Más de 63.000 empleos directos, casi 10.000 millones de euros de facturación y 2.510 cooperativas repartidas por todo el territorio. El cooperativismo valenciano es, en cifras, uno de los motores silenciosos de la economía de la Comunitat. Y sin embargo, hasta ahora funcionaba con un instrumento administrativo que reclamaba una puesta al día urgente. El Pleno del Consell ha aprobado el nuevo reglamento del Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, un paso que la Generalitat describe como la culminación de una actualización esencial para el funcionamiento del sector.
Un registro adaptado al siglo XXI
El objetivo central de la norma es claro: poner el Registro de Cooperativas en sintonía con la era digital y con el marco legal vigente, en concreto con el Decreto del Consell de simplificación administrativa y transformación digital y con la Ley del procedimiento administrativo de las administraciones públicas. Dicho de otro modo, que los trámites que hoy siguen haciéndose en papel o de forma presencial puedan realizarse de manera telemática, con todas las garantías.
La aprobación del reglamento tiene consecuencias prácticas inmediatas para las cooperativas valencianas. El sector agrupa ya a 2.510 cooperativas y representa el 6,31% del PIB de la Comunitat Valenciana. Para todas ellas, el nuevo marco normativo traduce en derechos y obligaciones claramente definidos lo que antes era un terreno con más lagunas de las deseables. Más seguridad jurídica, menos incertidumbre. Eso, en el día a día de una cooperativa, no es un detalle menor.
El Registro, que actúa como un registro único con competencia en toda la comunidad autónoma, se estructura en una oficina central y tres oficinas territoriales con sede en València, Alicante y Castellón de la Plana. Su función principal es la calificación e inscripción de las entidades cooperativas valencianas y de los actos y negocios jurídicos que las afectan. Un organismo, en suma, que toca de cerca la vida de miles de personas: en la Comunitat Valenciana hay 2,7 millones de personas que son socias, al menos, de una cooperativa, lo que representa más de la mitad de la población.
Más de dos años y medio escuchando al sector
¿Puede una norma administrativa ser participativa? En este caso, sí. Uno de los aspectos más llamativos del proceso es precisamente el tiempo y el esfuerzo dedicados a la consulta previa. La elaboración del reglamento se extendió durante más de dos años y medio, con la intervención de múltiples actores: el Consejo Valenciano del Cooperativismo —máximo órgano institucional de representación del sector, que emitió dictamen favorable—, la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, el Colegio Notarial, el Colegio de Registradores y distintos departamentos de la Generalitat, entre otros operadores jurídicos especializados.
No es habitual que una norma reglamentaria de este tipo acumule tantas rondas de consulta antes de ver la luz. El resultado, al menos sobre el papel, es una regulación que aspira a equilibrar las necesidades de la Administración con las del propio movimiento cooperativo. Un texto construido desde dentro del sector, no impuesto desde fuera.
Un sector con peso real en la economía valenciana
El contexto en el que llega este reglamento no es trivial. Las cooperativas valencianas alcanzaron un total de 63.105 empleos directos en 2025 y generaron ventas por valor de 9.843 millones de euros, que representan el 6,31% del PIB de la Comunitat Valenciana. Son cifras que hablan de un modelo económico que, lejos de ser residual, vertebra territorios, sostiene empleo estable y actúa como amortiguador en épocas de crisis.
El 61,42% del empleo en cooperativas valencianas lo ocupan mujeres, un registro que supera la media estatal y que avala el potencial del sector para reducir la brecha de género. Un dato que añade otra dimensión al debate: no solo es un motor económico, sino también un instrumento de equidad.
El peso del cooperativismo valenciano va más allá de la agricultura, aunque las cooperativas agroalimentarias sean quizás las más visibles. El cooperativismo de enseñanza de la Comunitat destaca como foco de innovación pedagógica y constituye el principal agente de la enseñanza laica concertada, con más de un centenar de escuelas cooperativas en las que cursan sus estudios 25.000 alumnos. Y en el ámbito financiero, las cooperativas de crédito son prácticamente las únicas supervivientes del sistema financiero con capital valenciano, y la mitad de todas las cooperativas de crédito que hay en España tienen su sede en la Comunitat: 30 de 61.
Más de 10 millones de euros presupuestados para el cooperativismo en 2026
La aprobación de este reglamento no llega sola. La Generalitat ha destinado en los Presupuestos de 2026 más de 10 millones de euros para apoyar la actividad, el crecimiento, la innovación y la modernización del cooperativismo valenciano. Una inversión que, sumada al nuevo marco regulatorio, dibuja una apuesta sostenida por un modelo que, en la Comunitat Valenciana, tiene raíces profundas y, al parecer, voluntad institucional de seguir creciendo.
Un registro más ágil, más seguro y plenamente digital es, en definitiva, lo que promete el nuevo reglamento. Para un sector que genera riqueza, empleo y cohesión social a partes iguales, la calidad del entorno administrativo en el que opera no es burocracia por la burocracia: es la diferencia entre crecer con seguridad o hacerlo a pesar de las trabas. Esa es, quizás, la mejor manera de entender por qué este reglamento importa más allá de sus páginas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.