La Guardia Civil de València y la Europol han asestado un duro golpe a una organización criminal que comercializaba carne de caballo no apta para el consumo humano. La operación Yucatán se ha saldado con 35 personas detenidas, seis empresas investigadas y una incautación de 500 kilos de carne de caballo sin ningún tipo de control sanitario que pretendían salir al mercado. El negocio de la trama provenía del bajo precio al que eran adquiridas las cabezas de ganado además de su transporte clandestino. La investigación estima que el montante de la trama está cercano a los 4,5 millones de euros.
El cabecilla del grupo compraba caballos de toda España y los repartía entre varias propiedades ganaderas de la provincia de València después de haber manipulado y falseado la documentación y la inscripción de los equinos. Del mismo modo, con el transcurso de la investigación, el líder gestionaba la venta de las cabezas de ganado a cebaderos, unas explotaciones dedicadas al engorde de los animales para su posterior consumo humano. La trama contaba con transportistas cómplices que llevaban a los caballos en situaciones de maltratos y de mala alimentación a Europa así como con responsables de mataderos que omitían sus funciones y finalmente también podría haber establecimientos que comercializaran a sabiendas dichas piezas.
Agentes de la Guardia Civil realizaron un registro en una de las propiedades del responsable de la banda tras darse cuenta de que las entradas y las salidas de los animales estaban restringidas desde el año 2019. En la redada, los efectivos del cuerpo policial encontraron un total de 80 caballos en situación irregular: habían sufrido maltratos, tenían enfermedades y carecían de cuidados veterinarios. A uno de los animales se le tuvo que practicar una eutanasia inmediata debido al deplorable estado de salud en el que se encontraba.
La treintena de personas detenidas se enfrentan a una serie de penas por los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, maltrato animal, delitos contra la salud pública y falsedad documental.