La Comunitat Valenciana lleva años asumiendo en silencio una deuda que no es suya. El Consell ha autorizado a la Conselleria de Sanidad a reclamar al Gobierno de España 1.417,6 millones de euros por la atención médica prestada a pacientes llegados de otras comunidades autónomas y a ciudadanos extranjeros, una cantidad acumulada durante más de una década de compensaciones incompletas o directamente inexistentes.
La cifra no ha surgido de la nada. La reclamación incluye cantidades acumuladas desde la entrada en vigor del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), previsto en 2012, así como liquidaciones correspondientes al Fondo de Cohesión Sanitaria y pagos pendientes por la atención a extranjeros residentes. Dicho de otro modo: cada vez que un turista andaluz o un residente alemán ha pasado por urgencias de un hospital valenciano, la factura ha recaído, en buena parte, sobre las arcas autonómicas.
Una deuda que arranca en 2012
El Real Decreto-ley 16/2012 publicado en el BOE contempló el Fondo de Garantía Asistencial como mecanismo para compensar económicamente la asistencia sanitaria prestada entre comunidades autónomas. Sobre el papel, el sistema tenía sentido: quien atiende, cobra. En la práctica, este mecanismo ha tenido un alcance muy limitado y está generando un importante perjuicio económico a la Generalitat.
La Generalitat calcula que ha dejado de percibir 976,4 millones de euros por la atención sanitaria especializada a pacientes desplazados de otras autonomías entre julio de 2012 y diciembre de 2025. A esa suma se suman 23,1 millones más por la asistencia sanitaria primaria a pacientes desplazados nacionales desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012 hasta diciembre de 2013. Y el recorte no es menor: el actual modelo ha supuesto una minoración del 20% en el Fondo de Cohesión Sanitaria y del 40% en el Fondo de Garantía Asistencial.
"La sanidad valenciana atiende a todas las personas que lo necesitan, con independencia de su lugar de residencia, pero esa atención tiene un coste que debe compensarse a través de los mecanismos de financiación previstos." - Miguel Barrachina, portavoz del Consell de la Generalitat Valenciana
No se trata solo de reclamar lo adeudado. El Consell plantea además que la reforma del sistema garantice una compensación vinculada al gasto sanitario real que afronta cada autonomía por los pacientes desplazados y evite que estos costes recaigan sobre sus propios recursos sanitarios. Valencia no es un caso aislado: la Comunidad Valenciana, como el resto de las comunidades autónomas de carácter turístico, mantiene desde hace años una reivindicación histórica ante el Estado por esta misma cuestión. Ser tierra de sol y visitas tiene un precio que el sistema sanitario paga cada día.
La dana, un año después: condonaciones y más financiación
La sesión del Consell también estuvo marcada por la gestión de las secuelas de la dana que asoló la Comunitat Valenciana en octubre de 2024. El Govern aprobó un decreto ley para condonar determinados reintegros de ayudas a personas y entidades afectadas que no hayan podido justificar la aplicación de los fondos recibidos, siempre que cumplan los requisitos legales establecidos. El objetivo es claro: evitar que quien recibió una ayuda de emergencia tenga que devolverla por un problema burocrático de justificación.
La medida afecta a líneas de ayuda concretas como las destinadas a bienes de primera necesidad, mantenimiento del empleo, reactivación de empresas, autónomos, sustitución de vehículos siniestrados y movilidad de personas con discapacidad. La condonación podrá alcanzar un máximo de 20.000 euros por persona beneficiaria y ayuda. Hasta la fecha, la Generalitat ha abonado cerca de 1.200 millones de euros en ayudas a los afectados por la riada.
El Plan Endavant, al 94% de activación
El informe trimestral del Plan Endavant —el gran marco de reconstrucción post-dana— correspondiente al periodo julio-septiembre de 2026 arroja datos que invitan al optimismo relativo: ya están activadas 325 de las 343 iniciativas previstas, lo que representa el 94% del total. De las 18 que aún están pendientes, 16 dependen de la Administración General del Estado y solo dos del sector privado. Todas las iniciativas que corresponden directamente a la Generalitat están en marcha, y el 36% de ellas ya han concluido.
Para garantizar la continuidad del plan en 2027, el Consell ha trasladado al Ministerio de Hacienda unas necesidades de financiación de 795 millones de euros, solicitando la aplicación de un régimen excepcional de endeudamiento autonómico. Además, se han aprobado 6 millones de euros adicionales para una segunda fase de restauración del patrimonio cultural dañado por la dana.
Ayudas al cereal y ejercicio de la acción popular
La agenda del Consell incluyó también medidas en el ámbito agrícola. Se aprobaron las bases para conceder 2 millones de euros en ayudas directas a titulares de explotaciones de cereal de secano de la Comunitat, con el fin de compensar las pérdidas ocasionadas por las restricciones a la cosecha durante las situaciones de preemergencia de nivel 3 por riesgo extremo de incendios registradas en junio, julio y agosto de 2026. La paradoja es ilustrativa: las mismas medidas que protegieron los campos de las llamas dejaron a muchos agricultores sin poder recoger su cosecha.
En otro orden de cosas, el Consell autorizó a la Abogacía General de la Generalitat a ejercer la acción popular en el procedimiento relacionado con el asesinato machista de una mujer ocurrido el 27 de septiembre en Benidorm. Barrachina reiteró la condena institucional a la violencia contra las mujeres y recordó que las víctimas disponen de los Centros Mujer, los Centros 24 horas y los teléfonos de atención 016 y 900 580 888. La sesión también arrancó con las condolencias del Gobierno valenciano a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo, con un recuerdo especial para Adriana, la joven ingeniera alicantina de 27 años que perdió la vida en el siniestro.
Entre reclamaciones millonarias al Estado, condonaciones post-catástrofe y medidas de emergencia agrícola, la jornada del Consell dibuja con nitidez los frentes abiertos de una comunidad que sigue batallando, a la vez, con las secuelas del pasado y con las cuentas pendientes del presente.