Hay suelo público sin usar, ayuntamientos con necesidades residenciales urgentes y promotores dispuestos a actuar. Lo que faltaba, según el Gobierno valenciano, era el marco legal adecuado. La nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana pretende ser precisamente ese engranaje que conecte las piezas y ponga en marcha la producción de vivienda protegida a una velocidad que el actual marco urbanístico no permitía. Así lo defendió el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ante urbanistas, técnicos, empresarios y académicos reunidos en Valencia.
Fernández intervino en la cuarta edición del Congreso de Urbanismo Productivo, organizado por el Departamento de Urbanismo de la Universitat Politècnica de València (UPV) bajo el título 'Ordenar el territorio: vivienda, resiliencia y necesidades de suelo en la Comunitat Valenciana'. Un foro que, durante dos jornadas, reunió a representantes institucionales, universitarios, empresariales y de la sociedad civil para analizar los retos territoriales del siglo XXI desde tres ángulos: la vivienda, el riesgo de inundación y las necesidades de suelo.
Una ley para desatascar el urbanismo
El diagnóstico que trazó Fernández no dejó demasiado margen a la duda: el sistema urbanístico valenciano actual arrastra obstáculos administrativos que frenan la construcción de vivienda asequible. La nueva norma, que sustituye al actual marco urbanístico para simplificar la tramitación, reducir la burocracia y reforzar la seguridad jurídica , busca revertir esa situación con instrumentos concretos.
"Permite superar los obstáculos administrativos y urbanísticos que dificultan la producción de vivienda, con un planeamiento más estratégico, procedimientos simplificados, instrumentos de gestión más flexibles y mecanismos para agilizar la intervención administrativa, además de reforzar las reservas destinadas a vivienda protegida" - Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana
Una de las apuestas más concretas de la nueva regulación tiene que ver con las reservas de suelo. El proyecto incluye instrumentos que permiten reservar el 50% del suelo residencial para vivienda protegida en los nuevos desarrollos. Entre sus principales novedades figura también la creación de una licencia básica para poder avanzar antes en determinados proyectos, especialmente los de vivienda, sin esperar a completar toda la documentación técnica.
No es un cambio menor. La ley sustituirá al actual Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, una regulación que ha experimentado sucesivas modificaciones desde 2014. Después de más de una década de remiendos sobre un marco jurídico envejecido, la apuesta del Consell es, esta vez, reescribir las reglas desde cero.
Los PHL: construir vivienda casi de inmediato
Junto a la Ley del Suelo, Fernández presentó otra herramienta pensada para actuar sin esperar: los Proyectos Habitacionales Locales (PHL). La idea es sencilla pero con un alto potencial: transformar suelo público infrautilizado —parcelas municipales, solares patrimoniales vacantes o suelos dotacionales sin uso efectivo— en nuevas promociones de vivienda protegida.
La clave está en la velocidad. Mientras una ley de estas dimensiones resuelve los problemas estructurales del urbanismo de forma gradual, los PHL están diseñados para ofrecer resultados a corto plazo.
"Mientras la Ley del Suelo resuelve problemas estructurales del urbanismo para los próximos años, los PHL permiten empezar a producir vivienda casi de forma inmediata aprovechando patrimonio público existente" - Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana
El secretario autonómico subrayó el potencial de estos proyectos especialmente en municipios donde la necesidad de vivienda es urgente y no puede esperar a que los grandes engranajes legislativos terminen de girar. En ese sentido, los PHL funcionarían como una solución de emergencia habitacional con base en el patrimonio que los propios ayuntamientos ya tienen.
Alquiler asequible, fiscalidad y construcción industrializada
El acceso a la vivienda no se resuelve solo con más suelo. Fernández amplió el foco durante su intervención para señalar otros frentes igualmente necesarios. Nuevas fórmulas de alquiler asequible, instrumentos financieros que faciliten el ahorro previo y la construcción industrializada como vía para mejorar la productividad del sector fueron algunos de los ámbitos que el secretario autonómico identificó como pendientes de desarrollo.
La fiscalidad también entró en el debate. Para Fernández, la política fiscal es un instrumento fundamental para facilitar el acceso a la vivienda, con especial atención a los jóvenes, un colectivo que en los últimos años ha visto cómo la combinación de precios disparados y salarios estancados ha convertido la emancipación en un horizonte cada vez más lejano.
La conclusión del secretario autonómico fue clara: ninguna medida aislada resolverá el problema. El acceso a la vivienda, insistió Fernández, "exige una estrategia integral que combine suelo disponible, seguridad jurídica, financiación, medidas fiscales que faciliten la promoción y el acceso". Una hoja de ruta que, en la práctica, implica que administraciones, sector privado y ayuntamientos tendrán que remar en la misma dirección. El reto no es solo normativo; es también político y económico, y la nueva Ley del Suelo es, por ahora, el primer paso de un camino que todavía tiene mucho trecho por delante.