La Policía Local de Almassora (Castellón) ha denunciado a los propietarios de dos perros potencialmente peligrosos por atacar uno de ellos a animales de un vecino --a cuyo corral entró y mató a 67 patos, gallinas y conejos-- y otro a su propia dueña, según ha informado el Ayuntamiento de esta localidad en un comunicado.
En ambos casos, los titulares de los canes han sido denunciados por irregularidades de carácter grave en el incumplimiento de la normativa de la Generalitat Valenciana sobre la tenencia de animales y están sometidos a la preceptiva vigilancia veterinaria.
La primera de las actuaciones tuvo lugar el pasado martes cuando la patrulla destinada a la zona marítima fue alertada por un vecino de que un perro había accedido a su propiedad y había atacado a los animales que tenía en el corral. En total, 67 patos, gallinas y conejos murieron como consecuencia de las heridas provocadas por el can.
Posteriormente, durante la mañana de este miércoles una vecina puso en conocimiento de los agentes que un perro de su propiedad la había atacado y le había provocado heridas de consideración en la cara y en el cuello. Ante estos hechos, la titular del animal ha solicitado entregarlo voluntariamente a una protectora.
Tal como recoge la normativa, los perros considerados potencialmente peligrosos deben estar registrados en el Ayuntamiento de Almassora y sus titulares deben acreditar un certificado de idoneidad para su cuidado.
Asimismo, los animales deben habitar en espacios que permitan su movilidad y sean adecuados para sus características físicas y deben llevar algún elemento de protección en la boca a la hora de salir a la vía pública.
Durante la campaña de control de perros potencialmente peligrosos llevada a cabo por la Policía Local metropolitana el pasado mes mayo los agentes hicieron un total de 118 controles. Los agentes formalizaron cinco sanciones, cuatro de las cuales recayeron sobre propietarios de animales calificados como peligrosos por no poseer licencia o no utilizar medidas de protección en la vía pública.
Las actuaciones se centraron principalmente en parques, paseos marítimos y áreas de práctica deportiva al aire libre y los policías locales contaron con el apoyo de las unidades de vigilancia ambiental o guarderías rurales.
Todas estas unidades se dedicaron a corroborar la adecuación de la documentación de la que disponían los propietarios de los animales y a recordar los requisitos para pasear con perros potencialmente peligrosos.