El conflicto por los 24 apartamentos turísticos ubicados en los bajos del Residencial Nicet Patraix continúa vigente y pendiente de los tribunales. La Comunidad de Propietarios asegura que las 147 familias que viven en el edificio llevan más de diez meses esperando una resolución judicial que determine si la cancelación de las licencias de estos alojamientos se ajustó a la legislación turística valenciana.
Los 24 inmuebles, propiedad de Grupo MContigo, permanecen actualmente dentro de un procedimiento después de que se suspendiera de forma cautelar la resolución administrativa que había ordenado su baja del Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana. La Comunidad quiere dejar claro que, pese a esta detención, “no puede darse por concluido ni puede afirmarse que la situación haya quedado definitivamente resuelta”.
El origen del conflicto se remonta al 4 de julio de 2025, cuando el Servicio Territorial de Turismo de Valencia acordó cancelar y dar de baja las 24 viviendas del Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana. Según explica la Comunidad de Propietarios, uno de los principales argumentos utilizados por la Administración fue que no se había acreditado que los apartamentos hubieran iniciado su actividad turística dentro del plazo establecido por la legislación.
Grupo MContigo recurrió la decisión de la Generalitat ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa. El 31 de octubre de 2025, el juzgado acordó suspender cautelarmente la resolución, después de que se constituyera una caución de 10.000 euros. Esta medida permitió reactivar provisionalmente las 24 inscripciones en el Registro de Turismo mientras la interrupción permanezca vigente o hasta que se dicte una sentencia sobre el fondo del asunto.
La Comunidad de Propietarios insiste en que esta decisión judicial no supone que los apartamentos hayan obtenido una autorización definitiva para desarrollar la actividad turística. De hecho, recuerda que los estatutos del residencial fueron modificados el 27 de mayo de 2024 para prohibir expresamente el uso turístico de los locales, antes incluso de que comenzaran las obras de adecuación, que se iniciaron a finales de julio de ese mismo año.
Denuncias por las actuaciones en los bajos
La Comunidad de Nicet Patraix asegura que la implantación del proyecto ha provocado diferentes afecciones en el edificio y que algunas de ellas han sido denunciadas ante distintas Administraciones. Entre las cuestiones señaladas se encuentra la comercialización de los apartamentos durante el periodo en el que su inscripción turística había sido cancelada. Estas actuaciones fueron denunciadas ante Turismo, el Ayuntamiento de València, la Delegación del Gobierno y los Ministerios de Vivienda y Consumo.
Los vecinos también denuncian la apertura de huecos y puertas en la fachada sin autorización de la Comunidad, la instalación de 24 cámaras en elementos comunes y determinadas actuaciones realizadas en el sistema de saneamiento que, a juicio de la Junta, no contarían con la autorización necesaria conforme a la Ley de Propiedad Horizontal.
Además, la Comunidad asegura que durante este periodo el Ayuntamiento de València habría impuesto a Grupo MContigo una multa de al menos 100.001 euros por la comercialización de hasta diez bajos sin licencia a través de distintas plataformas.
“No estamos hablando únicamente de una discrepancia sobre las licencias turísticas. Hay una sucesión de actuaciones que han afectado a elementos comunes y a la convivencia de los vecinos y que han sido denunciadas ante las Administraciones. Han hecho de todo. Utilizar las licencias de otros apartamentos para comercializar estas fue otra infracción acreditada. Y solo hay que revisar los comentarios de los turistas en las plataformas para observar que los apartamentos tienen cantidad de problemas de salubridad e higiene”, afirman desde la Comunidad.
Por ello, los vecinos reclaman que el procedimiento judicial avance y que se determine cuanto antes si la actuación de Turismo fue conforme a la legislación. “Después de más de diez meses de espera, queremos que se resuelva cuanto antes el fondo del asunto. La Justicia debe determinar si la cancelación de las 24 viviendas acordada por Turismo fue conforme a la legislación turística valenciana”, señala la Junta.
Desde Nicet Patraix recalcan además que su postura no pretende cuestionar el turismo ni la actividad económica, sino evitar la implantación de un modelo de alojamiento turístico intensivo dentro de un edificio residencial. “Estamos defendiendo el derecho de 147 familias y de más de 450 residentes a que se respeten los estatutos, los elementos comunes y las decisiones adoptadas por los propietarios”, sentencian.