la edificabilidad más baja de toda València, y muy por debajo de los parámetros que recomienda el grupo Habitat de la ONU”.
Sin embargo, por su parte, Campillo ha defendido que “el desarrollo de Benimaclet se hará de la mano de vecindario o no se hará”. Así, ha abogado por “atender las peticiones de las entidades representativas del barrio, que coinciden en que hay que bajar la edificabilidad. No podemos hacer tantas viviendas y se tiene que respetar las zonas de huertos urbanos”.
Los plazos
Con un presupuesto total del proyecto de 229.000 € y un plazo previsto de 12 meses, se ha establecido un plazo de seis semanas para elaborar el documento de análisis preliminar. Después se prevé un segundo plazo de tres meses para hacer la evaluación ambiental; otras tres semanas más para realizar el documento de síntesis y evaluación del resultado de las fases de consulta y participación; una siguiente fase de cuatro meses, que es la fase urbanística en sí, la fase preliminar del plan global con un informe sobre alegaciones presentadas en el trámite disposición pública, de tres semanas.
Más tarde, se procederá a la redacción del documento adaptado tras la exposición pública de un mes de duración, para pasar a la presentación del documento definitivo, que se calcula en un mes más.