“Si me habla valenciano, usted tiene que abandonar la consulta”. Estas son las palabras que el médico dijo en el Centro de Salud de Quart de Poblet a un paciente valencianohablante el pasado 27 de junio. La Plataforma por la Llengua, que ya ha denunciado los hechos, ha asegurado que el traumatólogo habría negado así a un usuario de sanidad pública el derecho a hablar su lengua.
Desde el Departamento de Salud de Manises, del cual depende el centro de salud, han asegurado a EFE que el médico fue contratado desde otra comunidad autónoma y que por ello desconocía la lengua. “A pesar de que le pidió amablemente que le hablara castellano, ambos iniciaron una discusión en el que tuvo que intervenir la Policía Local”, han asegurado.
El paciente, según su relato, acabó aceptando renunciar a hablar en valenciano y le dijo al doctor que le podía hablar en castellano. Sin embargo, y según el usuario, el doctor le continuó negando la asistencia sanitaria diciéndole que “ya no le iba a atender” y que se fuera de la consulta.
La ONG del valenciano ha asegurado que esta actitud de censura contra el uso del valenciano “contradice el uso normal y oficial de la lengua, de acuerdo con el marco legal existente reflejado en el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, que establecen que la ciudadanía tiene el derecho a expresarse en esta lengua sin que se produzca discriminación o una exigencia de traducción”. “De hecho, que el valenciano sea oficial significa también que la persona tiene derecho a recibir una respuesta en su lengua sin que esto le pueda suponer un peor servicio, y podría llegar a ser una responsabilidad penal no atender al usuario si corre peligro su estado de salud por esta situación”, han añadido.
Plataforma per la Llengua pedirá a la Consellería de Sanidad realizar un informe de los hechos e informar al personal del centro sobre la obligación respecto a su derecho legal de garantizar la expresión en valenciano de la ciudadanía. Además, presentará una reclamación al Servicio Igualdad para asesorar y orientar a las víctimas de delitos de odio, en los que se incluye los delitos de odio lingüísticos.