La vivienda se ha convertido en el problema más urgente de la Comunitat Valenciana. No es una percepción: es aritmética pura. En 2025, la región acumuló un déficit de casi 29.000 viviendas respecto a los nuevos hogares creados, mientras su población crecía a once veces la velocidad a la que se levantaban inmuebles. Frente a ese escenario, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha apostado abiertamente por una alianza con el sector privado de la construcción como única salida viable.
Un desayuno con el sector para poner las cartas sobre la mesa
Camarero participó en un desayuno informativo organizado por la Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval), donde compartió mesa con su presidente, José Luis Santa Isabel, y con representantes del sector. Lejos de los grandes foros institucionales, el encuentro sirvió para algo más concreto: escuchar a quienes construyen y explicarles qué espera el Gobierno autonómico de ellos. La agenda incluyó las principales líneas de actuación de la Generalitat en materia de vivienda, la industrialización del sector, la innovación y la modernización de los procesos constructivos.
"La vivienda constituye uno de los grandes retos de esta legislatura y solo podremos afrontarlo con la colaboración entre las administraciones y el sector de la construcción" - Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana
El mensaje de fondo era claro: sin el concurso de la empresa privada, el Consell no puede resolver solo la emergencia habitacional. Las cifras respaldan esa lectura. En 2024, más de 40.000 personas esperaban acceder a una vivienda del parque público, una cifra inasumible para un patrimonio autonómico que apenas roza las 14.000 unidades. La lista de espera no hace sino crecer: más de 20.000 nuevas unidades de convivencia se apuntaron en 2025, evidenciando el grave problema habitacional que sufre la Comunitat.
El precio de años de "demonización" del sector
Camarero no eludió la autocrítica histórica. La consellera lamentó abiertamente lo que denominó una "demonización" del sector constructor durante años en la Comunitat Valenciana, una política que, a su juicio, ha tenido consecuencias directas y medibles. El diagnóstico es compartido por organismos independientes: el Banco de España ha advertido del elevado déficit habitacional en la región valenciana, una situación que está imposibilitando el acceso a la vivienda a muchos ciudadanos.
Los datos ilustran hasta qué punto la producción de vivienda ha quedado rezagada frente al crecimiento de la población. Solo en 2025, la Comunitat ganó cerca de 103.000 nuevos habitantes, mientras levantaba apenas 8.846 viviendas nuevas, una cifra claramente insuficiente que refleja un claro desfase. Un informe reciente del BBVA Research refleja que la obra nueva solo ha cubierto el 30% de los hogares creados entre 2021 y 2025 en la Comunitat Valenciana. Y las perspectivas a largo plazo no invitan al optimismo: de no corregirse esta situación, un informe elaborado por Cámara Valencia advierte de que Valencia arrastrará un déficit de 133.340 viviendas hasta 2030.
Un nuevo modelo: suelo, agilidad y seguridad jurídica
La respuesta del Consell pasa por lo que Camarero describió como un cambio de modelo. Los tres ejes son la colaboración público-privada, la agilización de los trámites administrativos y la movilización de suelo para construir donde más se necesita. La consellera subrayó la voluntad de ofrecer "un marco de estabilidad, diálogo y seguridad jurídica" que facilite la inversión privada, una demanda histórica de los promotores que siempre han señalado la incertidumbre regulatoria como uno de los principales frenos a la construcción. La escasez de oferta se debe, entre otros factores, a la falta de inversiones para desarrollar suelo y al aumento de los costes de construcción.
No se trata solo de construir más, sino de construir con más inteligencia. El encuentro con Fecoval también sirvió para explorar cómo la industrialización y la innovación pueden acelerar los plazos y abaratar los costes, dos variables que hoy actúan como cuello de botella en el mercado valenciano.
La batalla del IVA: una propuesta rechazada en Madrid
Camarero reservó parte de su intervención para una reivindicación que no es nueva pero que sigue sin respuesta: la reducción del IVA vinculado a la vivienda. La Generalitat trasladó esta propuesta al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y el Gobierno central no la ha atendido. Para la consellera, se trata de una medida que tendría un impacto directo en el precio final de los inmuebles, favoreciendo el acceso de jóvenes y familias. No es un argumento menor: el precio de venta del metro cuadrado en la ciudad de València ha aumentado un 134% durante la última década.
La pregunta que flota en el ambiente es si la colaboración público-privada, por sí sola, será suficiente para revertir décadas de infraproducción. La magnitud del reto — el déficit acumulado entre 2021 y 2025 en la Comunitat Valenciana se estima en torno a 142.000 viviendas — exige algo más que buenas intenciones y desayunos de trabajo. Pero para Camarero, la dirección está clara: sin empresas, sin vivienda; y sin vivienda asequible, sin futuro para muchos valencianos.