Cuando la tierra tembló en Venezuela el 24 de junio de 2026, no lo hizo una sola vez. Dos movimientos telúricos consecutivos —un fenómeno conocido como doblete sísmico— sacudieron el norte del país: el primero de magnitud 7,2 y el segundo, apenas 39 segundos después, de 7,5. El estado costero de La Guaira fue declarado zona de desastre, y se estima que el 29% de sus edificios sufrió daños. Hasta el momento se han reportado cerca de 3.889 fallecidos y más de 16.000 heridos. Ante semejante magnitud de destrucción, la Comunitat Valenciana ha activado su mayor respuesta humanitaria coordinada: casi un millón de euros canalizados a través del Comité Permanente de Acción Humanitaria y de Emergencia (CAHE) para financiar 16 proyectos de ayuda.
Una respuesta colectiva: administraciones que suman fuerzas
El CAHE, reunido con carácter de urgencia a iniciativa de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, aprobó las actuaciones tras analizar las solicitudes presentadas a la convocatoria de emergencia. La lógica es sencilla pero poderosa: aunar recursos de distintas administraciones para multiplicar el impacto. La Conselleria aportará un mínimo de 500.000 euros, a los que se sumarán las contribuciones de la Diputación de Alicante, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Castelló de la Plana y el Fons Valencià per la Solidaritat, hasta alcanzar esa cifra próxima al millón de euros.
El Comité reúne a las administraciones y entidades valencianas que destinan recursos a la acción humanitaria con el objetivo de coordinar actuaciones, sumar capacidades y mejorar la eficacia de las ayudas. No es un mecanismo improvisado: su razón de ser es precisamente responder con rapidez y eficiencia cuando llega una crisis como la de Venezuela.
38.000 personas, 16 proyectos, un objetivo común
Los 16 proyectos aprobados tienen un alcance concreto y ambicioso: atender a más de 38.000 personas afectadas mediante actuaciones de emergencia y recuperación temprana. Las intervenciones se concentrarán principalmente en Caracas y en el estado de La Guaira —el más castigado por los seísmos—, aunque también llegarán a Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y Valencia, territorios donde los terremotos provocaron daños en viviendas, infraestructuras y servicios esenciales.
Tras los fuertes sismos, miles de familias quedaron con daños en sus viviendas y enfrentan la escasez de alimentos, agua potable y suministros básicos. Por eso, una parte importante de los proyectos financiados se centrará precisamente en garantizar el acceso a alimentos, agua potable, saneamiento e higiene, a través de la distribución de productos básicos, kits familiares y sistemas de almacenamiento y potabilización de agua. Son necesidades que en condiciones normales se dan por descontadas, pero que en un escenario de emergencia marcan la diferencia entre la supervivencia y el colapso.
Los niños, prioridad dentro de la prioridad
La respuesta incluye también atención sanitaria y apoyo psicosocial para las personas afectadas, así como medidas específicas para los colectivos más vulnerables. La infancia y la adolescencia constituyen uno de los ámbitos prioritarios: varias de las iniciativas financiadas contemplan espacios seguros para niños y niñas, atención psicosocial, actividades educativas en contextos de emergencia y actuaciones orientadas a favorecer la continuidad de la escolarización. Los sismos pusieron a prueba un sistema de salud venezolano que ya atravesaba una larga crisis, con hospitales colapsados y salas improvisadas en pasillos e incluso en la calle. En ese contexto, garantizar que un niño pueda seguir aprendiendo o simplemente jugar en un espacio protegido no es un lujo: es parte esencial de la recuperación.
Los proyectos contemplan además medidas para mejorar las condiciones de alojamiento temporal de las familias desplazadas y apoyar la recuperación de viviendas y condiciones básicas de habitabilidad en las zonas afectadas. Una réplica registrada el 26 de junio causó daños adicionales a edificios en Caracas y el colapso del puente que conecta la parroquia de Caraballeda con el resto de La Guaira, interrumpiendo las labores de socorro. La rehabilitación del tejido residencial es, por tanto, una urgencia que no admite demora.
La respuesta valenciana llegó antes que esta convocatoria
La Comunitat Valenciana no esperó a que el CAHE se reuniera para actuar. Desde los primeros días posteriores a los terremotos, la Generalitat movilizó una intervención sanitaria de emergencia a través de Farmamundi, dotada con 30.000 euros, que permitió desplegar tres ambulatorios móviles y tres equipos médicos sobre el terreno. Además, se activó una ayuda de 60.000 euros a través de Cruz Roja para el envío y distribución de artículos de primera necesidad en las zonas damnificadas.
La respuesta valenciana incluyó también el desplazamiento de efectivos especializados en emergencias: personal del equipo de bomberos de la ONG IAE y un profesional sanitario valenciano integrado en el equipo START de la cooperación valenciana. Equipos de emergencia y organizaciones de asistencia han distribuido alimentos, medicinas y otros insumos esenciales mientras continúan las labores de rescate, evaluación de daños y atención a los damnificados.
La Generalitat ha difundido asimismo información sobre entidades acreditadas, canales seguros de donación y recomendaciones para facilitar la colaboración solidaria de la ciudadanía. En un escenario donde los venezolanos no solo sufren las consecuencias de la destrucción física, sino también la falta de coordinación gubernamental , la acción organizada desde el exterior cobra una relevancia que va mucho más allá de las cifras. Cerca de un millón de euros no reconstruyen un país, pero sí pueden devolver la normalidad a decenas de miles de personas que lo han perdido casi todo.