El reloj corre en contra de la Sociedad Parc Central. El Ayuntamiento de València y la Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana han exigido este jueves al secretario de Estado de Transportes que convoque con urgencia un Consejo de Administración Extraordinario y una Junta General de Accionistas antes del 30 de junio para resolver dos asuntos que no admiten demora: el nombramiento del nuevo gerente de la sociedad y la aprobación de las cuentas del ejercicio. La alcaldesa María José Catalá trasladó personalmente estas peticiones esta mañana durante su participación telemática en la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas.
Una junta que ignoró lo más urgente
La reunión celebrada esta mañana convocaba un único punto en el orden del día: el cese de la consejera propuesta por RENFE-Operadora y el nombramiento de un nuevo representante a propuesta de Adif y Adif Alta Velocidad. Nada más. Para las administraciones autonómica y local, eso equivale a ocuparse del papel de las sillas mientras el edificio necesita mantenimiento urgente. Las cuentas de la sociedad deben estar aprobadas antes del 30 de junio y el actual gerente abandona su puesto el 2 de julio, dos plazos legales y operativos que el Ministerio de Transportes habría ignorado al confeccionar el orden del día.
"La Junta de esta mañana ha dejado fuera del orden del día los asuntos más importantes para la Sociedad Parc Central" - María José Catalá, alcaldesa de València
Catalá no solo denunció la omisión, sino que también lanzó un aviso al Ministerio: el Ayuntamiento no pondrá objeciones al nombramiento de la nueva consejera propuesta por Adif, pero esa aprobación irá ligada a un acuerdo previo sobre el futuro gerente. Sin consenso en lo principal, sin luz verde en lo secundario. Una condición que, en la práctica, convierte la petición de la junta extraordinaria en una negociación implícita con el Gobierno central.
Una sociedad que nació del consenso entre tres administraciones
La Sociedad Parc Central Alta Velocidad 2003 no es una empresa cualquiera. Nació del convenio suscrito en 2003 entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia, Adif y Renfe Operadora para la reordenación de la red arterial ferroviaria de Valencia, con el objetivo de coordinar las actuaciones y el desarrollo urbanístico derivado de esas obras. Desde entonces, su objetivo fundamental ha sido gestionar el desarrollo urbanístico y ejecutar las obras de infraestructura urbana correspondientes al entorno de la actuación.
El proyecto que impulsa es, sin exageración, el de mayor trascendencia que acomete actualmente la ciudad de Valencia como operación ferroviaria y urbana. Gracias al soterramiento del ferrocarril, se recuperará una parte del centro de la ciudad con un nuevo parque de 244.000 m² y nuevos equipamientos públicos, facilitando además la integración de barrios ahora divididos por el ferrocarril. Un proyecto de esa envergadura requiere una gestión sin vacíos de poder ni cuentas sin cerrar.
Precisamente por eso, la alcaldesa apeló esta mañana a la historia de la entidad para reforzar su argumento: "Esta sociedad, donde están representadas las tres administraciones, siempre ha actuado desde su creación según los principios del diálogo y del consenso", recordó Catalá, subrayando que esos principios deben seguir rigiendo los próximos nombramientos. Un llamamiento que, en este contexto, suena tanto a principio fundacional como a reproche velado hacia quien, según el Ayuntamiento, habría roto esa tradición al convocar una junta que esquiva los asuntos capitales.
Menos de cuatro semanas para evitar un vacío de gestión
La aritmética es sencilla y preocupante: quedan menos de cuatro semanas para cumplir los dos plazos simultáneamente. Si el Ministerio no convoca la reunión extraordinaria a tiempo, la sociedad podría afrontar el inicio del verano sin cuentas legalmente aprobadas y con la gerencia vacante. Para una entidad que gestiona uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos del país, ese escenario no es un contratiempo burocrático menor: es un riesgo real para la continuidad operativa de las obras y los procesos administrativos vinculados al Parc Central. La pelota, ahora mismo, está en el tejado del secretario de Estado de Transportes.