Más de una década después de que se fijaran las primeras reglas sobre cámaras de seguridad en los colegios públicos valencianos, la normativa que las regula ha quedado completamente renovada. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) una resolución que establece desde cero cómo deben instalarse, usarse y mantenerse los sistemas de videovigilancia en los centros educativos públicos de titularidad de la Generalitat. El objetivo es claro: garantizar la seguridad sin comprometer los derechos fundamentales de quienes conviven en esos espacios cada día.
Una normativa que llegaba con retraso
La regulación anterior databa de 2013, cuando el teléfono móvil con cámara aún no era omnipresente y el concepto de ciberseguridad apenas asomaba en la agenda educativa. La nueva resolución, procedente de la Dirección General de Centros Docentes, sustituye aquella normativa y la adapta al Reglamento General de Protección de Datos, a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y al Esquema Nacional de Seguridad, así como a la realidad organizativa y tecnológica actual de los centros. En doce años, el mundo ha cambiado lo suficiente como para que la brecha entre la norma vigente y la realidad se volviera insostenible.
Un centro educativo trata a diario con datos de personas especialmente protegidas, y eso eleva el listón. La videovigilancia en estos entornos debe apoyarse en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica de Protección de Datos, y la Agencia Española de Protección de Datos ha marcado criterios concretos para los colegios. La nueva normativa valenciana se alinea con ese marco estatal, pero lo desarrolla con un nivel de detalle hasta ahora inédito en la comunidad.
Las cámaras sí, pero no para todo
La regulación concibe la videovigilancia como una herramienta excepcional para prevenir incidentes en situaciones concretas y justificadas, y no como un sistema de vigilancia de las personas. Esta distinción, que puede parecer sutil, tiene consecuencias prácticas muy concretas. Los sistemas de videovigilancia solo podrán utilizarse con fines de seguridad, quedando expresamente excluidos otros usos como el control del rendimiento del alumnado o del personal docente en su actividad académica, así como cualquier finalidad comercial o publicitaria.
¿Dónde pueden estar, entonces, las cámaras? Se admite la videovigilancia en los puntos donde el riesgo lo justifica y la expectativa de privacidad es menor: accesos y entradas, el perímetro exterior, los patios en horario no lectivo, aparcamientos, almacenes y zonas donde se guarda material de valor. Lo que queda fuera es igual de revelador: la instalación no puede realizarse en todas las estancias del centro porque podría suponer una intromisión en la intimidad de las personas. Los sistemas de videovigilancia no podrán instalarse en aseos o vestuarios del alumnado ni en zonas de descanso de personal docente o de otros trabajadores.
La resolución valenciana va aún más lejos y prohíbe expresamente instalar cámaras en las aulas durante la docencia. Además, la grabación de audio queda prohibida con carácter general: una medida que va más allá de lo que muchos centros habían venido interpretando como permitido.
Menores de edad: la protección reforzada
La Ley Orgánica de Protección de Datos y el Reglamento General de Protección de Datos establecen requisitos específicos para la instalación de cámaras en espacios donde pueda haber menores. Con esa premisa como punto de partida, dado que la mayor parte del alumnado es menor de edad, la regulación incorpora criterios especialmente restrictivos. No es una cuestión menor: en un colegio, prácticamente cualquier imagen captada es, por definición, la imagen de un niño o una adolescente con derechos reforzados en materia de privacidad.
Ciberseguridad: las cámaras, desconectadas de internet
Uno de los aspectos más novedosos de la resolución es el que aborda la seguridad de los propios sistemas de grabación. En un contexto en el que los ciberataques a infraestructuras públicas se han multiplicado en los últimos años, la norma prohíbe conectar los sistemas de videovigilancia a las redes corporativas y a internet, exige que el mantenimiento sea presencial y obliga a aplicar el Esquema Nacional de Seguridad. El objetivo es proteger los datos personales y la integridad de los sistemas frente a accesos no autorizados. Una cámara conectada a la red es, potencialmente, una ventana abierta: la nueva regulación se propone cerrarla.
Procedimiento, modelos y seguridad jurídica para los equipos directivos
La instalación o regularización de cualquier sistema de videovigilancia deberá seguir un procedimiento reglado de autorización previa. Para evitar que cada centro interprete la norma a su manera, la resolución incluye modelos oficiales de cartelería informativa, memorias de idoneidad, análisis de riesgos y contratos de encargo del tratamiento de datos. Hay que informar de forma visible con la cartelería de zona videovigilada y tener disponible la información detallada sobre quién trata los datos y para qué.
La norma garantiza además que las personas afectadas puedan saber si han sido grabadas, acceder a sus imágenes y ejercer el resto de derechos que reconoce la normativa de protección de datos. En la práctica, esto significa que un alumno, un docente o cualquier persona que haya pasado por un centro público valenciano podrá solicitar si su imagen fue captada y, en su caso, pedir que se elimine.
La actualización de esta normativa no es solo un trámite burocrático. Es el reconocimiento de que la tecnología de vigilancia ha avanzado mucho más rápido que las reglas que la gobiernan, y de que los colegios —espacios de convivencia, formación y vida cotidiana— merecen un marco claro que proteja a quienes los habitan sin convertirlos en entornos de control. La pregunta que queda en el aire es si otras comunidades autónomas seguirán el mismo camino.