El campo valenciano tiene voz en Bruselas. Los directores generales de Industria y Cadena Agroalimentaria, Ernesto Fernández, y de Política Agraria Común (PAC), Ángel Marhuenda, han viajado a la capital europea para trasladar a las instituciones comunitarias las principales reivindicaciones del sector agrario de la Comunitat Valenciana de cara a la negociación de la futura PAC 2028-2034, el marco de ayudas agrícolas que definirá el futuro del campo europeo durante los próximos siete años.
La agenda de trabajo en Bruselas ha sido intensa. Los dos representantes de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca se han reunido con representantes de la Comisión Europea y de la Representación Permanente de España ante la UE (REPER), además de participar en los encuentros del Grupo de la Organización Común de Mercados (OCM) y de la Asamblea de Regiones Europeas Hortofrutícolas (AREFLH). Un maratón diplomático con un objetivo claro: que las decisiones que se tomen en los despachos europeos no den la espalda a la realidad de los agricultores valencianos.
El gran debate: ¿quién paga los programas de las organizaciones de productores?
Si hay una cuestión que concentra la mayor preocupación del sector hortofrutícola valenciano ante la reforma de la PAC, es la propuesta de introducir la cofinanciación nacional en los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH). Hoy, estas ayudas se financian íntegramente a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). El cambio que plantea la Comisión Europea obligaría a los Estados miembros a asumir al menos el 30% del gasto público subvencionable, según ha denunciado el propio sector.
La Generalitat Valenciana se opone frontalmente a este giro. España se opone a introducir nuevas obligaciones de cofinanciación nacional, al considerar que una mayor participación presupuestaria de cada Estado podría generar diferencias en el mercado comunitario. En esa misma línea, Ernesto Fernández ha advertido de que este cambio obligaría a los Estados miembros a asumir parte de la financiación de los programas operativos, lo que podría comprometer la capacidad de actuación de las organizaciones de productores. No es una posición aislada: la propuesta de cofinanciación ha sido rechazada por determinados Estados miembros y organizaciones del sector.
"Este cambio podría comprometer la capacidad de actuación de las organizaciones de productores" - Ernesto Fernández, director general de Industria y Cadena Agroalimentaria de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
Esta posición también se trasladó en el seno de la AREFLH, el organismo europeo que agrupa a las regiones hortofrutícolas y en el que la Comunitat Valenciana participa a través de su colegio de regiones. El mensaje fue unánime: el modelo actual de financiación comunitaria ha funcionado y no debe desmantelarse.
Rentabilidad, burocracia y el fantasma del abandono del campo
Más allá del debate sobre la financiación, los representantes valencianos han puesto sobre la mesa un diagnóstico más amplio y preocupante. En su reunión con María Gafo, jefa de unidad de Sostenibilidad Social y coordinadora de igualdad de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, han insistido en tres grandes desafíos: el riesgo real de abandono de la actividad agraria, las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder al sector y la necesidad de mejorar la rentabilidad de las explotaciones.
¿Quién va a cultivar la huerta valenciana dentro de veinte años si los costes de producción no paran de crecer y los precios no compensan el esfuerzo? Esa es, en el fondo, la pregunta que subyace a toda la negociación. Los directores generales han reclamado que la futura PAC reduzca las cargas administrativas, mantenga los instrumentos de apoyo a los sectores productivos y contemple las particularidades de la estructura productiva valenciana.
Un ejemplo concreto: Ángel Marhuenda ha pedido aplazar la obligatoriedad del registro electrónico de los tratamientos fitosanitarios —previsto para el 1 de enero de 2027— y establecer excepciones para las pequeñas explotaciones. El argumento es de sentido común: imponer el llamado "cuaderno electrónico" a agricultores de avanzada edad, con escasa familiaridad digital y explotaciones de tamaño reducido, puede suponer una barrera más que una ayuda. También ha reclamado que los criterios de aplicación de los pagos directos se adapten a la realidad valenciana.
A todo ello se suma la presión competitiva exterior. Durante los encuentros se abordaron factores como la competencia de las importaciones procedentes de terceros países, la escasez de materias activas para combatir plagas y enfermedades, y el aumento constante de las obligaciones burocráticas que soportan los agricultores.
El arroz valenciano, en la cuerda floja
La agenda en Bruselas también incluyó un capítulo dedicado específicamente al sector arrocero. Los representantes valencianos mantuvieron contactos con delegaciones de las regiones italianas de Piamonte y Emilia-Romaña —grandes productoras de arroz europeo, al igual que Valencia— con las que comparten problemas estructurales: explotaciones de dimensión reducida, titulares envejecidos, dificultades para el relevo generacional y tensiones en torno a la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficientes.
El sector arrocero afronta una caída de los precios hasta niveles que dificultan cubrir los propios costes de producción, una situación que amenaza la viabilidad de cultivos con un peso cultural y económico decisivo en territorios como la comarca de l'Albufera. En este contexto, la delegación valenciana participó en los debates sobre el proyecto de dictamen del Comité Europeo de las Regiones acerca del futuro del sector arrocero en Europa, un documento que plantea la necesidad de articular una estrategia común para hacer frente a los problemas que afectan a este cultivo.
El trasfondo de toda esta ofensiva diplomática valenciana en Bruselas es el momento crítico en que se encuentra la negociación. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han acordado su posición negociadora sobre la futura PAC para el periodo 2028-2034, con cambios en el sistema de ayudas para reforzar el apoyo a los agricultores en activo y facilitar el relevo generacional, aunque el acuerdo tiene carácter parcial porque excluye los aspectos presupuestarios , que deberán resolverse en la negociación del Marco Financiero Plurianual. Con tanto todavía por definir, hacer llegar la voz del campo valenciano a tiempo puede marcar la diferencia entre una PAC que proteja la huerta y una que la deje a su suerte.