Una nueva norma del Ministerio de Agricultura ha encendido las alarmas en el campo valenciano. El Gobierno central ha decretado el almacenamiento obligatorio del 12% de la producción de aceite de oliva para todas las almazaras españolas, una medida inédita publicada en el BOE y que estará vigente desde noviembre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027. El objetivo, frenar el desplome de precios ante una cosecha que se estima un 23% superior a la campaña anterior. Pero en la Comunitat Valenciana, la norma ha encontrado un muro: su conseller de Agricultura la considera injusta, desproporcionada y ajena a la realidad del campo valenciano.
Una medida de talla única para un sector muy desigual
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha solicitado formalmente al Ministerio que excluya a la Comunitat Valenciana de esta obligación. Lo hizo durante su intervención en las V Jornadas de Cítricos de ASAJA-Alicante, un foro agrario donde también aprovechó para hablar del trasvase Tajo-Segura. El argumento central es sencillo pero contundente: los productores valencianos representan apenas el 1,4% de la producción nacional de aceite de oliva, y además han visto disminuir su cosecha en numerosas comarcas, no aumentar. ¿Por qué, entonces, aplicarles la misma medicina que a las grandes regiones productoras?
"Los productores valencianos representan el 1,4% de la producción nacional y, lejos de registrar un incremento de sus cosechas, han visto cómo la producción disminuía en numerosas comarcas, por lo que la aplicación generalizada de esta medida no se ajusta a la realidad del sector en la Comunitat Valenciana." - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
La medida, calificada como inédita, era una exigencia de los productores ante una cosecha mayor. Las cuatro asociaciones agrarias de ámbito nacional —Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones— habían solicitado la medida y mostraron su satisfacción, aunque preferían que la cifra se acercase al 20%. Un respaldo mayoritario que, sin embargo, no contempla las asimetrías regionales: lo que es un alivio para Jaén o Córdoba puede ser una carga innecesaria para las pequeñas almazaras alicantinas o castellonenses.
El modelo valenciano: pequeño, local y con poco margen
El sector oleícola valenciano no tiene nada que ver con el modelo latifundista del sur. Aquí predominan las pequeñas cooperativas y almazaras locales, donde una parte importante del aceite producido se destina al autoconsumo de los propios socios. No son empresas con grandes depósitos frigoríficos ni flotas de camiones cisterna. Son estructuras familiares y colectivas que producen lo justo, y que ahora se ven obligadas a inmovilizar una parte de esa producción sin contar con la infraestructura para hacerlo.
"Muchas de nuestras almazaras no disponen de grandes instalaciones para almacenar el aceite que la medida obliga a inmovilizar. Esta obligación les supondrá nuevos gastos de almacenamiento, logística y alquiler de depósitos que acabarán pagando los agricultores", advirtió Barrachina. Una cadena de costes que, en márgenes ya estrechos, puede marcar la diferencia entre rentabilidad y pérdidas.
Hay además una paradoja que el conseller no pasó por alto: el almacenamiento obligatorio se aplica al aceite que declaren mensualmente las almazaras, en instalaciones propias o ajenas. Es decir, afecta a la producción local española, pero no al aceite importado de terceros países. Para Barrachina, eso equivale a castigar al productor propio mientras se deja abierta la puerta a la competencia exterior.
"No tiene ningún sentido cerrar la producción local de aceite mientras abres las puertas de par en par a la entrada de aceite de otros países" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
El trasvase Tajo-Segura, otro frente abierto
El aceite no fue el único tema sobre la mesa. Barrachina aprovechó las jornadas para alertar sobre la situación del trasvase Tajo-Segura, paralizado desde mediados de septiembre por dos roturas en sus infraestructuras. La interrupción ha dejado retenidos 65 hectómetros cúbicos de agua para riego ya autorizados, de los que aproximadamente 20 corresponden a la provincia de Alicante. Otros 20 hm³ adicionales quedan pendientes para el abastecimiento de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que también da servicio a municipios alicantinos.
Las cifras del impacto económico son elocuentes: cada hectómetro cúbico de agua del trasvase destinado al riego genera unos 4 millones de euros de riqueza y sostiene 86 empleos directos. En la Vega Baja y en los Riegos de Levante, seis de cada diez litros de agua de riego llegan por el trasvase. Solo en la Vega Baja, 25.000 hectáreas dependen de esa agua para sobrevivir. Cada día que el trasvase permanece cerrado es, en términos prácticos, dinero que no llega y empleos que se tambalean.
Una voz desde el campo citrícola
El escenario de estas declaraciones no fue casual. Las V Jornadas de Cítricos de ASAJA-Alicante son uno de los encuentros de referencia para el sector agrario valenciano, un espacio donde los productores, cooperativas y organizaciones profesionales ponen sobre la mesa los desafíos de la citricultura. Barrachina reconoció en su intervención el papel de ASAJA-Alicante como interlocutor ante las administraciones y subrayó la importancia estratégica del cultivo citrícola para la economía agraria de la región.
En el fondo, tanto el debate del aceite como el del trasvase apuntan a una misma cuestión: la dificultad de gobernar con normas uniformes un territorio tan diverso como el español. Lo que funciona como solución para las grandes llanuras olivareras del sur puede resultar un problema añadido para las pequeñas almazaras del Mediterráneo. La normativa contempla que la resolución pueda ser modificada a partir del 31 de diciembre de 2026 en función de la evolución real de la producción , lo que abre una ventana para que la petición valenciana encuentre respuesta antes de que el daño sea irreparable.