Cuarenta y seis mujeres asesinadas en lo que va de 2026. Tres menores muertos como consecuencia de la violencia ejercida contra sus madres. Treinta y cinco niños y niñas que han perdido a su madre este año. Las cifras tienen la frialdad de los números, pero detrás de cada una hay una historia truncada, una familia rota, un fallo colectivo que la sociedad todavía no ha sabido evitar. Es en este contexto donde el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, cobra todo su peso.
València reafirma su posición frente a la violencia machista
La Junta de Gobierno Local de València ha acordado este viernes la adhesión del Ayuntamiento a la declaración institucional de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) con motivo del 25N. El documento expresa la "más firme condena de todas las formas de violencia contra las mujeres" y reafirma el compromiso de las instituciones locales con "la defensa de sus derechos, su libertad, su seguridad y su dignidad". No es una declaración retórica: es un posicionamiento formal ante una realidad que, con demasiada frecuencia, sigue quedándose en los titulares sin transformarse en cambios tangibles.
La declaración reconoce que "la violencia contra las mujeres constituye una grave vulneración de los derechos humanos y una manifestación de la desigualdad que persiste en nuestra sociedad", e insiste en que su erradicación no es solo una cuestión de voluntad política, sino una obligación de los poderes públicos, que deben actuar de forma coordinada para prevenir, proteger y acompañar a las víctimas.
Una estadística que no para de crecer
El dato más sobrecogedor del documento es también el más concreto: desde el año 2003, cuando el Estado comenzó a registrar de forma sistemática los feminicidios de pareja, 1.387 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas. La cifra acumula décadas de dolor y, lo que resulta aún más perturbador, sigue aumentando. Según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, hasta el 4 de noviembre de este año el recuento oficial de 2026 era de 44 víctimas mortales. A ellas se suman una mujer asesinada el día 12 en Gijón y otra en la localidad madrileña de Parla el 19 de noviembre, lo que eleva el total acumulado desde 2003 a 1.387.
La violencia contra las mujeres no afecta solo a quienes la sufren directamente. En 2026, tres menores de edad han muerto como consecuencia de la violencia de género ejercida contra sus madres —lo que se conoce como violencia vicaria— y 35 niños y niñas han quedado huérfanos. Desde 2013, las cifras acumuladas ascienden a 68 menores asesinados y 545 menores huérfanos. Son los rostros invisibles de esta violencia, los que raramente encabezan los informativos pero cuyas vidas quedan marcadas de forma irreversible.
Un Pacto de Estado renovado para los próximos cinco años
La adhesión a la declaración de la FVMP llega apenas nueve meses después de un hito legislativo relevante: el 26 de febrero de 2025, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó de manera casi unánime la renovación y actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El acuerdo amplía las medidas que incluía en 2017, de 290 a 462, e introduce nuevos ejes como la violencia vicaria, la violencia económica y la digital.
El nuevo Pacto cuenta con un compromiso económico firme: un 50% más de dotación económica, hasta alcanzar los 1.500 millones de euros para los próximos cinco años de vigencia. De estos, 160 millones anuales se destinarán a las comunidades autónomas, 100 millones a la Administración General del Estado y 40 millones anuales para los ayuntamientos, un 50% más que en 2017. Para los municipios como València, esto supone un respaldo financiero directo que refuerza su capacidad de actuar sobre el terreno.
Entre las novedades del documento, destacan iniciativas específicas para abordar la violencia vicaria, digital y económica, ampliando así el enfoque de prevención y protección. Entre las principales novedades también figura el reconocimiento de la violencia económica como delito, el refuerzo en la protección a menores víctimas de violencia vicaria y medidas para combatir el uso de la inteligencia artificial en la generación de material pornográfico no consentido.
Solidaridad institucional con las víctimas y quienes las acompañan
La declaración no se limita a denunciar cifras. Incluye una mención especial a todas las mujeres asesinadas, a sus hijos e hijas, a los menores víctimas de violencia vicaria y a las familias afectadas. También reconoce expresamente la labor de quienes trabajan a diario para acompañar, proteger y garantizar los derechos de las víctimas: profesionales de servicios sociales, operadores jurídicos, personal sanitario, entidades del tercer sector. Personas que, muchas veces desde la invisibilidad, sostienen una red sin la cual muchas más mujeres estarían desprotegidas.
El gesto del Ayuntamiento de València al sumarse a esta declaración es, en sí mismo, un acto de posicionamiento político en un momento en que el debate sobre la violencia de género sigue atravesado por la polarización y el negacionismo. Los datos son incontestables, pero la respuesta institucional coordinada —desde los grandes marcos legislativos estatales hasta las decisiones que se toman en cada junta de gobierno local— sigue siendo la única herramienta capaz de transformar la indignación colectiva en protección real para las mujeres.


