La radiotelevisión pública valenciana À Punt ha adelantado una sentencia que puede cambiar por completo el mapa musical de la ciudad de Valencia. Un juzgado de lo contencioso-administrativo ha instado a reubicar todos los festivales y conciertos que se celebran en la Ciutat de les Arts y les Ciències, uno de los grandes iconos culturales y turísticos de la capital del Turia.
El origen del conflicto se remonta a agosto de 2023, cuando cerca de 200 vecinos de dos fincas situadas frente al recinto (en la avenida Profesor López Piñero) decidieron dar el paso y acudir a la vía judicial. Denunciaban el impacto constante del ruido generado tanto por los grandes eventos musicales, como por la actividad de la terraza de la discoteca del Umbracle. Tras años de quejas sin respuesta efectiva, el caso ha acabado derivando en una sentencia contundente.
Entre los eventos señalados figuran citas muy populares del calendario musical valenciano como el Festival de les Arts, el BigSound o propuestas como I Love Reggaeton València y Love the 90s València. Todos ellos congregan a miles de asistentes cada año y forman parte de la oferta de ocio que proyecta la ciudad a nivel nacional. Unos festivales que tendrán que cambiar de ubicación si se quieren seguir celebrando en la capital.
Ruido fuera de control: 80 decibelos dentro de las viviendas
La clave del fallo judicial está en la contaminación acústica. Según recoge la sentencia, los informes periciales acreditan niveles de hasta 80 decibelios dentro de las viviendas afectadas, cifras muy superiores a los límites establecidos por la normativa municipal (45 dBA por la noche y 55 dBA durante el día). Los expertos llegaron a comparar el ruido percibido con el de un avión despegando, una situación que el juzgado considera “insufrible” en el ámbito doméstico.
En este sentido, el tribunal concluye que se ha vulnerado derechos fundamentales de los vecinos, concretamente el derecho a la intimidad personal y familiar y a la integridad moral. Por ello, ordena adoptar medidas inmediatas para evitar las molestias, incluyendo la revocación de licencias o la reubicación de las actividades.
Además, impone una indemnización total de 138.000 euros -- 3.000 euros por cada familia demandante --, junto al pago de intereses y las costas del proceso.
El abogado de los vecinos, Andrés Morey, también presidente de la plataforma Juristas Contra el Ruido, subraya que la sentencia deja claro que el consistorio tenía competencias directas en materia de ruido y no actuó con la diligencia necesaria. De hecho, reprocha la inacción municipal ante las denuncias vecinales, muchas de las cuales quedaron sin respuesta administrativa.
Aunque el fallo no es firme y puede ser recurrido, el letrado advierte de que, al tratarse de una cuestión de derechos fundamentales, sus efectos podrían no suspenderse.
El debate ya está servido. ¿Puede Valencia mantener su modelo de grandes festivales en espacios urbanos o tendrá que reinventar su oferta cultural? La respuesta todavía está en el aire.